Y PARA ESTO!!!!!!!!!!!!!!! Comienza 'juicio de la valija' que puede salpicar a Chávez y Kirchner
domingo 31 de agosto, 10:02 AM
MIAMI (AFP) - El escándalo por el envío desde Venezuela a Argentina de una maleta con 800.000 dólares, supuesto aporte ilegal de fondos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, comienza a ventilarse el martes en una corte de Miami con el inicio de un juicio de alto impacto político.
Tres venezolanos y un uruguayo están acusados por Estados Unidos de actuar en Miami como agentes encubiertos de Venezuela con el objetivo de convencer al empresario estadounidense-venezolano Guido Antonini Wilson de no revelar el origen y destino del dinero que llevó a Buenos Aires en un maletín.
Antonini Wilson, ex socio en varios negocios de Carlos Kauffman y Franklin Durán --dos de los empresarios venezolanos encausados-- llegó a Buenos Aires el 4 de agosto de 2007 desde Caracas, con un grupo de funcionarios venezolanos y argentinos, y un maletín en su mano.
La maleta del escándalo le fue incautada por la Aduana argentina cuando no supo explicar por qué ingresaba con 800.000 dólares.
Antonini no tuvo que dar más explicaciones y dos días después dejó Argentina, tras participar en algunos eventos durante la visita que esos mismos días realizaba el presidente venezolano Hugo Chávez.
Al conocerse públicamente la incautación de la maleta, el gobierno argentino pidió a Estados Unidos la extradición de Antonini, al que acusó de contrabando y lavado de dinero.
Sin embargo, el curso del escándalo cambio sustancialmente cuando Kauffman y Durán, más el abogado venezolano Moisés Maiónica y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, fueron detenidos en diciembre en Miami.
En las semanas previas los detenidos habían mantenido varias reuniones con Antonini, en las que, según el FBI, le pidían que no dijera de quién era el dinero que llevó a Buenos Aires.
Lo que no supieron quienes ahora están acusados en la justicia estadounidense fue que Antonini colaboraba con el FBI y los grababa.
En una de esas grabaciones, según mencionó el fiscal estadounidense que impulsa el caso, Durán dijo que el dinero del maletín era un aporte de Venezuela a la campaña electoral de Cristina Kirchner, que luego resultó elegida presidenta de Argentina.
El fiscal estadounidense Thomas Mulvihill afirmó en un escrito que el maletín no era de Antonini y que éste "desconocía" que allí había 800.000 dólares.
Cristina Kirchner negó que se tratara de ayuda electoral y calificó esa afirmación como una "operación basura" de Estados Unidos para dañar las buenas relaciones entre Argentina y Venezuela.
La jueza Joan Lenard, a cargo del proceso, tuvo que aclarar en una audiencia días atrás que las espinosas relaciones entre la Casa Blanca y Caracas no van a filtrarse en el juicio.
El gobierno de Chávez ya había acusado al de Bush de intervenir en el caso, cuando pruebas y grabaciones incorporadas por el fiscal estadounidense mencionaron llamados telefónicos del jefe de Inteligencia de Venezuela, Henry Rangel Silva, a Antonini para conversar sobre al caso e indicarle que "sus preocupaciones" serían "atendidas".
El fiscal dijo entonces que a Antonini le ofrecieron 2 millones de dólares para que asumiera que la valija era suya y evitara comprometer al gobierno venezolano en el enredo.
Según el abogado de Durán --el único de los acusados que no se declaró culpable--, Antonini deberá ser citado en el juicio y explicar el fin de su viaje a Buenos Aires, quién le dio el dinero y para qué.
Desde que se convirtió en colaborador clave del FBI, Antonini, que tiene residencia en Miami, ha estado oculto y en absoluto silencio, sin ser requerido por ningún juez en Estados Unidos, donde tampoco avanzó el pedido de extradición de Argentina.
Documentos presentados antes del juicio reflejan que el proceso será escenario de un fuerte fuego cruzado entre Antonini y sus ex socios venezolanos hoy en prisión, quienes ya dejaron entrever por sus abogados que responderán con munición gruesa a la traición de las grabaciones.
Se espera que el proceso, que se extendería varios meses, revele si son ciertos o no los vínculos que evidencias ya incorporadas por la acusación y la defensa tejen entre los venezolanos detenidos, el gobierno de Chávez, el misterioso Antonini Wilson y la presidenta argentina.
LO ATAMO CON ALAMBRE, LO ATAMO En esta tierra santa nadie se espanta si hay un ciclón y no se toma a pecho si cae el techo del comedor. En esta tierra santa nunca nos falta imaginación para arreglar la pava y fijar la cama con precisión. Lo atamo' con alambre, lo atamo', lo atamo' con alambre señor, lo atamo' con alambre, con este hambre no hay otra solución. Cuando el colectivero apriete el freno sin compasión, te pide moneditas y encima grita: "para el dofón". Cuando el almacenero te de fideos con mal sabor, sólo preguntaremos: si tiene huevos deme esos dos. Lo atamo' con alambre, lo atamo', lo atamo' con alambre señor, lo atamo' con alambre como un matambre y que se pudra al sol. Si por la deuda externa usted se enferma de sarampión y llega la enfermera con una enema de boludol. Si viene el fin del mundo en un segundo por la explosión, no te preocupes nena que aún nos queda una salvación. - ¿y cuál es?- Lo atamo' con alambre, lo atamo', lo atamo' con alambre señor, lo atamo' con alambre y con un cachito de cinta Scotch...
TUPAMAROS HASTA LAS MANOS Levantan el secreto a cuentas de Umissa y de Guido Antonini Negocios. La empresa admite vínculos con el empresario de la valija | Colorados y blancos sospechan de varios negocios
EDUARDO DELGADO
La justicia ordenó levantar el secreto bancario de cuatro personas: Guido Antonini Wilson, Alejandro Lagrenade, dueño de Umissa, de Norberto Barcos, su representante en Venezuela y de Gabriela Alcalá. Umissa admite vínculos con Antonini.
