lunes, 8 de septiembre de 2008

Lesa Humanidad...la mentira tiene patas cortas

Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la CPI

El nuevo verdugo de los guerrilleros



El argentino Luis Moreno Ocampo sigue dando que hablar en el mundo. La semana pasada, sorprendió con su decisión de investigar la red de financiamiento internacional de las FARC, la guerrilla colombiana, en su carácter de fiscal de la Corte Penal Internacional. Afirma que lo habilita el Tratado de Roma, donde “no hay nada que exija que sólo el Estado pueda cometer los crímenes de guerra o contra la humanidad”. Es una definición útil para la realidad argentina, donde se debate si también los asesinatos de los grupos guerrilleros pueden ser considerados de lesa humanidad o imprescriptibles.

Por Juan Gasparini* (finanzas de Montoneros - Colaboracionista de la Esma)


Para el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, “los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales”, como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por ejemplo.
“En el Estatuto de Roma no hay nada que exija que sólo el Estado pueda cometer tales crímenes, que son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en perjuicio de las poblaciones civiles”, agregó Moreno Ocampo en una entrevista exclusiva con PERFIL.
Moreno Ocampo fue invitado el lunes pasado a una ceremonia en la sede europea de las Naciones Unidas, en Ginebra, para recordar a los funcionarios de la ONU asesinados en Bagdad hace cinco años, entre ellos el brasileño Sergio Vieira de Mello, que era el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
El fiscal de la CPI retornaba de una difícil misión en Colombia, donde quedó bajo los reflectores de la prensa internacional al señalar que iba a investigar la red internacional que financia a las FARC.
Esta es la reconstrucción de la entrevista con él, realizada bajo el ojo vigilante de la directora de la División Competencia, Complementariedad y Cooperación de la CPI, Béatrice Le Fraper Du Hellen, quien lo acompañaba y oficiaba como su portavoz.
—Usted acaba de finalizar una segunda visita a Colombia en menos de un año, ¿en qué consiste su competencia para interesarse en ese país?
Los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales. En el Estatuto de Roma, no hay nada que exija que sólo el Estado puede cometer tales crímenes, que son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en perjuicio de las poblaciones civiles. En Colombia, si se terminara probando que una guerrilla o que organizaciones paramilitares produjeron hechos de tal naturaleza, estaremos ante crímenes de lesa humanidad. Venimos llevando a cabo un análisis preliminar, la etapa más importante. Tratamos de establecer si el Estado hace investigaciones de esos crímenes; si esas investigaciones son genuinas, es decir que no protegen a los autores de las atrocidades, y si los culpables son condenados. Si el Estado no lo lleva a cabo, entonces intervenimos nosotros. Los juicios que a mí me gustaría hacer los debe realizar el país. Si no lo hace, lo hago yo. Nuestra labor es complementaria a la del Estado. En el mundo moderno, ningún gobierno nacional es capaz de controlar la violencia solo.
—¿Cuál es su diagnóstico de la situación en Colombia?
—Dentro de un mes, voy a hacer público un informe. Notificaremos sobre las experiencias recogidas en Colombia, explicando lo que hemos visto, cuáles son las personas que están condenadas, cuáles faltan por condenar y enumeraremos las dificultades registradas. Concluida la etapa del análisis preliminar, voy a decidir si hay elementos para que le proponga a la Corte Penal Internacional, de la cual soy procurador, abrir un sumario y pedir juicios, sin olvidar que Colombia ha ratificado el Estatuto de Roma y acepta nuestras visitas. Cuando observo un caso, elijo los crímenes más graves y persigo a sus máximos responsables. En cuanto a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), paramilitares de extrema derecha, hay procesos en curso. Mi papel es velar para que haya condenas de los principales jefes...
—Pero, 13 de ellos han sido extraditados a Estados Unidos por narcotráfico en mayo, y muchas Organizaciones No Gubernamentales colombianas e internacionales han denunciado ese hecho en la ONU como una denegación de justicia porque los 31 mil paramilitares desmovilizados por la llamada Ley de Justicia y Paz de 2005 gozan de impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos pues hay muy pocas condenas, la mayoría por asociación ilícita, no por crímenes de lesa humanidad.
—Fui recibido por el presidente Alvaro Uribe, quien me garantizó que en el acuerdo con Estados Unidos tiene que haber cooperación con las autoridades judiciales de Colombia en el caso de que las personas extraditadas estuvieran dispuestas a declarar. Vamos a ver cómo se implementa eso. Respetando los criterios legales colombianos, hemos discutido fórmulas para que se puedan llevar con prontitud a juicio ciertos casos, que son los más probados e importantes, y los otros llevarlos después. No es fácil cuando se trata de miles de crímenes perpetrados por muchos individuos. Ante un enorme número de crímenes y una cantidad masiva de criminales, hay que acentuar el criterio de juzgar a los máximos responsables. La CPI estipula que no puede haber impunidad.
—La Corte Suprema de Colombia denunció ante Ud. en Bogotá un “complot” urdido por el Poder Ejecutivo para obstruir las investigaciones contra parlamentarios con nexos políticos con los paramilitares de las AUC, de los cuales ya están presos 32, la mayoría vinculados al actual gobierno de Alvaro Uribe. ¿Cuál es su visión del problema?
