RIO NEGRO - NFORME ESPECIAL - ALICIA MILLER
¿Existió o no un centro de detención ilegal en la comisaría de Cipolletti?
La búsqueda de la verdad sobre la represión ilegal en la Argentina es una tarea que lleva más de 30 años y ha demandado esfuerzos inmensos por parte de víctimas y de personas interesadas en que el país salde finalmente en la Justicia su pasado más oscuro.
Tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se abrieron causas judiciales por presuntas violaciones a los derechos humanos en la región, que se han ido concentrando en el Juzgado Federal de Neuquén y –en menor medida– en el de Viedma.
Lo particular, en el caso del Alto Valle, es la aparición –más de treinta años después– de nuevas denuncias por parte de personas que nunca se habían presentado como víctimas de la represión ilegal.
Y son precisamente los testimonios de esas nuevas víctimas los que introdujeron en la causa imputaciones sobre tormentos y detenciones ilegales en la Comisaría de Cipolletti. Esto llevó a la fiscal María Cristina Beute, en la acusación que efectuó en 2009, a calificar a esa dependencia como "centro clandestino de detención y torturas", la misma categoría que ostentan la delegación de la Policía Federal de Neuquén y "La Escuelita", la tétrica edificación ubicada en el predio del Batallón de Neuquén en la que fueron torturados Enrique Teixido, Rubén Ríos, Carlos Kristensen y otros detenidos, varios aún desaparecidos.
Hasta 2008, todas las investigaciones realizadas por la Justicia, comisiones especiales u organismos de Derechos Humanos indicaban que no funcionó en el Alto Valle de Río Negro un centro de detención ilegal y tortura, y que el rol de la Policía provincial en aquella época oscura fue la de mero auxiliar, totalmente subordinado al Ejército, y en tareas menores tales como ubicar el domicilio de alguna persona buscada por esa fuerza militar.
Ninguna de las víctimas detenidas en el Valle de Río Negro que declararon desde 1983 y hasta 2007 dijo haber sido torturada en la comisaría de Cipolletti. Todas ellas manifestaron haber sido detenidas, trasladadas a esa dependencia policial donde permanecieron entre uno y cuatro días, y llevadas luego al Batallón neuquino o a la Delegación de la Policía Federal de esa ciudad donde sí fueron sometidas a tormentos e interrogatorios crueles.
En esto coinciden Pedro Justo Rodríguez, Roberto Blanco, Rubén Ríos, Luis Genga, Carlos Kristensen y José Antonio Giménez, entre otros. Todos ellos declararon haber visto al resto –lo que aporta solidez a sus testimonios– e incluso vieron a quienes nunca aparecieron con vida.
El relato de esas víctimas no difiere en lo esencial de lo relatado en el expediente por los policías rionegrinos –-un par de ellos presos desde hace casi dos años–, que insisten en que eran los militares los que mandaban en la Comisaría de Cipolletti. Agregan que, institucionalmente, la Policía rionegrina no estaba compenetrada con la represión ilegal, como lo prueba que un año antes, en 1975, se había acuartelado contra las órdenes ilegales del jefe Benigno Ardanaz, por lo cual varios jefes fueron sancionados. Aseguran que físicamente no había ninguna posibilidad de que allí se aplicaran tormentos debido a que el edificio estaba –está aún– en pleno centro de la ciudad, donde cualquier vecino, transeúnte o denunciante hubiera escuchado gritos y ruidos. Mucho menos en el patio, puesto que en los fondos funcionaba la Proveeduría Policial y, pared por medio, estaban el Colegio Manuel Belgrano y la librería y casa particular de la familia del padre Kossman. Enfrente estaba el Banco Nación, un edificio de dos pisos en cuyas plantas superiores vivían las familias del gerente y del subgerente.
Además, aun en los casos certificados de torturas aplicadas en la región, siempre se aludió a que los encargados de tal tarea fueron oficiales de Inteligencia del Ejército en La Escuelita o oficiales en la delegación de la Policía Federal de Neuquén. Nunca soldados o policías de baja graduación, como dijeron estas nuevas víctimas.