La medida judicial fue dispuesta por la jueza Fanny Canessa tras una denuncia policial que recayó en su sede presentada por el padre de un ex socio de Antonini, Franklin Durán Guerrero. Durán está siendo juzgado en Miami acusado de actividades ilegales de inteligencia en territorio estadounidense para el gobierno venezolano, con el fin de encubrir el origen y destino de la valija con casi US$ 800 mil que Antonini Wilson intentó ingresar a Argentina sin declarar.
Canessa dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas que, según la denuncia presentada ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía por el padre de Durán, pertenecen, una a la empresa Umissa y otra tendría como titulares a Antonini, Lagrenade, Barcos y Alcalá.
La magistrada solicitó también al Banco Central que le informe del estado y movimientos de otras cuentas que haya a nombre de los mencionados en la denuncia.
La denuncia de Durán señala que de la cuenta de Umissa que recibió un anticipo de US$ 23.320.050 del gobierno de Venezuela por el contrato de la empresa por US$ 156 millones para la venta de 12.000 kits de casas prefabricadas, se desviaron U$S 18 millones a la cuenta conjunta y que de allí se giraron fondos para Antonini y su esposa en Miami.
Fuentes de Umissa consultadas por El País dijeron que la denuncia de Durán apunta a Antonini y "es una pelea entre dos ex amigos". No obstante reconocieron la vinculación entre el empresario venezolano y Barcos, representante de Umissa en Venezuela, y el pago de servicios a Antonini por compras de materiales para la empresa en las que intermedió el "empresario de la valija".
El padre de Durán presentó una denuncia penal como apoderado de su hijo el martes pasado y sostuvo que de la cuenta de Umissa a la que Venezuela giró el anticipo se transfirieron US$ 18.569.700 a otra cuenta conjunta de Antonini, Barcos, Alcalá y Lagrenade. También señala que de esa cuenta se giraron US$ 868.000 a una cuenta de Antonini y su esposa en un banco extranjero.
En la denuncia, Durán afirma que en el año 2006, Antonini le propuso a su hijo actuar como avalista o reasegurador del contrato que se iba a celebrar entre Umissa y el Ministerio para la Vivienda y Hábitat de Venezuela. El objetivo del contrato era que el gobierno venezolano comprara a Umissa las casas prefabricadas.
El denunciante sostiene que a Umissa se le exigieron garantías del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y del anticipo en dinero que recibiría del ministerio venezolano. Umissa logró ese aval con la empresa venezolana de seguros La Previsora, que a su vez, para respaldar esa póliza, requirió un reaseguro que consistía en un aval solvente. Según Durán, Antonini le propuso a su hijo que lo otorgara.
Agregó que de ese forma, el 15 de agosto de 2006, su hijo se constituyó en el fiador solidario, a cambio del pago de una comisión equivalente a la tasa de mercado, y que ese aval fue complementado con una garantía real que compromete bienes de su patrimonio.
Durán agregó que el 13 de julio de 2008, su hijo comenzó a recibir pedidos de información por parte de la aseguradora venezolana sobre el estado de cumplimiento y avance del contrato. A su vez, el empresario empezó a solicitar a Umissa y a Antonini las explicaciones, rendiciones de cuentas e informes pertinentes.
Agregó que ante las evasivas y falta de respuesta, Durán hijo logró averiguar que el 10 de mayo de 2006, Umissa recibió de Venezuela, el anticipo en su cuenta del banco BBVA en Uruguay y el mismo día US$ 18.569.700 fueron transferidos a la cuenta conjunta de los denunciados.
Según la denuncia, adicionalmente existen datos de que personas vinculadas a Umissa pagaron los honorarios de abogados de Antonini Wilson en Estados Unidos.
La denuncia del padre de Franklin Durán es contra Antonini, Barcos y Umissa, y entre los delitos que señala se pudieron cometer están la apropiación indebida y la asociación para delinquir.
Las fuentes de Umissa consultadas aseguraron que no se realizó ningún contrato con Durán para que avale el seguro que se acordó con la aseguradora venezolana y que tampoco se pagó a ningún abogado de Antonini.
Indicaron que Antonini no es socio de la empresa aunque se admitió que gestionó sin éxito la venta de viviendas prefabricadas a otros países.
Respecto a las cuentas bancarias, las fuentes expresaron que el 80% de los US$ 23: del anticipo financiero que Umissa recibió fueron depositados como garantía y que se auditaron los gastos para insumos y servicios. "No hubo desviación de fondos y lo demostraremos en la Justicia", destacó la fuente.
Se señaló también que los US$ 800.000 que la denuncia sostiene fueron transferidos a Antonini a Miami, fueron por el pago de materiales y comisiones que el empresario venezolano intermedió en Estados Unidos.
"Así como demostramos que las anteriores denuncias eran mentira, lo haremos esta vez", dijeron las fuentes, que señalaron que la empresa está deseosa que la Justicia uruguaya investigue sus cuentas y negocios.
Personajes del caso
Guido Antonini Wilson
empresario venezolano
Intentó ingresar US$ 800 mil a Argentina sin declarar. Luego viajó a EEUU, donde colaboró en la investigación sobre actividades de agentes de inteligencia de Venezuela. Argentina y Venezuela piden su extradición.
Franklin Durán
empresario venezolano
Está detenido en Miami acusado de actividades de inteligencia ilegales. Denunció que fondos destinados a Umissa fueron derivados a cuentas de particulares y que personas cercanas a la empresa pagaron a abogados de Antonini en EEUU.
Alejandro Lagrenade
propietario de umissa
Negoció con Venezuela y logró un acuerdo para exportar 12 mil casas prefabricadas a cambio de US$ 156: Es uno de los denunciados por Durán. Fuentes de la empresa negaron las acusaciones, pero no el relacionamiento con Antonini.
Norberto Barcos
abogado venezolano
Hijo de uruguayos, es el representante de Umissa en Venezuela y quien acercó a la empresa a Antonini Wilson. Dirige la empresa Cerjeca y fue intermediario en acuerdos realizados en el marco del Fondo Bolívar-Artigas.
Fanny Canessa
jueza penal
Es la jueza que con la fiscal Mónica Ferrero tramita el caso. Ordenó el levantamiento del secreto bancario de varias cuentas. La investigación la realiza con el Departamento de Delitos Económicos de la Jefatura a Policía de Montevideo.