—Los dirigentes políticos involucrados con los paramilitares deben ser juzgados, como aquellos relacionados con las FARC, porque son cómplices de crímenes de lesa humanidad. Hay que revelar las estructuras políticas que apoyaron los homicidios. La responsabilidad primaria es del gobierno nacional. En la medida que ellos actúen, nosotros no intervenimos; cuando no lo hacen, nosotros lo hacemos. La Corte Suprema de Colombia me dijo que, más allá de las dificultades, de las molestias que les causan ciertos problemas, ellos tienen la capacidad de hacer esas investigaciones sobre los parlamentarios incriminados de haberse asociados con paramilitares. Si ellos no tuvieran esa capacidad, si no lo pudieran hacer, yo podría considerar una intervención. La Corte Suprema valora como muy negativo la extradición de esos paramilitares, al igual que varios sectores. Sin embargo, el gobierno y las autoridades judiciales estiman viable encontrar una solución. El presidente mostró absoluta intención de asegurar el máximo respeto e independencia para el Poder Judicial. Lo que él quiere es eficacia judicial y está dispuesto a apoyar a la Corte en lo que sea necesario. Es un debate entre colombianos.
—¿Qué pasa con las FARC?
—Es distinto porque los jefes están condenados y hay causas penales abiertas contra muchos otros. El problema no es que no haya juicios, condición para que yo intervenga, sino que no hay capturas de los responsables para que cumplan condena. Sin embargo, hay redes de apoyo internacional a las FARC, y he decidido ocuparme de ese tema, que puede derivar en una responsabilidad penal. Estoy averiguando en qué países hay grupos que promueven actividades delictivas de las FARC y si hay investigaciones nacionales de esos grupos. He enviado cartas a varios países. Estoy chequeando. Ya me han acusado recepción Brasil, México, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú, Dinamarca y España. Faltan que me respondan otros como Suiza, a donde también he escrito, la OEA e Interpol.
—En Suiza no hay investigaciones contra las FARC, pero en Lausana reside el presunto jefe internacional de esa guerrilla, identificado por el gobierno colombiano como Omar Arturo Zabala Padilla, alias “Lucas Gualdron”, de nacionalidad colombiana. El gobierno de Uribe también acusa al mediador suizo en el conflicto interno, Jean-Pierre Gontard, cesado por Uribe luego de la liberación de Ingrid Betancourt, de haberse extralimitado en su labor.
—El juez Baltasar Garzón, de España, detuvo a una persona a instancias del Ministerio Público de Colombia, a la que señalan enviando fondos a Zabala Padilla, lo que podría constitutir el delito de lavado de dinero en favor de las FARC, que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Nosotros no interrogamos, le vamos a pedir a Suiza que interrogue a esas dos personas que usted menciona. Todo esto nos permitirá tener un panorama global sobre eventuales responsabilidades penales respecto a la trama internacional de las FARC, que no es objeto de investigación desde Colombia.
—El 14 de julio, usted solicitó a la CPI la apertura de un sumario contra Omar al Bachir, presidente de Sudán, y requirió su captura por genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Darfour. ¿Cuándo se pronunciará la CPI sobre su petición y cuál es su reacción ante la réplica de Al Bachir, que pregunta dónde están las fosas comunes de las 300 mil víctimas que se le atribuyen haber asesinado en Darfour?
—Para probar la intención genocida de Hitler, alcanza con el testimonio de Ana Frank. Es decir, probar la voluntad de destruir total o parcialmente un grupo étnico, racial o religioso. Hemos presentado las pruebas ante la Cámara Preliminar de la CPI encargada de evaluarlas, compuesta por tres magistradas de Brasil, Ghana y Letonia. Tal vez haya una respuesta para fines de este mes de septiembre.
—Sudán firmó el Estatuto de Roma pero el Parlamento no lo ratificó. Las autoridades dicen que usted no tiene jurisdicción para actuar donde existen procesos contra supuestos responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Darfour. Medios periodísticos destacan que hay negociaciones entre el Consejo de Seguridad de la ONU y Sudán para pactar la entrega de Al Bachir.
—Somos una Corte que investiga crímenes y pide detenciones. No formamos parte de ninguna negociación. Yo acuso individuos, no gobiernos. Mi única referencia es la ley. Mis límites son las evidencias que dispongo. El Estatuto de Roma me obliga a investigar los crímenes más graves y castigar a los culpables. Como se trata de crímenes masivos, hay una gran cantidad de autores. A partir de las pruebas recogidas, focalizo mi acción sobre los responsables principales. En Darfour, investigo, a pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, que me faculta a hacerlo sobre Sudán al margen que haya ratificado o no el Estatuto de Roma. Ya conseguí inculpar a Ahmed Harun, entonces ministro del Interior en el 2003-2004, período de los hechos más graves, y a Ali Ku-shayb, uno de los cabecillas de las milicias Janjaweed, adictas al gobierno. Ambos tienen orden de captura internacional dispuesto por la CPI. Hace poco más de un mes, he pedido la detención del presidente Al Bachir, tras recoger pruebas en 17 países, ante víctimas y testigos, y mediante informes de agencias de la ONU y de Organizaciones No Gubernamentales. Lo acuso de haber preparado y ejecutado un plan para destruir en gran parte los grupos four, masalit y zaghawa en Darfour por su pertenencia étnica, ataques que han ocasionado una cantidad de víctimas que llegarían a alrededor de 300 mil, y el desplazamiento forzozo de 2.450.000 personas que actualmente viven en campos de refugiados, dentro y fuera de Sudán. Estamos por terminar otra investigación, contra los grupos rebeles antigubernamentales en Darfour, que mataron a 12 soldados africanos mandatados por la ONU para una misión de paz, en la llamada masacre de Haskanita, el 30 de septiembre de 2007
.