Son Raúl Sotto, Ricardo Novero, Oscar Contreras y cuatro de los hermanos Pailos los únicos que dicen haber sido sometidos a largas detenciones y a tormentos en la Comisaría de Cipolletti, involucrando en ello a los oficiales Oscar Del Magro, Julio Villalobo, Saturnino Martínez y Miguel Ángel Quiñones. Incluso la situación del oficial subayudante Quiñones –quien por desempeñarse en Informaciones tuvo más relación con el Ejército y acompañó a los uniformados en algunos operativos de detención– resulta en las declaraciones de estas nuevas víctimas muy agravada respecto de las imputaciones que pesaban sobre él hasta 2008. Como responsable –si bien nadie lo sindica en tormentos– las imputaciones afectan también a quien era comisario de Cipolletti, Alberto Camarelli, preso desde hace once meses en la U-5 de Roca.
Lo llamativo es que ninguna de las otras víctimas que pasaron en aquellos días por la comisaría de Cipolletti dice haber visto a Sotto, a Novero, a Contreras ni a ninguno de los Pailos. Incluso hay notables incongruencias entre las declaraciones de los nuevos denunciantes entre sí. Y, mucho más, si se las compara con aquellas personas que en reiteradas declaraciones durante 30 años describieron sin variar ni un detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron privados de su libertad y torturados.
Bajo control militar
Ni bien se produjo el golpe de Estado, la comisaría de Cipolletti fue intervenida por el Ejército con sede en Neuquén, y su titular –el comisario Alberto Camarelli– desplazado de su rol de mando, mientras todo lo relacionado con la denominada lucha contra la subversión quedaba a cargo del teniente primero de Ejército Luis Vitón.
El abogado Mario Cáccamo exhibe pruebas de que Camarelli acababa de obtener su título de licenciado en Criminalística en la facultad de Derecho de la UBA y estaba asignado a Cipolletti desde principios de ese fatídico 1976. Nunca recibió instrucción policial ni militar. Vivía con su familia –mujer docente y sus hijos– en el primer piso de la Comisaría. Del golpe de Estado se enteró esa noche de madrugada, por la irrupción intempestiva de unos 60 militares. Oyó el tumulto, bajó por la escalera que conectaba la casa con su despacho y sufrió el maltrato de Vitón como el resto de los policías que, durante el mes y medio que duró la ocupación militar, fueron relegados a los fondos de la unidad donde debieron realizar la tarea de prevención y administrativa. Como paradoja, cuentan que al suboficial Del Magro los militares le impidieron ingresar a la comisaría, porque acudió de civil y sin llevar la credencial.
Al día siguiente, un radiograma del jefe de la Regional II de Policía, inspector general Norberto "Peroncito" García, le ordenaba a Camarelli cooperar con el Ejército y lo nombraba a cargo de una "subárea", autoridad que asegura que jamás ejerció, no sólo porque no tuvo intención de hacerlo sino porque nunca fue considerado o convocado –sino, al contrario, ignorado– por los jefes militares.
La convivencia fue difícil, según coincidieron todos los policías que declararon ante la Justicia y la Comisión Investigadora creada por el gobierno provincial en 1984: Vitón daba las órdenes a los militares, y muy excepcionalmente requería colaboración de algún policía. En general, los dos grupos tenían actividades, hábitos y hasta comida diferente.
Los militares detuvieron a numerosas personas en Cipolletti, Cinco Saltos y Roca, sobre todo en los días siguientes al golpe de Estado, que fueron en su totalidad trasladadas a Neuquén. Todavía no existía "La Escuelita", el centro de detención acondicionado varios meses después, y las derivaciones se hacían a la delegación de la Policía Federal o a la cárcel U-9.
Un mes y medio después del golpe –es decir a mediados de mayo– los militares volvieron a Neuquén, y la comisaría recuperó su ritmo.