Rodolfo Wanseele
uruguayo radicado en eeuu
Fue detenido en Miami por su presunta vinculación con organismos de inteligencia venezolanos. Primero se declaró inocente y luego culpable al igual que dos de los otros tres detenidos. Solo Durán mantiene que es inocente.
Ajeno a acuerdo bilateral
Bernardo Villamil, el abogado que representa legalmente al padre de Franklin Durán, declinó hacer comentarios a El País, pero aclaró que "la denuncia es ajena a los gobiernos de Venezuela y de Uruguay y a los acuerdos entre los dos países". Dijo que se trata de una denuncia entre personas físicas. El negocio de las casas prefabricadas fue presentado por el gobierno como parte de los acuerdos entre ambos países, pese a que se gestó y concretó antes de que los gobiernos de Tabaré Váz-quez y Hugo Chávez realizaran esos acuerdos.
Acciones y vínculos en la mira opositora
Tras conocerse que Guido Antonini Wilson intentó ingresar US$ 800.000 a Argentina sin declarar -los que presuntamente tenían como destino la campaña presidencial de la entonces candidata Cristina Fernández-, y la posterior detención en Miami del empresario, trascendieron datos de sus visitas y actividades en Uruguay.
Legisladores de la oposición marcaron su preocupación sobre las acciones del empresario venezolano en Uruguay y la posibilidad de que tuviera relación con el gobierno o personas cercanas a él, lo que fue negado por autoridades del Poder Ejecutivo y legisladores del Frente Amplio.
Los diputados blancos Pablo Abdala, Gonzalo Novales y Mauricio Cusano presentaron una denuncia penal en la que solicitaron al juez Juan Carlos Fernández Lecchini que investigue las actividades de Antonini en el país.
Empleados de PDVSA Uruguay declararon ante el juez y negaron que esa empresa tenga algún vínculo con Antonini.
A la denuncia de los legisladores nacionalistas se su-mó días atrás la presentada al juez penal Sergio Torres por el diputado colorado Washington Abdala, que pidió se investiguen los negocios hechos al amparo del Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso creado en base al dinero que paga Uruguay a Venezuela por las compras de petróleo. Abdala pidió que se cite a jerarcas y empresarios, entre ellos un hijo del presidente Tabaré Vázquez, que es parte de una empresa que vendió software a Venezuela.
El fiscal Ricardo Perciballe estudia el escrito de Abdala para resolver si solicita medidas al juez Torres.
Proceso por el Valijagate puede ser Caja de Pandora GERARDO REYES Y CASTO OCANDO EL NUEVO HERALD
EL EMPRESARIO Guido Alejandro Antonini y Franklin Durán, cuyo juicio comienza el martes en Miami. Del proceso pudieran desprenderse informaciones que afecten a los gobiernos de Venezuela y Argentina.
Los gobiernos de Venezuela y Argentina, y de reojo, el de Uruguay, tienen su vista puesta en el juicio que comienza este martes en una corte de Miami.
El acusado es el acaudalado empresario venezolano Franklin Durán.
La fiscalía sostiene que Durán fue parte de una confabulación dirigida por el gobierno de Venezuela para encubrir el origen y el destino de un dinero que le fue confiscado en Argentina, a mediados del año pasado, al empresario estadounidense-venezolano Guido Alejandro Antonini.
Pero más allá de la polémica en torno a los tecnicismos del título 18, sección 951, del código de Estados Unidos, cuya violación se le atribuye a Durán, el juicio será un escenario para despejar dudas e intrigas de una historia que empezó con la confiscación de un maletín por una amodorrada guardia de aduanas de Argentina y se transformó en un delicado asunto de relaciones internacionales.
Por el lado de Venezuela, las revelaciones de la fiscalía estadounidense implican a dos gobernaciones chavistas que concluyen este año un mandato de dos períodos consecutivos que inciaron en el 2000. Pero también involucran a altos funcionarios de los ministerios de Finanzas y Educación que, a su vez, podrían convertirse en fuente de más información, si el gobierno federal decide ampliar las ramificaciones de este esquema de sobornos con conexiones bancarias en Miami.
"El gobierno está muy preocupado por la información que podría filtrarse en este juicio, y que centraría la atención en el tema de la corrupción en general del gobierno chavista'', dijo el periodista Nelson Bocaranda, un columnista del diario El Universal, de Caracas, que ha revelado detalles secretos de numerosos casos de corrupción gubernamental.
Bocaranda aseguró que existe una gran expectativa en Venezuela sobre el juicio del llamado caso del maletín, además, por el impacto que podría tener en la campaña electoral.
Si a esa expectativa se le agregan los alegatos de la defensa de que este es un juicio montado por el gobierno de Estados Unidos a un altísimo costo para aborchornar a su peor enemigo en la región, el presidente Hugo Chávez; las ramificaciones del caso en Uruguay y decenas de horas de grabaciones y correos electrónicos que se cruzaron los acusados, el maletín de Antonini se tranformará en una caja de Pandora por obra y arte de la ley y la política.
En el campo jurídico la controversia es clara: la fiscalía federal tendrá que probar que Durán actuó ilegalmente en nombre del gobierno venezolano para presionar a Antonini, un amigo y paisano suyo, a fin de que ocultara el origen y el destino de los $800,000 que llevó a Argentina desde Venezuela.
La defensa argumentará que Durán ignoraba la ambigua y desconocida ley de 1917 que lo obligaba a registrarse como agente extranjero, y que su intervención fue una gestión informal y de buena voluntad, una cosa de amigos.
"Injusticia: enviar a un hombre a prisión por un delito que no sabía que estaba cometiendo en violación de una ley oscura que no sabía que existía y que durante los 90 años de existencia nunca había sido aplicada para una conducta similar a ésta'', escribrió el abogado defensor Ed Shohat a la corte.
En el campo político la situación es más complicada.
Lo más seguro es que el fiscal Tom Mulvihill se vea forzado revivir un episodio del caso que reveló con mucha soltura en las primeras audiencias, pero que eliminó por completo en sus memoriales e intervenciones a partir de la crisis diplomática que originó entre el gobierno de Argentina y el de Estados Unidos.
Se trata de la presunta conexión del dinero de la valija con la campaña de reelección de la actual presi- denta de Argentina, Cristina Fernández.