*Desde Ginebra. (Parece que Cuba es poco socialista, mejor Suiza)

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Comienzo a leer el artículo, pero cuando llego a la respuesta que da Moreno Ocampo sobre la condena de Hitler por los dichos de Ana Frank,
realmente no pude dejar de reírme.
Creí que esto era en serio.
Mejor, tiro la computadora.

benjaminbof dijo...

ANDRES OPPENHEIMER: La farsa de los derechos humanos en la ONU
ANDRES OPPENHEIMER

Hace tiempo que no escuchaba algo tan ridículo: el flamante Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebró su primera sesión esta semana en Ginebra, Suiza, y --por increíble que parezca-- eligió a un funcionario cubano como su presidente.

Como si los burócratas de derechos humanos de la ONU y sus jefes en sus respectivas cancillerías no tuvieran suficiente sentido del ridículo al designar al representante de una dictadura que prohíbe la libertad de expresión y de reunión como su presidente, además eligieron a representantes de Egipto y Rusia --que no son precisamente campeones de los derechos humanos_ para ocupar dos de las tres vicepresidencias, junto a Corea del Sur.

El jurista cubano Miguel Alfonso Martínez, ex vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, fue elegido presidente del Comité Asesor en la sesión inaugural del grupo de 18 países el 4 de agosto.

La emisora del régimen cubano Radio Rebelde dijo en su sitio web que Martínez fue nominado por el gobierno cubano, pero que, según las reglas del Consejo, se ''espera que trabaje de manera independiente''. (Nota del columnista: ¡Sí, seguramente!).