Camarelli no fue imputado en la causa por violaciones a los derechos humanos ni citado hasta que, en 2007, una partida llegó a detenerlo a su casa de Viedma. Su foja de servicios estuvo siempre tan limpia que, cuando Osvaldo Alvarez Guerrero –miembro de organismos de derechos humanos y abogado de detenidos políticos durante el Proceso– asumió como gobernador en diciembre de 1983, lo designó jefe de la Policía de Río Negro. Y nadie se alzó con quejas contra ese nombramiento.
Recién ahora su conducta y la de otros oficiales de esa dependencia durante los días siguientes al golpe de Estado de 1976 es motivo de controversia. Aunque en ello existe notable disparidad entre las víctimas que declararon entre 1984 y 2007 y aquellas cuya denuncia y declaración data recién de hace un par de años.
Tras casi dos años preso, Camarelli luce avejentado y dolido. "Se comete una injusticia conmigo y con los policías que estaban a mi cargo. Nunca sucedió lo que dicen estas personas", afirmó a este diario. Se refería a las llamadas "nuevas víctimas", cuyas declaraciones –analizadas entre sí y en relación con las restantes– aportan datos ciertamente llamativos.
Datos que no cierran
• Ricardo Novero tenía 26 años en marzo de 1976. Era estibador jornalero en la empresa Kleppe de Cipolletti. El 3 de marzo de 2008 se presentó como testigo ante el fiscal Federal de Neuquén José María Darquier y ante la entonces secretaria María Cristina Beute. Dijo que el 28 de marzo de 1976 fue detenido en su casa por "sesenta efectivos militares al mando del teniente Vitón" y el policía Enerio Huircaín y que durante tres meses permaneció en esa condición en la Comisaría de Cipolletti, donde lo interrogaban sobre "las armas" y "los tanques" de 200 litros, aplicándole tormentos, y que militares lo sacaban de allí a las dos de la mañana para interrogarlo. En su declaración aseguró que (Pedro Justo) "Perico" Rodríguez sabe cómo fue que lo trataron porque estaba en la celda con el dicente, recuerda que cuando Rodríguez llegó estaba con el brazo quebrado, que el dicente pensó que a Rodríguez ya le habían dado". Citó como compañero de penurias a Raúl Sotto, diciendo que fue víctima junto con él de un interrogatorio nocturno en una camioneta del Ejército, "cree que para el lado del Treinta". Dijo que, en ocasiones en que no estaba vendado, reconoció "al teniente primero Vitón y a (Miguel) Quiñones" –que ambos lo interrogaban– y también a Barros, que sabe que trabajaba en la municipalidad de Cipolletti y que "hacía inteligencia". Concluida su declaración, pidió que se le extendiera un certificado para presentar ante el ministerio del Interior para tramitar la indem- nización creada por la ley 24.043.
Para quienes ven con ojo crítico la incorporación a la causa de los llamados "nuevas víctimas", hay varios puntos de la declaración de Novero que generan controversia:
1) Primero dijo que en la comisaría de Cipolletti "encontró a Perico Rodríguez con el brazo quebrado. Luego, que "vio llegar" a "Perico" Rodríguez detenido con el brazo quebrado". Pero Rodríguez declaró en abril de 2006 que fue detenido el 30 de marzo de 1976 en Cinco Saltos por una patrulla del Ejército y policía local, tras un violento allanamiento a su casa. Que "permaneció unos momentos en la comisaría de Cinco Saltos" y fue llevado a la de Cipolletti –a cargo de Vitón– donde estima haber estado "unos 4 días" sin sufrir tormentos. Luego fue llevado a la Unidad 9 de Neuquén, donde no fue maltratado pero sufrió accidentalmente la fractura de su brazo al caer cuando lo hacían limpiar el pabellón. En cambio, sí lo golpearon en la delegación de la Policía Federal, en abril de 1976, cuando ya estaba enyesado. Allí permaneció varios meses hasta que lo devolvieron a la U-9 un día antes de trasladarlo a Rawson. Es decir que Rodríguez nunca estuvo enyesado en la comisaría de Cipolletti. En su declaración de once carillas, Rodríguez nombró con detalle a varias personas con las que compartió la detención, pero no habló de Novero. En la requisitoria fiscal de 2006, basada en la declaración de Rodríguez, no se imputaba a policías de Cipolletti sino sólo a los de Cinco Saltos que participaron en el allanamiento de su casa.