En un principio la fiscalía alegó que el dinero confiscado a Antonini a su llegada al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en la madrugada del 4 de agosto del año pasado era una contribución secreta del gobierno de Venezuela a esa campaña.
"Durán le avisó a Antonini de que los $800,000 eran para la campaña, la campaña de quien resultó ganadora en las elecciones de Argentina: Cristina de Kirchner'', dijo Mulvihill en la audiencia el 12 de diciembre del año pasado.
El fiscal agregó, citando a Durán, que la campaña había recibido más fondos y que los gobiernos de Argentina y Venezuela habían acordado ‘‘mantener en silencio el papel de Venezuela en ese envío de fondos''.
Fernández calificó de ‘‘basura'' la acusación. Luego de una reunión en febrero de la presidenta con el embajador estadounidense, Earl Wayne, los ánimos se calmaron y el fiscal no volvió a referirse al extremo argentino de la operación.
Se aclararon "zonas oscuras por así decirlo, sentimos que las cosas empezaron a reordenarse'', dijo entonces el jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández.
Pero en el juicio será difícil esquivar el tema. La pregunta es cómo el fiscal se las puede arreglar para convencer a 12 miembros de un jurado de la gravedad de la operación de encubrimiento del dinero, sin explicarles que se trataba de una contribución clandestina a una campaña presidencial.
Y si el fiscal trata de ser escueto en ese aspecto, no se puede esperar lo mismo del abogado defensor, Shohat, quien no ahorrará esfuerzos para determinar el origen y destino del pago.
También sería muy evidente el contraste entre el énfasis que Mulvihill le dará al gobierno de Venezuela en el envío del dinero y el desdén que podría mostrar por su destino, la campaña de Fernández.
Que el fiscal parece más apasionado en el tema de Venezuela, no hay duda. El jueves, Mulvihill sorprendió a la defensa al revelar el contenido de una moción que había radicado en junio y que se había mantenido en secreto.
La moción le pide permiso a la juez del caso, Joan A. Lenard, para que le permita sacar a relucir en el juicio los antecedentes de Durán y de su socio Carlos Kauffmann, también acusado en la misma causa.
Kauffmann se declaró culpable y podría atestiguar contra Durán.
Según el fiscal ambos empresarios pagaron sobornos millonarios a altos funcionarios a nivel nacional y estatal lo mismo que a militares de la Guardia Nacional a cambio de contratos e intermediaciones financieras.
En algunos casos se encargaban de prestar el servicio a los funcionarios, a cambio de una comisión, de depositar en cuentas bajo su nombre los sobornos que recibían y de crear compañías de fachada.
La juez no se ha pronunciado sobre la petición de Mulvihill, calificada por Shohat como oportunista y citada por él como un ejemplo más de que el gobierno tiene planes de hacer un "juicio show'' contra Chávez.
Las revelaciones en el juicio de Durán "acentuarán en la opinión pública venezolana la percepción de que la corrupción es un problema más grave de lo que parece'', explicó a El Nuevo Herald Oscar Schemel, presidente de la firma encuestadora Hinterlaces, que dirigió un estudio sobre la imagen del gobierno el pasado julio.
Schemel dijo que el impacto del juicio en el electorado "va a depender de cómo los medios y la oposición que son críticos a Chávez presenten esta información al público''.
Detalló que una medición realizada dos meses atrás en el área metropolitana de Caracas, registró que un 62 por ciento de los consultados ‘‘piensa que la corrupción se ha agudizado y que este gobierno está plagado de corrupción''. Sin embargo, contrastó, el 45 por ciento de los venezolanos no responsabiliza personalmente de esta situación a Chávez.
En una conversación aportada recientemente por el gobierno, se reveló que el gobierno de Venezuela ofre- cía $2 millones por el silencio de Antonini.
Ademas de Durán, la acusación del 12 de diciembre del año pasado, señaló como responsables de la confabulación para encubrir el dinero confiscado a Antonini a:
* Kauffmann, su socio durante los últimos diez años en negocios de petroquímica, construcción, aviación y finanzas.
* Moisés Maionica, un abogado venezolano que actuó como intermediario entre el gobierno de Venezuela y el grupo de empresarios.
* Rodolfo Wanseele, un empleado uruguayo de una firma de envíos de paquetes de Miami.
* Antonio José Cánchica Gómez, un oficial venezolano que se encuentra prófugo.
Kauffmann, Maionica y Wanseele se declararon culpables.
Las partes no han dado a conocer la lista de testigos, pero a juzgar por algunos documentos radicados en la corte, la fiscalía podría utilizar los testimonios de Kuaffmann, Maionica y Wanseele, del propio Antonini y de por lo menos dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que participaron en la operación.
Quizás el mayor volumen de evidencias del gobierno lo constituye una gran cantidad de grabaciones de voz y de video tomadas por el FBI con el consentimiento de Antonini, quien cooperó con las autoridades en operaciones encubiertas en restaurantes y cafeterías del sur de la Florida.
Mulvihill ha aportado como pruebas fotografías de Daniel y Diego Uzcátegui, padre e hijo. Daniel es un alto ejecutivo de la petrolera oficial de Venezuela, PDVSA. Su hijo iba a bordo del avión en el que aterrizó Antonini en Argentina en agosto. También hay fotos de Victoria Bereziuk, secretaria de Claudio Uberti director del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) de Argentina, otra pasajera del avión; Wilfredo Avila, funcionario de la división de protocolo de PDVSA; Maryori Gutiérrez, no identificada; y Tarek Al Aissami, viceministro de Seguridad Ciudadana de Venezuela.
Shohat sólo ha anunciado públicamente como testigo a una ex funcionaria venezolana que hará declaraciones sobre la práctica generalizada en su país de expedir credenciales de organismos del gobierno y los estamentos militares a ciudadanos prominentes.
Esto por cuanto las autoridades federales hallaron un carné de identidad de la Armada de Venezuela a Durán, al momento de su arresto en la Florida en diciembre del año pasado.
La defensa también está procurando que se acepten como pruebas conversaciones grabadas por Durán con personas que hasta ahora no han sido identificadas.
El juicio a Durán es también una historia de traiciones.
