Escándalo en Chile por errores sobre los desaparecidos

Ya suman cuatro los casos de falsas víctimas de la dictadura; querellarán a los familiares

Carlos Vergara
Corresponsal en Chile

Tres nuevos casos de falsos detenidos-desaparecidos denunciados durante el fin de semana, que se suman a otro en noviembre, han causado un profundo cuestionamiento con visos de crisis política en Chile, y obligaron al gobierno de Michelle Bachelet a solicitar una investigación judicial.

Los analistas tampoco descartaban ayer la potencial reapertura de las comisiones que, durante los años noventa y comienzos de esta década, recopilaron los casos de personas asesinadas y torturadas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Ayer por la tarde, la Corte de Apelaciones aceptó la solicitud del gobierno y nombró al magistrado Carlos Gajardo ministro en visita del caso para "despejar todas las dudas". Además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estudiará la posibilidad de presentar querellas por los posibles delitos de estafa y fraude al fisco por las pensiones recibidas por sus familiares.

De esta manera, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) podrían ver cuestionadas sus perturbadoras cifras que indican 3195 muertos, en el caso del primero, y más de 35.000 torturados y apresados, según el segundo.

Al ya conocido caso de Germán Cofré Martínez, que vivió durante los últimos 35 años en Mendoza y que fue descubierto en uno de sus viajes a Chile, se suman ahora los de Edgardo Iván Palacios, que falleció en 2006, en calidad de indigente; el de Emperatriz del Tránsito Villagra, muerta de un infarto en 1955, y el de Carlos Rojas Campos, que viviría en Buenos Aires, según los registros de una huella dactilar entregada en el momento de renovar su DNI en la Argentina.

Este caso, precisamente, fue el que despertó las alarmas, ya que el gobierno chileno asegura conocerlo desde 2005 y haber suspendido las pensiones a su "viuda", Norma Rodríguez. Ella, sin embargo, dice haber recibido mensualmente la indemnización, la cual ascendería hoy a 600 dólares.

Ayer, después de la última reunión de gabinete de 2008, Bachelet se refirió al amargo fin de año en materia de derechos humanos.

"La verdad es que hoy aquí no se pueden confundir las cosas. La violación a los derechos humanos es una vergüenza nacional que ha quedado grabada para siempre en la historia de nuestro país y no vamos a permitir que se ponga en duda esta verdad histórica. Permítanme decirles que, como mujer que sufrió en carne propia ese dolor, y como presidenta de la República, no voy a aceptar el aprovechamiento ni mucho menos que se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia", dijo Bachelet.

"He instruido a todas las autoridades responsables para que se culmine la revisión que se venía realizando desde 2005 para despejar toda duda posible sobre esta situación. Yo espero que todas las fuerzas políticas depongan cualquier intento de manipulación y de sacar pequeñas ventajas de un tema que hemos sabido, creo yo, enfrentar como sociedad, con responsabilidad y madurez", pidió la mandataria.

Nuevos casos

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos de la Cámara de Diputados y militante de la opositora Renovación Nacional, Karla Rubilar, existirían ocho casos de falsos detenidos-desaparecidos, cuatro de los cuales aún no han sido dados a conocer.

Esta nueva polémica en materia de derechos humanos se suma a la ya vivida por Bachelet a comienzos de su gobierno, cuando se conoció un informe de la Universidad de Glasgow, Escocia, que reveló numerosos errores en la identificación de casi 50 cadáveres enterrados en fosas comunes del patio 29 del cementerio de Santiago.

Cofré Martínez figura sepultado en ese sitio.