Cuando creímos que todas las “víctimas”, (las desaparecidas y las aparecidas) habían sido indemnizadas; cuando los Jefes Militares y Terroristas habían sido condenados e indultados; cuando todo estaba listo para sellar el pasado y seguir adelante, se sanciona, en 1998, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Fue incorporado al ordenamiento legal argentino, mediante la Ley 26200 con jerarquía constitucional, publicada el 9 de enero de 2007.
Desde entonces, supuestos crímenes -que en el extremo caso de poder ser probados se hallan prescriptos- resucitaron. Resucitaron según la visión parcializada de los mal llamados organismos defensores de los Derechos Humanos porque el mismo Estatuto de Roma dice en su artículo 24 “Irretroactividad ratione personae. 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.”.
El Estatuto de Roma tipifica el delito de lesa humanidad desde su entrada en vigencia (9 de enero de 2007) en adelante. No existen delitos de lesa humanidad en nuestro país anteriores a esa fecha.
La parcialidad comenzó a revisar las condenas a militares y volvió a llevarlos a juicio. En algunos casos como el emblemático Martínez de Hoz, que había sido absuelto por la Justicia es vuelto a enjuiciar, lo que significa un doble juzgamiento prohibido por nuestra Constitución, por el Estatuto de Roma y todos los Tratados y Convenios firmados por la Argentina con el extranjero.
También fueron perseguidos crímenes que ya habían sido indultados y en otros casos, comenzaron a juzgarse NUEVOS CRIMENES que nunca antes habían sido denunciados en los más de treinta años transcurridos, como el del caso de Luis Abelardo Patti. Algún secuestrado o torturado, despertó una mañana casi cuarenta años después y, simplemente, recordó e hizo la denuncia. Todo ello en el marco del delito de lesa humanidad, que no puede aplicarse retroactivamente.
Comenzaron los juicios.
Los nuevos juicios lanzaron al mundo víctimas como Jorge Julio López, quien había “olvidado” sus torturas y sus victimarios, pero que fue recordando, poco a poco, gracias al ingente trabajo de profesionales que lo “ayudaron” a recordar.
Un hecho casi desapercibido lo configuran los embargos millonarios sobre el patrimonio de los acusados.
Por ejemplo, en el caso de Pablo Eduardo García Velasco, el procesamiento fue acompañado por un embargo sobre su patrimonio de 710 millones de pesos.
En el caso del Tigre Acosta la suma es más modesta, llega a 97 millones. Para Alfredo Astíz es de 93 millones y el resto de los embargos de la megacausa ESMA, van entre los 40 a 500 millones de dólares, llegando a la suma de 1000 en total. Según lo que las Madres de Plaza de Mayo, línea Fundadora han publicado en su página de Internet, el monto total del embargo de bienes de los militares involucrados en la megacausa ESMA asciende a 7139 millones.
En el caso del suboficial retirado Carlos Gaitán, fue embargado por 163 millones de dólares, suma a la que llegó el Juez Torres, multiplicando por de 257 mil, cada una de las 635 violaciones a los derechos humanos.
Luciano Benjamín Menéndez fue embargado -sólo por delitos cometidos en San Luis- por la suma de tres millones de pesos. Los perseguidos a este ex-militar en la provincia de San Juan, llegan a treinta millones de pesos.
Estos montos parecerían simbólicos, como aquellos fallos extranjeros en los que a una persona se la condena a 1000 años de prisión. Los militares involucrados no tienen solvencia para afrontar semejantes indemnizaciones.
La ciudadanía ha tratado con indiferencia los nuevos juicios a militares y policías por la represión. Un creciente fastidio por cuestiones del pasado abandona a los militares y policías a su suerte, en las garras de sus “víctimas”.
Cuál será la reacción de esa ciudadanía si descubre que estos nuevos juicios millonarios serán pagados por ella misma con sus impuestos?
El crimen de lesa humanidad, por definición, involucra al Estado. Hasta el cansancio, los mal llamados organismos defensores de los Derechos Humanos han diferenciado el delito de lesa humanidad del terrorismo; el de lesa humanidad sólo podría realizarse desde el Estado. Alguna opinión de la Corte Suprema de Justicia ha apoyado esta postura.
El crimen de lesa humanidad se produce con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado o de alguna organización guerrillera. Un Estado cómplice, que como todo cómplice es solidariamente responsable por el pago de indemnizaciones. Repito: EL ESTADO ARGENTINO ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE DE LAS INDEMNIZACIONES MILLONARIAS DE LOS NUEVOS JUICIOS.
Esto es lo que las organizaciones de derechos humanos no le explican a la ciudadanía. Sólo se habla de embargos sobre el patrimonio de los acusados, no de la responsabilidad última del Estado.
En este momento hay alrededor de 865 militares, policías y civiles en proceso por delitos de lesa humanidad, dice Eduardo Luis Duhalde que faltan otros 1050. Si multiplicamos los ya detenidos (865) por -un promedio por cabeza - de cincuenta millones de dólares (suma bastante conservadora), superamos los U$S 43.250.000.000 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES.
La cuenta es tentativa porque estamos hablando de embargos y no de condenas; no sabemos a cuánto ascenderán las indemnizaciones y costas en las condenas pero, en cualquier caso, éstas serán pagadas por el Estado.
La ciudadanía todavía no ha podido acceder a las listas de las personas que recibieron indemnizaciones del Estado por haber estado “desaparecidas” o por tener un familiar “desaparecido”. Tampoco ha podido conocer el monto de dinero que les fue pagado.