Los principales testigos en su contra eran amigos suyos. Kauffmann compartía con él la afición por los automóviles de lujo, fiestas familiares y las aventuras de negocios.
Durán, de 40 años, soltero, es un técnico superior de mecánica criado en una familia de clase media de Caracas y que escaló económicamente, según sus amigos, por un talento natural para los negocios.
Una de sus primeros incursiones fue la representación en Venezuela a finales de la década de 1980 de Armor Holding, una de las más grandes compañías fabricantes de equipos para seguridad del mundo. Manejó una importadora de licores, fue fundador de una empresa constructora y más tarde urbanizador en la Florida.
Pero quizás el gran salto en los negocios lo dio al vincularse como socio de Venoco y Perfoalca, empresas ligadas a la industria petrolera de Venezuela.
Venoco es una de las empresas privadas de petroquímica más grande de ese país. El mayor cliente de la firma es Estados Unidos, según lo consignó su abogado en una moción del caso.
Dados sus contactos y compromisos de negocios en Estados Unidos, Durán compró una casa en Key Biscayne donde se reunía con su vecino, "El Gordo'' Antonini y Kauffmann, hoy convertidos en sus acusadores tras llegar a un acuerddo con la fiscalía.
Esos acuerdos, según la defensa, salvarían al primero de ser extraditado a Argentina donde afronta cargos de lavado de dinero y contrabando, y al segundo de ser encausado en Estados Unidos por un fraude migratorio.
El redactor de El Nuevo Herald, Casto Ocando, coescribió esta información. ¡Participe en la discusión!
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Ley impone modelo cubano a militares venezolanos CASTO OCANDO El Nuevo Herald PEDRO REY/AFP
El sector militar venezolano sufrirá la más radical transformación en un siglo y será moldeado siguiendo el esquema castrense cubano, de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FAN), las que entraron en vigor por decreto del presidente Hugo Chávez hace tres semanas.
La legislación contempla adscribir la milicia popular bolivariana directamente al Presidente de la República, promueve la creación de redes de inteligencia social inspiradas en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Cuba, y da luz verde a la militarización de la sociedad, según expertos y analistas.
La normativa concede una licencia sin precedentes al primer mandatario nacional en el manejo del poder militar, y le facilita la autoridad --no prevista en anteriores legislaciones-- de otorgar el mando militar sin respetar el orden jerárquico.
De ahora en adelante, los militares podrán ejercer funciones civiles que antes les estaban vedadas legalmente y podrán instaurar un sistema de inteligencia para recolectar información privada a través de los miles de centros comunales, esparcidos por todo el país con fines de seguridad y defensa.
"La nueva Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana militariza la sociedad y coloca a los ciudadanos bajo órdenes militares'', explicó la experta en temas militares Rocío San Miguel, quien preside la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea al sector armado en Venezuela.
El presidente Chávez ha justificado continuamente los cambios legislativos y la reciente adquisición de más de $4,000 millones en armamento, principalmente ruso, argumentando que Venezuela necesita prepararse para la invasión de fuerzas "imperialistas'', y que la población debe ser movilizada para cumplir funciones de defensa en caso de un ataque externo.
Durante un encuentro en Caracas el viernes con su homólogo ecuatoriano Rafael Correa, el mandatario vene- zolano dejó en claro que "es la hora de la independencia'', y dijo que "los invito a no perder ni un sólo día para dar la batalla y derrotar a este nuevo imperio'', refiriéndose al gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, de acuerdo con analistas, las nuevas leyes del sector militar parecen estar diseñadas para aumentar el poder de los militares en todos los aspectos de la vida civil.
Según un estudio de Control Ciudadano sobre la legislación, en el numeral 8 del artículo 4 se establece como funciones de los militares la de "organizar, planificar, dirigir y cotrolar el sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia militar'', sin establecer límites ni normativas adicionales para restringir estas actividades.
"Por el modo cómo ha sido redactada esta norma, los militares no tendrán condiciones ni límites para recopilar información sobre todos los sectores, públicos y privados, a no ser la amenaza contra la seguridad del país'', dijo San Miguel.
El pasado julio, el presidente Chávez ordenó el retiro de una Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que había presentado a la Asamblea Nacional, luego que generara protestas de diversos sectores que cuestionaron el alcance de la legislación.
El mismo artículo 4 amplía el campo de acción de los militares a los servicios civiles, un campo que antes les estaba vedado, lo cual podría conducir a una virtual militarización de la sociedad.
La autorización para que la reserva de las FAN realice funciones de orden público, una actividad constitucional- mente reservada a los cuerpos de seguridad ciudadana no militares, significa una ‘‘militarización de la función policial'' que sería contraproducente, indicó el general retirado Enrique Prieto Silva, experto en legislación militar.
El tema de la milicia es uno de los más polémicos, según los analistas.
Según el artículo 46 de la ley, que define sus principales atribuciones, la milicia cumple más funciones que el resto de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, y está adscrita directamente, sin intermediación de jerarquía, al primer mandatario nacional.
Tres numerales de este artículo definen los aspectos más polémicos. El numeral 11 establece que la milicia podrá ‘‘contribuir y asesorar en la conformación y consolidación de los Comités de Defensa Integral de los Con- sejos Comunales, a fin de fortalecer la unidad cívico-militar''.
El siguiente numeral, el 12, establece que la milicia podrá ‘‘recabar, procesar y difundir la información de los Consejos Comunales, instituciones del sector público y privado, necesaria para la elaboración de los planes, programas, proyectos de desarrollo integral de la nación y movilización nacional''.
El numeral 13 indica que la función de "coordinar con los órganos, entes y dependencias del sector público y privado, la conformación y organización de los Cuerpos Combatientes de Reserva, los cuales dependerán administrativamente de los mismos, con la finalidad de contribuir a la Defensa Integral de la Nación; Supervisar y adiestrar los Cuerpos Combatientes de Reserva, los cuales dependerán operacional- mente del Comando General Nacional de la Milicia Nacional Bolivariana''.
Esas disposiciones de la ley ‘‘activan un sistema de vigilancia sobre la sociedad, que permitirá a las milicias inmiscuirse en todos los aspectos de la vida ciudadana, sin prácticamente ningún límite'', indicó San Miguel.