El Comité Asesor tiene como función actuar como fuente de ideas e investigaciones requeridas por el Consejo de Derechos Humanos, que tiene dos años de existencia, y que reemplazó a la desacreditada Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La extinta Comisión se había convertido en un club de protección mutua de los peores violadores internacionales de los derechos humanos.

Tal vez muchos de ustedes recuerden que una de las mayores preocupaciones de los países democráticos en el momento en que la Asamblea General de la ONU creó el Consejo en el 2006 fue que el nuevo comité de derechos humanos no siguiera los pasos de su antecesor. En el pasado, países violadores de los derechos humanos como Cuba, China y Arabia Saudita intercambiaban sus cargos en otros comités de la ONU con otros países, para asegurarse una banca en el Consejo de derechos humanos y protegerse de las críticas del resto del mundo.

Para evitar eso, la Asamblea General de la ONU le pidió al nuevo Consejo de Derechos Humanos hace dos años que creara un Comité Asesor independiente. Los funcionarios de la ONU dijeron que el Comité Asesor adoptaría decisiones de manera independiente, para proteger al Consejo de las presiones políticas.

Según un comunicado de prensa de la ONU tras la apertura de la sesión inaugural del Comité, Martínez dijo en su discurso que ``ser el primer presidente de este nuevo organismo en la hipersensible área de derechos humanos fue un gran privilegio para él. Es la experiencia emocional más conmovedora que le ha tocado vivir''.

De hecho, es probable que el propio Martínez no haya podido creerlo, teniendo en cuenta que los organismos independientes de derechos humanos internacionales consideran a Cuba uno de los países más represivos del mundo. Aunque Cuba firmó este año el estatuto de la ONU sobre Derechos Civiles y Políticos, nada ha cambiado demasiado en la isla en el campo de los derechos humanos.

Recientemente Amnistía Internacional pidió al gobierno cubano que liberara a 58 disidentes encarcelados hace cinco años en una redada que el grupo internacional llama ``la mayor campaña que se haya llevado a cabo en Cuba contra los opositores políticos".

''El único delito cometido por esos 58 individuos fue el pacífico ejercicio de sus libertades fundamentales'', dijo el grupo. ``Amnistía Internacional los considera prisioneros de conciencia''.

Según un informe de este año emitido por Human Rights Watch, Cuba sigue reprimiendo ``casi todas las formas de disenso político. Los ciudadanos cubanos han sido privados sistemáticamente de sus derechos fundamentales de libre expresión, privacidad, asociación, movimiento y del derecho a la defensa legal''.

¿Puede ser que Martínez actúe como un ''experto independiente'', como lo aseguran los funcionarios de la ONU y de Cuba?, le pregunté a Amnistía Internacional.

''No es posible que pueda cumplir con esa parte de su mandato'', me dijo Holly Ackerman, una especialista en Cuba de Amnistía Internacional en Estados Unidos. ''Las exigencias de un régimen comunista son que uno sea solidario con el gobierno, que uno esté ``integrado''. Uno representa a la revolución, y no a sí mismo".

Mi opinión: Estoy de acuerdo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha resultado ser tan politizado como el desacreditado organismo que lo precedió. Algunos de sus miembros más activos son Cuba, China, Arabia Saudita y Rusia, y eso se nota en sus decisiones.

La mayor esperanza de que el Consejo de Derechos Humanos fuera diferente a su antecesor era tener un Comité Asesor verdaderamente independiente, que le impidiera proteger a los transgresores de los derechos humanos. Sin embargo, ahora que el Comité Asesor será presidido por funcionarios propuestos por Cuba, Rusia y Egipto, esa esperanza se ha desvanecido.

benjaminbof dijo...

LA SEGUNDA GUERRA FRIA
Y AMERICA LATINA
Por Andres Oppenheimer
HELSINKI.- Antes de llegar aquí, creía que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética era algo que sólo existía en los libros de historia, y que Washington y Moscú hacía mucho tiempo que habían dejado de competir por enclaves geográficos en todo el mundo. Pero ahora, ya no estoy tan seguro.

Desde el momento en que llegué a Finlandia, un próspero país de 5,3 millones de habitantes, vecino de Rusia, me sorprendió el impacto que ha tenido en esta parte del mundo la reciente invasión rusa de Georgia. Aquí, los principales titulares no están dedicados a la campaña presidencial estadounidense, sino a la intervención rusa en Georgia tras la ofensiva militar de fuerzas georgianas en Osetia del Sur, una región separatista de ese país.