No podría ser que alguna de estas personas ya hubiese sido indemnizada y vuelva a reclamarle al Estado?
La falta de transparencia, el manejo espurio de la Justicia cuando no, directamente, el prevaricato, está destrozando vidas y mortificando por encima de lo legal a los militares y policías acusados pero, también, están exponiendo al Estado a un saqueo intolerable.
Con menos de la cuarta parte de lo que está en juego, los jubilados podrían cobrar el 82% móvil al que tienen derecho. Hambrearlos sí es un delito de lesa humanidad y el Estatuto de Roma, ya se encuentra vigente.
Dra. Andrea Palomas Alarcón
5 comentarios:
Para aclarar: por lo menos en cordoba no se les aplia embargo alguno a ninguno e los acusados por delitos de lesa humanidad. Hasta donde yo recuerdo en ninguno de las condenas que se han dictado, se les hizo efretivo embargo alguno y en ninguno de los fallos de cordoba, se ha obligado a los responsables a pagar plata alguna. Ni al estado (ni siquiera las costas) ni a las victimas o sus familiares. Tampoco sucedio esto en otros juicios como el de Bignone, el primero de todos, el del turco julian, ni a Von Wernich, ni a Etchecolatz. No se en que quedaran los embargos aplicados en causa ESMA, solo se que en ninguno de los casos juzgados las familias de las victimas o las victimas han pedido en sus alegatos acusatorios, plata alguna.
Los va a pagar el Estado... la respuesta es obvia...
No lo paga el estado, los pagamos TODOS los argentinos. Hasta a la Jueza de la Corte Suprema de Justicia Doña Carmen Argibay, cobró una tonelada de guita por figurar como desaparecia en el informe de la Conadep... y después aparece en el más alto tribunal del estado y al ser consultado ¿si había devuelto el dinero, ahora que había re-aparecido) Contesto, muy suelta de cuerpo: lo estoy pensando... SOMO UNO BOLUDO SOMO!
VAMOS ARGENTINA TODAVIAAAA!!!!
Vamos a continuar con el PIEDRA LIBRE para los TERORISTAS escondidos en la sociedad:
1. Rodolfo Francisco Sofanor Novillo Rabellini. Montonero. Bv Los Granaderos y Rodríguez del Busto. Cba
2. Salomón Gerchunof. PCR. Calle 12 Nº 40bº Parque Vez Sarsfield. Cba
3. Héctor Raúl González- PCR- Abogado. Duarte Quiroz 543.3º B. Cba
4. María Celeste De Lourdes Seydell-Brigadas Rojas. Bº Arguello. Cba
5. Miguel Ángel Pozzo- Brigadas Rojas. Av. Argentina esquina 52. Bº Arguello. Cba
Mayor Información Expte 9481- Pérez Esquivel Adolfo- Dra. María Elba Martínez- Juzgado Federal Nº 3 Cba. Colaboró La Dra. María Laura Vaso Queirolo de la Fiscalía Nº 3.
Pero continuaremos aportado nombres para que sean reconocidos por sus vecinos, parientes y amigos. Manga de cipayos!
No Los va a pagar, ya que, el enbargo es contra los marineros, no contra el estado argentino. Ademas habria que decir que Menedez si tiene como para afrontar un embargo de 3 millones de pesos. Mas alla de eso, la nota, solo en ese punto, es lara, son embargos simbolicos.
"La cuenta es tentativa porque estamos hablando de embargos y no de condenas; no sabemos a cuánto ascenderán las indemnizaciones y costas en las condenas pero, en cualquier caso, éstas serán pagadas por el Estado" esa es una afirmacion temeraria porque al no haber victmas que reclamen reparaion por parte de los autores materiales, el estado se estaria auto indemnizando..digo, la justicia es parte del estado
"La ciudadanía todavía no ha podido acceder a las listas de las personas que recibieron indemnizaciones del Estado por haber estado “desaparecidas” o por tener un familiar “desaparecido”. Tampoco ha podido conocer el monto de dinero que les fue pagado." Falso, ademas de que está publicado quien cobro y quien (de hecho algunos blogs amigos de este cada tanto tiran algun dato de esto) todos saben el monto de la indemnizacion porque el decreto de Menem fué publiado (como todo decreto) que el monto a cobrar por victima es de 350mil pesos. Y se paga por persona secuestrada, no por familiar, aclaro porque conozco el paño. Y la plata de las indemnizaciones en un 80% no la puso el estado argentino. Fué la ONU, la que con la resolucion que obligaba al estado argentino a reparar a las victimas, la que puso gran parte de la tarasca. Como gobernaba el turco, este no dejo pasar la oportunidad de quedarse con algo y bonifico este dinero. La mayoria de las familias que cobraron, terminaron percibiendo entre un 50 y un 60% del valor total.
De hecho lo que los ciudadanos estamos esperando son las listas de secuestrados qu tengan en su poder las FFAA al dia de la fecha, espacialmente la lista de niños entregados a otras familias. Y a que familias fueron entregados.
"No podría ser que alguna de estas personas ya hubiese sido indemnizada y vuelva a reclamarle al Estado?" No, la ley es clara, las personas indemnizadas al firmar declinan cualquier reclamo indemnisatorio a futuro contra el estado (no contra terceros) pero si contra el estado.
He dicho (como veran vengo afilado con la data)
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