2) La planilla de liquidación de jornales de la empresa Kleppe correspondiente a 1976 señala que Novero trabajó allí 28 días del mes de marzo; 3,5 días del mes de abril; 18 días el mes de mayo; 4,5 días el mes de junio; ninguno de julio y 4,5 días del mes de agosto. La merma en los días de trabajo coincide estacionalmente con el fin de la cosecha, pero ¿cómo pudo estar detenido Novero tres meses desde marzo de 1976, y haber concurrido a trabajar? Él nunca dijo que le dieran permiso para salir, pero a esa conclusión llegó la fiscal Beute cuando la defensa de los imputados le hizo notar la circunstancia.
3) Rodríguez dice que no fue torturado en la comisaría de Cipolletti ni habla de haber visto que alguien lo fuera. Sin embargo Novero –que asegura haber estado al mismo tiempo que él– relata tormentos y amenazas que habría sufrido en esa comisaría, de las que responsabiliza al oficial Quiñones y al militar Vitón.
4) Novero nombra a Barros diciendo que hacía inteligencia en la municipalidad de Cipolletti, pero éste trabajaba en la municipalidad de Neuquén.
5) Novero declaró que Vitón le dijo un día que, como no hablaba, estaban evaluando matarlo o llevarlo a Trelew. Pero lo dejaron en libertad algunos días después. Pese a estas incongruencias, a la demorada denuncia de Novero y a la ausencia de prueba documental u originada en terceras personas que confirme sus dichos, la fiscal subrogante Beute dio crédito a sus declaraciones. Más aún, al relatar en su requisitoria los hechos de que fue víctima Pedro Justo Rodríguez, mezcló las declaraciones de éste con los dichos de Novero, e incorporó amenazas e interrogatorios a Rodríguez que éste nunca dijo haber sufrido. Dice la fiscal: "En esta seccional (Cipolletti) Rodríguez fue colocado en una celda con mucha gente, entre ellos Ricardo Novero. En ese lugar fue interrogado en dos oportunidades por Miguel Ángel Quiñones, en compañía de otro oficial (..) Quiñones lo interrogó sobre las actividades de la víctima, sobre la gente que conocía en Cinco Saltos, siempre amenazándolo (...). Estando allí, escuchó mientras otros detenidos eran torturados". Todo esto no surge de las declaraciones de Rodríguez sino de las de Novero, sin más constatación más que sus propios dichos.
El tema no es menor, si se considera que la prisión preventiva al oficial Quiñones –preso desde hace casi dos años– fue dispuesta precisamente en función de lo declarado por Novero y no por la víctima, Pedro Justo Rodríguez.
Esta incongruencia fue señalada por el defensor oficial de Quiñones, quien –al apelar el procesamiento– hizo notar que la Fiscalía, la APDH, el CePRODH y la secretaría de Derechos Humanos –acusadores o querellantes– discreparon en las conductas reprochadas a su defendido, sobre todo si participó o no en los tormentos o sólo en la privación de la libertad de Rodríguez. El defensor abonó sus reparos en que la declaración de Novero y otros testigos no tuvo control de su parte y que, por haber sido víctimas, cabe presumir en ellos parcialidad. No deslizó la posibilidad de que hubiera manifiesta falsedad.
Las inconsistencias en la declaración de Novero frente a la precisión de Pedro Justo Rodríguez generaron otra circunstancia en el expediente: Rodríguez fue taxativo al decir que el 30 de marzo fue detenido y llevado a la comisaría de Cinco Saltos hasta el día siguiente (31) en que fue trasladado a la de Cipolletti donde, sin haber sido torturado, permaneció cuatro días hasta su traslado al SPF Neuquén. Si bien según su declaración esto debió ocurrir el 4 de abril, el procesamiento judicial ubica ese hecho varios días después, el 8 de abril, lo que da tiempo de "llegar" a la comisaría a las nuevas víctimas.