Los vecinos de Rusia están aterrados por lo que consideran un nuevo despertar del ex imperio ruso y por la posibilidad de que Moscú invada a otros vecinos para recobrar su antiguo poder.

Y temen que el activo apoyo del presidente George W. Bush a la integración de Georgia como miembro de la OTAN pueda enfurecer aún más a Moscú y provocar una nueva Guerra Fría.

La visita del vicepresidente Dick Cheney, la semana pasada, a Georgia y su declaración de que la invasión de Rusia había sido universalmente condenada por "el mundo libre" fue vista por los comentaristas políticos europeos como una resurrección de la retórica de la Guerra Fría. Aquí ya se habla de "la segunda guerra fría".

"¿La nueva rivalidad entre los Estados Unidos y Rusia podría hacer resucitar la competencia entre las superpotencias para conseguir aliados en América latina?", pregunté a varios académicos. Formulé esa pregunta porque, coincidentemente o no, hubo varias noticias sobre la creciente participación de Rusia en la región en las últimas semanas:

* El presidente venezolano, Hugo Chávez, cuyo gobierno ha anunciado compras de armas rusas por más de 4500 millones de dólares en los últimos cuatro años, dijo que "serán bienvenidos" los buques de guerra rusos que quieran hacer escala en Venezuela. "Rusia se está erigiendo de nuevo como una gran potencia mundial", dijo Chávez.

* El gobierno de Brasil anunciará un nuevo plan de fabricación de armas que, según su ministro de Asuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, incluirá una asociación con Rusia para producir aviones de combate y plataformas lanzamisiles. El presidente ruso, Dimitri Medvedev, tiene prevista una visita a Brasil en noviembre para firmar éste y otros acuerdos.

* El diario ruso Izvestia y la agencia rusa de noticias Novosti dijeron, a fines de julio, que Rusia planea establecer una base militar en Cuba, en aparente respuesta al plan de Washington de desplegar bases de lanzamiento de misiles en Polonia y en la República Checa. El Ministerio de Defensa ruso negó la noticia días después y el plan es un misterio.

Ondas expansivas

Varios académicos escandinavos me dijeron que la idea de una "segunda guerra fría" es un poco exagerada, porque el ejército ruso está hecho añicos: es mucho más pequeño y desorganizado que el de la Unión Soviética. Y las actividades de Rusia en América latina no son más que maniobras de distracción, ya que Moscú está primordialmente interesado en sus países vecinos, agregaron.

No obstante, existe lo que el experto en asuntos rusos Stefen Hedlund, de la Universidad Uppsala, de Suecia, describe como un "serio enfrentamiento" entre Rusia y Estados Unidos, cuyas ondas expansivas pueden llegar a la región. "Obviamente, eso es parte del juego", me dijo Hedlund, al referirse a las noticias sobre la posibilidad de que se construyan bases rusas en Venezuela y en Cuba. "Es parte de la guerra psicológica. Vladimir Putin está trazando una línea en la arena para decir: «Ningún otro país vecino ingresará en la OTAN»."

Chris Arcos, un ex alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, me dijo: "Los rusos se sienten acorralados por los países occidentales, y dicen: «¿Por qué no jugar al mismo juego con América latina?». Tienen necesidad de demostrar que todavía no están fuera de combate, que siguen siendo una superpotencia".

Mi opinión: éstas son malas noticias para la región. Es cierto, muchos podrán argumentar que una nueva Guerra Fría obligaría a Washington y a Moscú a prestar más atención a la región y que eso permitiría a algunos países manipular el enfrentamiento entre Washington y Moscú para su propio beneficio.

Pero los riesgos son más grandes que las potenciales oportunidades. Tal como consignamos en esta columna el mes pasado, América del Sur ya ha incrementado sus gastos militares en un 33% en términos reales -después de la inflación- desde 2000. Lo último que necesita la región es convertirse en escenario, por distante que sea, de una nueva lucha entre superpotencias. Eso sólo contribuiría a aumentar los gastos militares, agravar las tensiones regionales, ahuyentar las inversiones y a producir mayor pobreza.