Diario El Litoral de Santa Fe
Martes 01 de Septiembre 2009
La responsabilidad de los jueces
Dr. Javier Vigo Leguizamón (*)
Al rechazar la Cámara Federal de Rosario los planteos de la fiscalía para anular el dictamen del fiscal general Palacín, debe llevarse adelante la investigación penal plena ordenada por dicho funcionario, quien calificara al crimen del Cnel. Larrabure de lesa humanidad.
Rucci, Larrabure, Viola, López, y tantos otros fueron víctimas de un plan criminal diseñado por J.W.Cooke -expresamente apoyado por Cuba- para instalar un régimen marxista quebrando la voluntad de Perón mediante una sucesión de hechos violentos. En los fundamentos del decreto 1.368/74, firmado por María Estela Martínez de Perón decretando el Estado de sitio, se aludió a éste mencionando la necesidad imperiosa de “erradicar expresiones de una barbarie patológica que se ha desatado como forma de un plan terrorista criminal contra la Nación toda”. Y se dijo algo aún más grave: que las amenazas del terrorismo guerrillero habían llegado al extremo de ser “dirigidas contra niños en edad escolar”.
¿Qué son mis muertos para Uds? ¿Objetos sin valor a “ajusticiar”, o seres con los mismos derechos humanos?, son las preguntas que las víctimas del terrorismo guerrillero han formulado a los jueces.
A ellos les cabe optar entre la conveniencia o los valores, el coraje o la cobardía, la justicia o la política, la verdad completa o los sofismas ideados para amnistiar a los guerrilleros. A ellos les corresponde rescatar el sagrado valor de todas las vidas, porque la vida vale por sí misma no según lo que se piensa, ni según la fortaleza o debilidad de quien gobierna.
Es ingenuo creer que no actuando no hay riesgo. Basta mirar a Venezuela.
(*) Apoderado de Arturo Larrabure
Rucci, Larrabure, Viola, López, y tantos otros fueron víctimas de un plan criminal diseñado por J.W.Cooke -expresamente apoyado por Cuba- para instalar un régimen marxista quebrando la voluntad de Perón mediante una sucesión de hechos violentos. En los fundamentos del decreto 1.368/74, firmado por María Estela Martínez de Perón decretando el Estado de sitio, se aludió a éste mencionando la necesidad imperiosa de “erradicar expresiones de una barbarie patológica que se ha desatado como forma de un plan terrorista criminal contra la Nación toda”. Y se dijo algo aún más grave: que las amenazas del terrorismo guerrillero habían llegado al extremo de ser “dirigidas contra niños en edad escolar”.
¿Qué son mis muertos para Uds? ¿Objetos sin valor a “ajusticiar”, o seres con los mismos derechos humanos?, son las preguntas que las víctimas del terrorismo guerrillero han formulado a los jueces.
A ellos les cabe optar entre la conveniencia o los valores, el coraje o la cobardía, la justicia o la política, la verdad completa o los sofismas ideados para amnistiar a los guerrilleros. A ellos les corresponde rescatar el sagrado valor de todas las vidas, porque la vida vale por sí misma no según lo que se piensa, ni según la fortaleza o debilidad de quien gobierna.
Es ingenuo creer que no actuando no hay riesgo. Basta mirar a Venezuela.
(*) Apoderado de Arturo Larrabure
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