El 25 de agosto de 2007 se han cumplido 7 años de prisión preventiva de Ricardo Miguel Cavallo, Capitán de Corbeta de la Armada de la República Argentina. Fue detenido en México, donde residía, y dispuesta su prisión incondicional por el juez Baltazar Garzón en España con fecha 25 de agosto de 2000. Se le imputaban delitos cuyos hechos habrían ocurrido en Argentina, en el período 1976-1983, sobre los cuales España desde 1997 pretende imponer su jurisdicción, con la permanente complacencia conciente del gobierno nacional y su poder judicial, que aceptaban así que la otrora metrópolis hispana de la cual los argentinos nos emancipamos el 9 de julio de 1816 desconociera la soberanía de la Nación, la primacía de la constitución nacional, y la independencia de su gobierno, violando la garantía del juez natural (art 18 CN) en cabeza de un oficial de las FFAA argentinas, que no hizo más que cumplir con su deber de militar, aunque hoy ese deber se predique arbitrariamente como ilegítimo. Luego de casi 3 años de prisión en México, fue extraditado a España el 29 de junio de 2003. Por resolución del 7 de julio de 2003, Garzón le dictó embargo -en forma solidaria con otros militares procesados por aquellos hechos- por la increíble suma de Dos mil Seiscientos cuarenta y ocho millones, trescientos cinco mil euros (2.648.305.000 Euros), so pretexto de garantizar su responsabilidad civil, importe que a la postre deberemos pagar todos los argentinos, pues ni todos los militares argentinos juntos podrían alcanzar esa astronómica cantidad. Descubriéndose así, con tal embargo, una de las verdaderas motivaciones de la pretensión de juzgamiento en España, pues la justicia argentina jamás fijaría un monto de esa magnitud. De esos 7 años, España no considera el período transcurrido entre su prisión en México desde el 25-8-2000 hasta el 29-6-2003 en que fue entregado en Madrid, y comenzó nuevamente el cómputo de prisión preventiva (que en España es dos años más otros dos si el sumario es complejo, art. 504 ley de enjuiciamiento criminal), sofisma mediante el cual España violó su propia legislación y la Convención Europea sobre Protección de los DDHH y las Libertades Fundamentales, de la que es signataria, y el art. 9:3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual también es Estado parte, junto con la Argentina. Siete años de prisión "gozando" del estado de inocencia que aquellos tratados "garantizan", muestran la inocultable naturaleza de persecución política del juicio que indebidamente lleva adelante España, violando todo tipo de justicia, equidad, imparcialidad y tutela de garantías, borrando con el codo lo que escribió con la mano en su propia constitución, en los tratados que la vinculan con la comunidad internacional y con la Argentina, y en el reconocimiento que España hizo de la soberanía argentina por decreto de las Cortes Generales del 4-12-1836 y consecuente declaración de la Corona. Esta historia, que cuenta el defensor que suscribe, contiene un dato ocultado en Argentina: el 6 de abril de 1987, el Capitán Cavallo fue desprocesado por la justicia federal no por aplicación de la L.23.521, sino por falta de mérito, como consta en un 'non paper' del gobierno argentino al de México, en el que expresamente se señaló esa circunstancia como así que el Capitán Cavalo nunca fue amnistiado ni indultado, agregándose que la resolución judicial "tiene carácter de cosa juzgada, de acuerdo con el derecho interno argentino y los principios y normas internacionales aplicables en la materia.” Esa historia contiene también un dato desconocido: el Capitán Cavallo residía en México y había firmado con el Gobierno Mexicano un contrato por haber ganado una licitación con una UTE, compuesta con capitales argentinos, franceses y mexicanos para instalar en ese país el control vehicular integral (RENAVE), inexistente hasta ese momento. Esto favorecería, entre otras cosas, la eliminación de un mercado de autos robados que generaba un movimiento del orden de los cuatrocientos millones de dólares al año.Ello le valió un enfrentamiento manifiesto con quienes manejaban ese negocio, que formalizaron la “operación” de ponerlo fuera de juego, siendo denunciado como integrante de la ESMA y suscitándose el juicio que desde hace 7 años lo mantiene privado de libertad, pese a haber sido dispuesta su falta de mérito por resolución firme. El Capitán Cavallo es un justiciable sin garantías, ni nacionales, ni internacionales. Su historia, es la historia de una injusta infamia, que debe avergonzar a todo el que haya jurado defender la constitución.
Con pedido de publicación por la trascendencia institucional de los hechos referidos, saludo al Sr. Director muy atte.
Alfredo A.A.Solari
Abogado defensor
alfresol@fibertel.com.ar
Con pedido de publicación por la trascendencia institucional de los hechos referidos, saludo al Sr. Director muy atte.
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Abogado defensor
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