Polémica resolución
Advierte Garrido que habrá más impunidad
Protestó por el límite a su función
Advierte Garrido que habrá más impunidad
Protestó por el límite a su función
Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION - Sábado 08.11.2008
El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, está convencido de que la Argentina es un país que ofrece "impunidad" a los corruptos y advierte que la reciente resolución del procurador general, Esteban Righi, que le limitó sus atribuciones, es "del tipo de interpretaciones que favorecen a aquellos que se dice que son invulnerables para el sistema penal: los poderosos".
La polémica decisión de Righi hace una lectura restrictiva de las facultades que la ley otorga a Garrido para intervenir en las causas por delitos de funcionarios públicos y las acota al máximo.
"Esta resolución favorece a todos los acusados en causas que fueron promovidas por la fiscalía y en las que la fiscalía ha intervenido, que son funcionarios poderosos", advirtió ayer Garrido.
Durante los cinco años que estuvo al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), impulsó el avance de la mayoría de los expedientes por presuntos hechos de corrupción en la era kirchnerista. Denunció la manipulación de los índices del Indec, investigó las supuestas coimas de Skans- ka y hasta pidió que Néstor Kirchner diera explicaciones por su millonario incremento patrimonial.
"El tipo de litigio aguerrido que viene sosteniendo la fiscalía puede haber incomodado a los imputados", dijo ayer Garrido en una entrevista con LA NACION. Y anticipó que acatará lo resuelto por Righi, con la esperanza de que una ley del Congreso le devuelva el terreno que había ganado.
La polémica decisión de Righi hace una lectura restrictiva de las facultades que la ley otorga a Garrido para intervenir en las causas por delitos de funcionarios públicos y las acota al máximo.
"Esta resolución favorece a todos los acusados en causas que fueron promovidas por la fiscalía y en las que la fiscalía ha intervenido, que son funcionarios poderosos", advirtió ayer Garrido.
Durante los cinco años que estuvo al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), impulsó el avance de la mayoría de los expedientes por presuntos hechos de corrupción en la era kirchnerista. Denunció la manipulación de los índices del Indec, investigó las supuestas coimas de Skans- ka y hasta pidió que Néstor Kirchner diera explicaciones por su millonario incremento patrimonial.
"El tipo de litigio aguerrido que viene sosteniendo la fiscalía puede haber incomodado a los imputados", dijo ayer Garrido en una entrevista con LA NACION. Y anticipó que acatará lo resuelto por Righi, con la esperanza de que una ley del Congreso le devuelva el terreno que había ganado.
¿Por qué cree que Righi tomó esta decisión sobre sus tareas?
-El procurador tenía que tomar una decisión. Le planteamos la necesidad de que esclareciera la interpretación de la ley porque había jueces que admitían la intervención de la fiscalía y otros que no. Lo mismo pasaba con los fiscales: algunos aceptaban y promovían nuestra intervención y otros no, como el fiscal de cámara Moldes, que pedía que no se tuvieran en cuenta mis presentaciones e incluso que se sacaran mis escritos de los expedientes. Había que adoptar un criterio.
-¿Por qué cree que Righi adoptó el más restrictivo?
-Habrá que preguntarle a él.
-¿Cree que el Gobierno está detrás de esto?
-Yo no tengo ningún elemento serio para suponer eso. Los fundamentos de las normas y sus interpretaciones, así como los intereses que subyacen a las decisiones, están fuera de lo que yo estoy facultado para hacer.
-¿Qué va a pasar con la FIA?
-Se va a ajustar a lo resuelto. Tenemos investigaciones importantes en curso y las seguiremos, de acuerdo con lo establecido por el procurador, dejando sentado nuestro criterio. Y ejerceremos la acción penal subsidiaria en los casos denunciados por la fiscalía, que son un porcentaje insignificante porque, por lo general, los casos importantes son denunciados por denunciantes profesionales o por los propios imputados. Eso se va a acentuar porque, obviamente, ahora van a mandar a alguien a denunciar de manera de neutralizar a futuro a la FIA. Además, la fiscalía promoverá los sumarios administrativos que deba promover. Pero los funcionarios superiores de la administración pública no están sometidos a sumarios administrativos.