Dos artículos, el 78 y el 80, ‘‘transforman el paradigma de mando y superioridad que venía funcionando en Venezuela en los últimos 100 años'', según el estudio de Control Ciudadano.
De acuerdo al artículo 78, sólo el Presidente tendrá la facultad de conferir el mando militar efectivo. "Anterior- mente, estas funciones se compartían con el ministerio de Defensa y los mandos de los propios componentes, para lograr un equilibrio. Ahora la facultad es sólo del presidente''.
El artículo 80 establece que "el personal militar en todos los grados o jerarquías estará subordinado al oficial que ostente el mando''.
"Esto quiere decir que un general de división puede estar subordinado a un subteniente, si éste ostenta el mando en una determinada unidad mliitar, conferida por el Presidente'', indicó el reporte de Control Ciudadano.
"Es una forma de disolución de la fuerza armada convencional, tal como se concibe en el mundo moderno'', dijo Orlando Ochoa Terán, un consultor privado de seguridad y experto en inteligencia militar, radicado en Nueva York.
Ochoa puntualizó que se trata de "un quiebre de la obediencia y la disciplina, favoreciendo la lealtad por encima de la jerarquía y la obediencia, principios básicos de toda organización militar''.
Por otro lado, los cambios militares impulsados por Chávez "emulan el proceso de sustitución militar empleado por Fidel Castro en Cuba, que sigue el esquema del pueblo en armas, y la movilización nacional en contra del imperialismo'', agregó Ochoa.
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Y PARA ESTO!!!!!!!!!!!!!!!
Comienza 'juicio de la valija' que puede salpicar a Chávez y Kirchner
domingo 31 de agosto, 10:02 AM
MIAMI (AFP) - El escándalo por el envío desde Venezuela a Argentina de una maleta con 800.000 dólares, supuesto aporte ilegal de fondos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, comienza a ventilarse el martes en una corte de Miami con el inicio de un juicio de alto impacto político.
Tres venezolanos y un uruguayo están acusados por Estados Unidos de actuar en Miami como agentes encubiertos de Venezuela con el objetivo de convencer al empresario estadounidense-venezolano Guido Antonini Wilson de no revelar el origen y destino del dinero que llevó a Buenos Aires en un maletín.
Antonini Wilson, ex socio en varios negocios de Carlos Kauffman y Franklin Durán --dos de los empresarios venezolanos encausados-- llegó a Buenos Aires el 4 de agosto de 2007 desde Caracas, con un grupo de funcionarios venezolanos y argentinos, y un maletín en su mano.
La maleta del escándalo le fue incautada por la Aduana argentina cuando no supo explicar por qué ingresaba con 800.000 dólares.
Antonini no tuvo que dar más explicaciones y dos días después dejó Argentina, tras participar en algunos eventos durante la visita que esos mismos días realizaba el presidente venezolano Hugo Chávez.
Al conocerse públicamente la incautación de la maleta, el gobierno argentino pidió a Estados Unidos la extradición de Antonini, al que acusó de contrabando y lavado de dinero.
Sin embargo, el curso del escándalo cambio sustancialmente cuando Kauffman y Durán, más el abogado venezolano Moisés Maiónica y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, fueron detenidos en diciembre en Miami.
En las semanas previas los detenidos habían mantenido varias reuniones con Antonini, en las que, según el FBI, le pidían que no dijera de quién era el dinero que llevó a Buenos Aires.
Lo que no supieron quienes ahora están acusados en la justicia estadounidense fue que Antonini colaboraba con el FBI y los grababa.
En una de esas grabaciones, según mencionó el fiscal estadounidense que impulsa el caso, Durán dijo que el dinero del maletín era un aporte de Venezuela a la campaña electoral de Cristina Kirchner, que luego resultó elegida presidenta de Argentina.
El fiscal estadounidense Thomas Mulvihill afirmó en un escrito que el maletín no era de Antonini y que éste "desconocía" que allí había 800.000 dólares.
Cristina Kirchner negó que se tratara de ayuda electoral y calificó esa afirmación como una "operación basura" de Estados Unidos para dañar las buenas relaciones entre Argentina y Venezuela.
La jueza Joan Lenard, a cargo del proceso, tuvo que aclarar en una audiencia días atrás que las espinosas relaciones entre la Casa Blanca y Caracas no van a filtrarse en el juicio.
El gobierno de Chávez ya había acusado al de Bush de intervenir en el caso, cuando pruebas y grabaciones incorporadas por el fiscal estadounidense mencionaron llamados telefónicos del jefe de Inteligencia de Venezuela, Henry Rangel Silva, a Antonini para conversar sobre al caso e indicarle que "sus preocupaciones" serían "atendidas".
El fiscal dijo entonces que a Antonini le ofrecieron 2 millones de dólares para que asumiera que la valija era suya y evitara comprometer al gobierno venezolano en el enredo.
Según el abogado de Durán --el único de los acusados que no se declaró culpable--, Antonini deberá ser citado en el juicio y explicar el fin de su viaje a Buenos Aires, quién le dio el dinero y para qué.
Desde que se convirtió en colaborador clave del FBI, Antonini, que tiene residencia en Miami, ha estado oculto y en absoluto silencio, sin ser requerido por ningún juez en Estados Unidos, donde tampoco avanzó el pedido de extradición de Argentina.
Documentos presentados antes del juicio reflejan que el proceso será escenario de un fuerte fuego cruzado entre Antonini y sus ex socios venezolanos hoy en prisión, quienes ya dejaron entrever por sus abogados que responderán con munición gruesa a la traición de las grabaciones.
Se espera que el proceso, que se extendería varios meses, revele si son ciertos o no los vínculos que evidencias ya incorporadas por la acusación y la defensa tejen entre los venezolanos detenidos, el gobierno de Chávez, el misterioso Antonini Wilson y la presidenta argentina.
LO ATAMO CON ALAMBRE, LO ATAMO
En esta tierra santa nadie se espanta si hay un ciclón
y no se toma a pecho si cae el techo del comedor.
En esta tierra santa nunca nos falta imaginación
para arreglar la pava y fijar la cama con precisión.