• Raúl Sotto es otra de las víctimas incorporadas a la causa en forma reciente. Declaró dos veces, una vez en 2007 y otra en enero de 2008. En la segunda declaración sumó imputaciones que no había formulado en la anterior, e incurrió en contradicciones:
1) Primero dijo que no había sido identificado y en la segunda declaración afirmó que en la Policía Federal le habían sacado fotos y le tomaron las huellas digitales.
2) Sotto dijo que su vivienda fue allanada "dos o tres días después del golpe" y que "al día siguiente" fue detenido en su lugar de trabajo –el hospital– y trasladado a la delegación Neuquén de la Policía Federal, donde fue interrogado y dejado en libertad. A la semana siguiente fue detenido otra vez por la Policía provincial y llevado a la Comisaría de Cipolletti donde le aplicaron tormentos físicos y psíquicos y permaneció varios días hasta que el 3 de abril fue llevado a la Policía Federal de Neuquén y de allí a la U-9 donde fue liberado el 9 de abril.
2) Dijo que durante el allanamiento los únicos que ingresaron a su casa fueron dos policías rionegrinos –Quiñones y Del Ma-gro– y que los militares se queda-ron "en el patio, subidos a los ár- boles". Ninguna otra víctima colocó a los policías provinciales en un rol de control de la situación.
3) Dijo que tres policías rionegrinos lo detuvieron en el hospital una semana después, cuando ninguna otra detención por cuestiones políticas fue realizada sin control militar.
4) Es el único que declaró haber sido sometido al "submarino" –su cabeza sumergida en un balde de agua– en la comisaría de Cipolletti. Dijo que por ello se le reventó un tímpano y le sangraba el oído. Pero el médico que lo revisó en la U-9 certificó una "hipoacusia izquierda", pero ninguna lesión reciente.
5) Nombró como compañeros de detención a Contreras, a Novero y a los hermanos Pailos. Como él, ellos recién denunciaron en 2008 haber sido víctimas de represión ilegal.
6) Otra particularidad: declaró que por las noches los sacaban –a él y a Novero– de la comisaría para interrogarlos. Pero mientras Novero dice que esas salidas eran protagonizadas por "soldaditos" y para pegarles, por el lado de "El Treinta", Sotto dice que policías los llevaban a hacer allanamientos y que les preguntaban si en determinados domicilios se hacían reuniones. No aclara qué reuniones. Al decir que en esos allanamien-tos el personal del Ejército no participaba, invierte lo dicho por el resto de las víctimas que declararon desde 1984, en el sentido de que el personal del Ejército llevaba el control de la situación.
7) Sotto pone a Quiñones incluso "al mando" de militares, condición llamativa para un oficial subayudante. No parece lógico que el teniente primero de Ejército Vitón –a quien todos definen como arrogante y autoritario– accediera a subordinarse a un policía de rango inferior.
8) Noemí Sánchez, administradora del hospital de Cipolletti donde trabajaba Sotto declaró calificándolo de mendaz y dijo que nunca supo que hubiera sido detenido.
9) Sotto dijo que trabajaba en el hospital, en un plan de salud implementado por el Gobierno Nacional. Pero los hospitales eran ya jurisdicción de las provincias.
10) Arturo Témpora Caram, sargento de la Comisaría de Cipolletti y compadre de la madre de Sotto, desmintió haberlo visto detenido y negó haber acompañado a la madre a hacer gestiones por éste, como declaró el denunciante.
No hay ningún registro de su detención y supuestos tormentos en la comisaría de Cipolletti. Lo único que hay es un registro de ingreso a la U-9 el 3 de abril y de salida el 9 de abril, sin lesiones y sin que consten motivos. No consta que haya estado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
• Oscar Dionisio Contreras dice que fue detenido "a los pocos días" del golpe en su domicilio de Cipolletti y llevado a la comisaría de esa ciudad donde le aplicaron tormentos físicos y psíquicos y recuperó la libertad "a la semana aproximadamente" aunque en otro tramo dijo que fue "más de una semana". Lo llamativo en su caso es:
1) Dijo que le aplicaban tormentos en el patio de la Comisaría golpeándolo en la espalda con un FAL (un arma militar), cuando, según el testimonio de Camarelli y del resto de los policías rionegrinos, el patio era visible desde el Colegio Manuel Belgrano, desde un edificio vecino y por aquellas personas que iban a la Proveeduría Policial.