-¿A quién beneficia esto?
-A todos los que estén imputados en causas que fueron promovidas por la fiscalía y en las que la fiscalía ha intervenido, que son funcionarios poderosos. Este tipo de interpretaciones, restrictivas en materia de funcionamiento de organismos de control, favorece a aquellos que se dice que son invulnerables para el sistema penal. Esto refuerza lo que la gente ve cotidianamente. Los ricos y los poderosos no responden jamás.
-¿Cree que hay impunidad?
-No lo creo yo; las cifras lo demuestran.
-¿Cómo ve la actitud de jueces y fiscales frente a estas causas de alto voltaje político?
-No soy yo quien tiene que evaluar la responsabilidad de los jueces ni de mis colegas.
-¿Cuáles cree que son las causas que usted impulsó que más irritaron al poder?
-No hablaría de poder. Me imagino que en diferentes causas las intervenciones de la FIA pueden haber incomodado a los imputados, que debieron esforzarse más frente a un tipo de litigio aguerrido que viene sosteniendo la fiscalía.
-¿Puede reverse la resolución?
-Es el Congreso el que tiene que evaluar si ésta es la forma adecuada de investigar y perseguir la corrupción. Tal como se va a aplicar ahora, la ley no satisface los estándares de la convención de la ONU sobre corrupción, que tienen un rango por encima de la ley. Las convenciones internacionales imponen a la Argentina tener órganos especializados, como la FIA, y dicen que esos órganos deben tener las competencias suficientes.
-En noviembre de 2003, cuando asumió, usted sostuvo que el gobierno de Néstor Kirchner mostraba una mayor intención de combatir la corrupción que los anteriores. ¿Lo sigue pensando?
-En 2003, el gobierno que encabezaba el doctor Kirchner promovió la remoción de los jueces de la Corte Suprema, que conformaban una mayoría automática nefasta, y luego promovió el decreto de acceso a la información y el de elaboración participada de normas. Además, creó una subsecretaría, que sigue a cargo de Marta Oyhanarte, que tiene un rol esencial. Creo que esas iniciativas representaron un avance. Pero desde 2003 las medidas que se han adoptado no han sido sustanciales en materia de corrupción.
-El procurador tenía que tomar una decisión. Le planteamos la necesidad de que esclareciera la interpretación de la ley porque había jueces que admitían la intervención de la fiscalía y otros que no. Lo mismo pasaba con los fiscales: algunos aceptaban y promovían nuestra intervención y otros no, como el fiscal de cámara Moldes, que pedía que no se tuvieran en cuenta mis presentaciones e incluso que se sacaran mis escritos de los expedientes. Había que adoptar un criterio.
-¿Por qué cree que Righi adoptó el más restrictivo?
-Habrá que preguntarle a él.
-¿Cree que el Gobierno está detrás de esto?
-Yo no tengo ningún elemento serio para suponer eso. Los fundamentos de las normas y sus interpretaciones, así como los intereses que subyacen a las decisiones, están fuera de lo que yo estoy facultado para hacer.
-¿Qué va a pasar con la FIA?
-Se va a ajustar a lo resuelto. Tenemos investigaciones importantes en curso y las seguiremos, de acuerdo con lo establecido por el procurador, dejando sentado nuestro criterio. Y ejerceremos la acción penal subsidiaria en los casos denunciados por la fiscalía, que son un porcentaje insignificante porque, por lo general, los casos importantes son denunciados por denunciantes profesionales o por los propios imputados. Eso se va a acentuar porque, obviamente, ahora van a mandar a alguien a denunciar de manera de neutralizar a futuro a la FIA. Además, la fiscalía promoverá los sumarios administrativos que deba promover. Pero los funcionarios superiores de la administración pública no están sometidos a sumarios administrativos.