Lo atamo' con alambre, lo atamo', lo atamo' con alambre señor,
lo atamo' con alambre, con este hambre no hay otra solución.
Cuando el colectivero apriete el freno sin compasión,
te pide moneditas y encima grita: "para el dofón".
Cuando el almacenero te de fideos con mal sabor,
sólo preguntaremos: si tiene huevos deme esos dos.
Lo atamo' con alambre, lo atamo', lo atamo' con alambre señor,
lo atamo' con alambre como un matambre y que se pudra al sol.
Si por la deuda externa usted se enferma de sarampión
y llega la enfermera con una enema de boludol.
Si viene el fin del mundo en un segundo por la explosión,
no te preocupes nena que aún nos queda una salvación.
- ¿y cuál es?-
Lo atamo' con alambre, lo atamo', lo atamo' con alambre señor,
lo atamo' con alambre y con un cachito de cinta Scotch...
Fuente: musica.com
Ignacio Copani
VIDEO DE "LO ATAMO CON ALAMBRE"
http://br.youtube.com/watch?v=
9ZOBiLqbfBU
CRISTINA FENANDEZ:
No te creo nada video de Ignacio Copani
http://br.youtube.com/watch?v=
-Ed-mUI6Mow&feature=related
CUIDADO CON LOS LADRONES
Video de Ignacio Copani
http://br.youtube.com/watch?v=
tf_HoJFdr4A&feature=related
TUPAMAROS HASTA LAS MANOS
Levantan el secreto a cuentas de Umissa y de Guido Antonini
Negocios. La empresa admite vínculos con el empresario de la valija | Colorados y blancos sospechan de varios negocios
EDUARDO DELGADO
La justicia ordenó levantar el secreto bancario de cuatro personas: Guido Antonini Wilson, Alejandro Lagrenade, dueño de Umissa, de Norberto Barcos, su representante en Venezuela y de Gabriela Alcalá. Umissa admite vínculos con Antonini.
La medida judicial fue dispuesta por la jueza Fanny Canessa tras una denuncia policial que recayó en su sede presentada por el padre de un ex socio de Antonini, Franklin Durán Guerrero. Durán está siendo juzgado en Miami acusado de actividades ilegales de inteligencia en territorio estadounidense para el gobierno venezolano, con el fin de encubrir el origen y destino de la valija con casi US$ 800 mil que Antonini Wilson intentó ingresar a Argentina sin declarar.
Canessa dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas que, según la denuncia presentada ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía por el padre de Durán, pertenecen, una a la empresa Umissa y otra tendría como titulares a Antonini, Lagrenade, Barcos y Alcalá.
La magistrada solicitó también al Banco Central que le informe del estado y movimientos de otras cuentas que haya a nombre de los mencionados en la denuncia.
La denuncia de Durán señala que de la cuenta de Umissa que recibió un anticipo de US$ 23.320.050 del gobierno de Venezuela por el contrato de la empresa por US$ 156 millones para la venta de 12.000 kits de casas prefabricadas, se desviaron U$S 18 millones a la cuenta conjunta y que de allí se giraron fondos para Antonini y su esposa en Miami.
Fuentes de Umissa consultadas por El País dijeron que la denuncia de Durán apunta a Antonini y "es una pelea entre dos ex amigos". No obstante reconocieron la vinculación entre el empresario venezolano y Barcos, representante de Umissa en Venezuela, y el pago de servicios a Antonini por compras de materiales para la empresa en las que intermedió el "empresario de la valija".
El padre de Durán presentó una denuncia penal como apoderado de su hijo el martes pasado y sostuvo que de la cuenta de Umissa a la que Venezuela giró el anticipo se transfirieron US$ 18.569.700 a otra cuenta conjunta de Antonini, Barcos, Alcalá y Lagrenade. También señala que de esa cuenta se giraron US$ 868.000 a una cuenta de Antonini y su esposa en un banco extranjero.
En la denuncia, Durán afirma que en el año 2006, Antonini le propuso a su hijo actuar como avalista o reasegurador del contrato que se iba a celebrar entre Umissa y el Ministerio para la Vivienda y Hábitat de Venezuela. El objetivo del contrato era que el gobierno venezolano comprara a Umissa las casas prefabricadas.
El denunciante sostiene que a Umissa se le exigieron garantías del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y del anticipo en dinero que recibiría del ministerio venezolano. Umissa logró ese aval con la empresa venezolana de seguros La Previsora, que a su vez, para respaldar esa póliza, requirió un reaseguro que consistía en un aval solvente. Según Durán, Antonini le propuso a su hijo que lo otorgara.
Agregó que de ese forma, el 15 de agosto de 2006, su hijo se constituyó en el fiador solidario, a cambio del pago de una comisión equivalente a la tasa de mercado, y que ese aval fue complementado con una garantía real que compromete bienes de su patrimonio.
Durán agregó que el 13 de julio de 2008, su hijo comenzó a recibir pedidos de información por parte de la aseguradora venezolana sobre el estado de cumplimiento y avance del contrato. A su vez, el empresario empezó a solicitar a Umissa y a Antonini las explicaciones, rendiciones de cuentas e informes pertinentes.
Agregó que ante las evasivas y falta de respuesta, Durán hijo logró averiguar que el 10 de mayo de 2006, Umissa recibió de Venezuela, el anticipo en su cuenta del banco BBVA en Uruguay y el mismo día US$ 18.569.700 fueron transferidos a la cuenta conjunta de los denunciados.
Según la denuncia, adicionalmente existen datos de que personas vinculadas a Umissa pagaron los honorarios de abogados de Antonini Wilson en Estados Unidos.
La denuncia del padre de Franklin Durán es contra Antonini, Barcos y Umissa, y entre los delitos que señala se pudieron cometer están la apropiación indebida y la asociación para delinquir.
Las fuentes de Umissa consultadas aseguraron que no se realizó ningún contrato con Durán para que avale el seguro que se acordó con la aseguradora venezolana y que tampoco se pagó a ningún abogado de Antonini.
Indicaron que Antonini no es socio de la empresa aunque se admitió que gestionó sin éxito la venta de viviendas prefabricadas a otros países.