2) En su legajo del hospital –donde trabajaba– sólo consta una licencia los días 30 y 31 de marzo, con la particular observación de "a disposición policial". Sin embargo, en el procesamiento a los policías y militares la fiscal dio por probada no sólo su detención de una semana sino los tormentos físicos, que no le impidieron retomar tareas laborales con normalidad y que sólo denunció treinta años después.
• Roberto Manuel Pailos, al igual que sus hermanos, estuvo varias veces detenido en su calidad de "barra brava" del club Cipolletti, pero hasta su declaración de 2008 nunca se lo relacionó con la actividad política. No parece tener buena memoria. Declaró que fue detenido "uno o dos meses después del golpe" y "alojado mayormente" en la comisaría de Cipolletti durante un mes, donde días después llevaron a Sotto. A pesar de su imprecisión, su declaración se tomó como base para dictar el procesamiento de varios policías en agosto de 2008. Pero, además, Sotto dijo cosas distintas e incongruentes, por lo cual al menos uno de los dos miente o equivoca gravemente los hechos.
1) Sotto dijo que fue detenido uno o dos días después del golpe, liberado y vuelto a detener una semana más tarde hasta ser detenido definitivamente el 9 de abril. Si Pailos fue detenido "uno o dos meses después del golpe" no pudo suceder que viera "días después" a Sotto ser ingresado a la comisaría de Cipolletti.
2) Dijo que en el primer calabozo aplicaban golpes a los detenidos. Pero los testigos coinciden en que, en esa época, la puerta de todos los calabozos daba al pasillo en el cual esperaba el público para trámites administrativos –exposiciones, denuncias o certificaciones–, lo que hace difícil suponer que se aplicaran allí tormentos.
3) Dijo haber estado detenido "doce o trece días después del golpe militar" y haber visto allí a Sotto, a Contreras y a Novero, con quien fue sacado en varias oportunidades. Pero Sotto recuperó la libertad el 9 de abril desde Neuquén, adonde había sido trasladado el 3 de abril, por lo cual nunca pudo estar en la comisaría de Cipolletti doce o trece días después del golpe militar.
4) Contreras y Novero no nombran a Pailos cuando describen las veces que los habrían sacado de la comisaría.
5) Pailos trabajaba desde 1975 en el Registro Civil y Juzgado de Paz de Cipolletti, y no registró inasistencias durante el tiempo en que dijo estar detenido.
• Julio Eduardo Pailos incurre en similar incongruencia, al relatar que fue detenido dos semanas después del 24 de marzo, y que permaneció en la comisaría de Cipolletti al mismo tiempo que Sotto, Contreras y Novero; narra una segunda detención de 45 días; otra tercera de tiempo indeterminado; y una cuarta respecto de la cual alude vagamente a que fue llevado a un lugar que, sugiere, sería "La Escuelita".
De él sólo hay una constancia de ingreso en la cárcel U-9 de Neuquén por órdenes del Comando "sin patologías ni lesiones" el 3 de abril, y su salida en libertad el 9 de abril. Si estaba allí, no podía estar en la Comisaría de Cipolletti al mismo tiempo.
• Juan Domingo Pailos declaró que los tormentos sufridos le afectaron el corazón, por lo cual en 1976 debió atenderse con el médico Horacio Valdez.
1) Pero los defensores de los imputados probaron que este profesional se fue a estudiar Medicina en 1975, se recibió en 1981 y que recién regresó a Cipolletti –ya especializado en Cardiología– en 1985.
2) Pailos dijo que fue detenido en el galpón de Franco, donde trabajaba, pero luego él mismo manifestó que trabajaba en el hospital de Cipolletti, y que un médico de allí lo atendió cuando estaba detenido en la U-9.