-¿A quién beneficia esto?
-A todos los que estén imputados en causas que fueron promovidas por la fiscalía y en las que la fiscalía ha intervenido, que son funcionarios poderosos. Este tipo de interpretaciones, restrictivas en materia de funcionamiento de organismos de control, favorece a aquellos que se dice que son invulnerables para el sistema penal. Esto refuerza lo que la gente ve cotidianamente. Los ricos y los poderosos no responden jamás.
-¿Cree que hay impunidad?
-No lo creo yo; las cifras lo demuestran.
-¿Cómo ve la actitud de jueces y fiscales frente a estas causas de alto voltaje político?
-No soy yo quien tiene que evaluar la responsabilidad de los jueces ni de mis colegas.
-¿Cuáles cree que son las causas que usted impulsó que más irritaron al poder?
-No hablaría de poder. Me imagino que en diferentes causas las intervenciones de la FIA pueden haber incomodado a los imputados, que debieron esforzarse más frente a un tipo de litigio aguerrido que viene sosteniendo la fiscalía.
-¿Puede reverse la resolución?
-Es el Congreso el que tiene que evaluar si ésta es la forma adecuada de investigar y perseguir la corrupción. Tal como se va a aplicar ahora, la ley no satisface los estándares de la convención de la ONU sobre corrupción, que tienen un rango por encima de la ley. Las convenciones internacionales imponen a la Argentina tener órganos especializados, como la FIA, y dicen que esos órganos deben tener las competencias suficientes.
-En noviembre de 2003, cuando asumió, usted sostuvo que el gobierno de Néstor Kirchner mostraba una mayor intención de combatir la corrupción que los anteriores. ¿Lo sigue pensando?
-En 2003, el gobierno que encabezaba el doctor Kirchner promovió la remoción de los jueces de la Corte Suprema, que conformaban una mayoría automática nefasta, y luego promovió el decreto de acceso a la información y el de elaboración participada de normas. Además, creó una subsecretaría, que sigue a cargo de Marta Oyhanarte, que tiene un rol esencial. Creo que esas iniciativas representaron un avance. Pero desde 2003 las medidas que se han adoptado no han sido sustanciales en materia de corrupción.
Las investigaciones afectadas
La publicidad de Albistur: Garrido denunció al secretario de Medios por el presunto reparto discrecional de la publicidad oficial. Ahora sólo podrá intervenir si el fiscal del caso decidiera no seguir adelante.
Los aeropuertos: debido a supuestas irregularidades, detectadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, la fiscalía se opuso a la prórroga del contrato de concesión a AA2000. Por este caso, se resolvió limitarle las facultades.
El patrimonio de Kirchner: apeló el sobreseimiento pedido por el fiscal de la causa en la que se investiga cómo hizo el ex presidente para multiplicar sus bienes en los últimos cinco años.
Skanska: Garrido se opuso a que se declararan nulas las grabaciones sobre las coimas. No podrá volver a intervenir.
El Indec: ya no podrá pedirle más medidas al juez que investiga la manipulación de estadísticas. Garrido había pedido la indagatoria de Moreno.
Los aeropuertos: debido a supuestas irregularidades, detectadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, la fiscalía se opuso a la prórroga del contrato de concesión a AA2000. Por este caso, se resolvió limitarle las facultades.
El patrimonio de Kirchner: apeló el sobreseimiento pedido por el fiscal de la causa en la que se investiga cómo hizo el ex presidente para multiplicar sus bienes en los últimos cinco años.
Skanska: Garrido se opuso a que se declararan nulas las grabaciones sobre las coimas. No podrá volver a intervenir.
El Indec: ya no podrá pedirle más medidas al juez que investiga la manipulación de estadísticas. Garrido había pedido la indagatoria de Moreno.
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