3) Acusó al policía "Sato" Martínez de maltratarlo a él, a su mujer y a su hija durante el allanamiento en su casa. Pero ese policía fue su vecino y los hijos de ambos estudiaron juntos, sin que nunca en estos años lo haya denunciado como su torturador.
• Jorge Adolfo Pailos: declaró que él "y todos sus hermanos" fueron detenidos un día después del golpe en un procedimiento del que participaron, entre otros policías, "los hermanos Mamani", "los Quiñones" y el capitán militar Aldo De Rosso, y que permanecieron presos durante un mes.
1) Dijo que lo largaron de la Comisaría de Cipolletti junto con su hermano Roberto Manuel. Pero éste dijo que lo soltaron solo y en Neuquén.
2) Aseguró haber visto en el allanamiento y en la Comisaría de Cipolletti al capitán Aldo De Rosso pero este militar llegó a la ciudad designado como intendente interventor un mes después de que el Ejército abandonó la Comisaría de Cipolletti y cuando Pailos dijo estar ya libre.
3) Nunca hubo dos policías Mamani ni dos Quiñones en la Comisaría de Cipolletti.
Probables motivaciones
La posibilidad de que fabuladores, exagerados o directamente falsas víctimas se hayan "colado" en causas que investigan tan graves hechos como los derivados de la represión ilegal implicaría una afrenta a quienes sufrieron los perjuicios de la tortura o las detenciones abusivas o arbitrarias. Además, sería una severa afectación a los jueces y fiscales que sustancian las causas y que, de algún modo, dan fe ante los ciudadanos de los hechos consignados en ellas.
¿Qué motivación podría tener una persona para –30 años después del golpe de Estado– presentarse ante la Justicia afirmando haber sido perjudicado por el accionar de policías o militares?
En algún tipo de personalidad, ser reconocido como víctima de la represión ilegal estatal podría ser interpretado como un mérito, por entender que lo asociaría a la idea de resistencia heroica que rodea a los años 70.
Otra razón podría ser el intento de acceder a la reparación monetaria creada en 1991 por la ley 24.043 para quienes estuvieron presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Luego de que en 2003 la ley 25.814 reabrió el plazo de presentación de solicitudes –que había caducado en 1998– las leyes Nº 25.985, Nº 26.178 y Nº 26.521 lo extendieron hasta dejarlo todavía abierto. Esa norma estableció el pago de una suma calculada en base a la cantidad de días que hubiera durado la detención.
Nota de Orlando Gauna sobre el temaDISCÍPULOS DE ESTEBAN RIGHI
Entonces, cabe imaginar el siguiente diálogo, entre torturadores y torturado: -Ché, Novaro, arreglate un poco y andá a tu laburo. Pero apenas salís, te venís enseguida para la Comisaría que te tenemos que seguir torturando – -Si Señor. Apenas salgo del trabajo me vengo corriendo, así me pueden seguir torturando. |
Orlando Agustín Gauna
8 comentarios:
Hummmm! Me huele a "pescado podrido", creo que alguién vio la oportunidad de cobrar plata. Total desacreditar a los uniformados, no vale nada y reporta mucho.
Hummm! Qué olor a podrido!
Intrascendente música de calesitas.
Pierden el tiempo con lo anecdótico mientras lo importante les pasa desapercibido
Hummm... qué olor a mierda! ¡será Celeste, la Profe, Futurama, Orteño? Hummm... que asco!
Orteño: ¿Qué pasó con Julio López? Pobre viejo andaba mal de corazón. ¿No lo sabían?
Cuenten la verdad al hijo, pobre hombre.
Profe! ¿Usted tampoco sabía de esto?
¿"Pechito" López?.
Lo cagaron unos empresarios inescrupulosos.
Y al viejo López un gobierno de inescrupulosos cagones.
Con respecto a pechito... todo lo que toca Cris lo caga. Cris es mufa.
¿Cuanto le dan Guerrieri?
¿Cuanto de dan a Amelong?
Mujica no libera al criminal setentón
Masiva manifestación en España en apoyo a Garzón...
¿cuanto le dan a Guerrieri?
¿cuanto le dan a Amelong?
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