Respecto a las cuentas bancarias, las fuentes expresaron que el 80% de los US$ 23: del anticipo financiero que Umissa recibió fueron depositados como garantía y que se auditaron los gastos para insumos y servicios. "No hubo desviación de fondos y lo demostraremos en la Justicia", destacó la fuente.
Se señaló también que los US$ 800.000 que la denuncia sostiene fueron transferidos a Antonini a Miami, fueron por el pago de materiales y comisiones que el empresario venezolano intermedió en Estados Unidos.
"Así como demostramos que las anteriores denuncias eran mentira, lo haremos esta vez", dijeron las fuentes, que señalaron que la empresa está deseosa que la Justicia uruguaya investigue sus cuentas y negocios.
Personajes del caso
Guido Antonini Wilson
empresario venezolano
Intentó ingresar US$ 800 mil a Argentina sin declarar. Luego viajó a EEUU, donde colaboró en la investigación sobre actividades de agentes de inteligencia de Venezuela. Argentina y Venezuela piden su extradición.
Franklin Durán
empresario venezolano
Está detenido en Miami acusado de actividades de inteligencia ilegales. Denunció que fondos destinados a Umissa fueron derivados a cuentas de particulares y que personas cercanas a la empresa pagaron a abogados de Antonini en EEUU.
Alejandro Lagrenade
propietario de umissa
Negoció con Venezuela y logró un acuerdo para exportar 12 mil casas prefabricadas a cambio de US$ 156: Es uno de los denunciados por Durán. Fuentes de la empresa negaron las acusaciones, pero no el relacionamiento con Antonini.
Norberto Barcos
abogado venezolano
Hijo de uruguayos, es el representante de Umissa en Venezuela y quien acercó a la empresa a Antonini Wilson. Dirige la empresa Cerjeca y fue intermediario en acuerdos realizados en el marco del Fondo Bolívar-Artigas.
Fanny Canessa
jueza penal
Es la jueza que con la fiscal Mónica Ferrero tramita el caso. Ordenó el levantamiento del secreto bancario de varias cuentas. La investigación la realiza con el Departamento de Delitos Económicos de la Jefatura a Policía de Montevideo.
Rodolfo Wanseele
uruguayo radicado en eeuu
Fue detenido en Miami por su presunta vinculación con organismos de inteligencia venezolanos. Primero se declaró inocente y luego culpable al igual que dos de los otros tres detenidos. Solo Durán mantiene que es inocente.
Ajeno a acuerdo bilateral
Bernardo Villamil, el abogado que representa legalmente al padre de Franklin Durán, declinó hacer comentarios a El País, pero aclaró que "la denuncia es ajena a los gobiernos de Venezuela y de Uruguay y a los acuerdos entre los dos países". Dijo que se trata de una denuncia entre personas físicas. El negocio de las casas prefabricadas fue presentado por el gobierno como parte de los acuerdos entre ambos países, pese a que se gestó y concretó antes de que los gobiernos de Tabaré Váz-quez y Hugo Chávez realizaran esos acuerdos.
Acciones y vínculos en la mira opositora
Tras conocerse que Guido Antonini Wilson intentó ingresar US$ 800.000 a Argentina sin declarar -los que presuntamente tenían como destino la campaña presidencial de la entonces candidata Cristina Fernández-, y la posterior detención en Miami del empresario, trascendieron datos de sus visitas y actividades en Uruguay.
Legisladores de la oposición marcaron su preocupación sobre las acciones del empresario venezolano en Uruguay y la posibilidad de que tuviera relación con el gobierno o personas cercanas a él, lo que fue negado por autoridades del Poder Ejecutivo y legisladores del Frente Amplio.
Los diputados blancos Pablo Abdala, Gonzalo Novales y Mauricio Cusano presentaron una denuncia penal en la que solicitaron al juez Juan Carlos Fernández Lecchini que investigue las actividades de Antonini en el país.
Empleados de PDVSA Uruguay declararon ante el juez y negaron que esa empresa tenga algún vínculo con Antonini.
A la denuncia de los legisladores nacionalistas se su-mó días atrás la presentada al juez penal Sergio Torres por el diputado colorado Washington Abdala, que pidió se investiguen los negocios hechos al amparo del Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso creado en base al dinero que paga Uruguay a Venezuela por las compras de petróleo. Abdala pidió que se cite a jerarcas y empresarios, entre ellos un hijo del presidente Tabaré Vázquez, que es parte de una empresa que vendió software a Venezuela.
El fiscal Ricardo Perciballe estudia el escrito de Abdala para resolver si solicita medidas al juez Torres.
Proceso por el Valijagate puede ser Caja de Pandora
GERARDO REYES Y CASTO OCANDO
EL NUEVO HERALD
EL EMPRESARIO Guido Alejandro Antonini y Franklin Durán, cuyo juicio comienza el martes en Miami. Del proceso pudieran desprenderse informaciones que afecten a los gobiernos de Venezuela y Argentina.
Los gobiernos de Venezuela y Argentina, y de reojo, el de Uruguay, tienen su vista puesta en el juicio que comienza este martes en una corte de Miami.
El acusado es el acaudalado empresario venezolano Franklin Durán.
La fiscalía sostiene que Durán fue parte de una confabulación dirigida por el gobierno de Venezuela para encubrir el origen y el destino de un dinero que le fue confiscado en Argentina, a mediados del año pasado, al empresario estadounidense-venezolano Guido Alejandro Antonini.
Pero más allá de la polémica en torno a los tecnicismos del título 18, sección 951, del código de Estados Unidos, cuya violación se le atribuye a Durán, el juicio será un escenario para despejar dudas e intrigas de una historia que empezó con la confiscación de un maletín por una amodorrada guardia de aduanas de Argentina y se transformó en un delicado asunto de relaciones internacionales.
Por el lado de Venezuela, las revelaciones de la fiscalía estadounidense implican a dos gobernaciones chavistas que concluyen este año un mandato de dos períodos consecutivos que inciaron en el 2000. Pero también involucran a altos funcionarios de los ministerios de Finanzas y Educación que, a su vez, podrían convertirse en fuente de más información, si el gobierno federal decide ampliar las ramificaciones de este esquema de sobornos con conexiones bancarias en Miami.
"El gobierno está muy preocupado por la información que podría filtrarse en este juicio, y que centraría la atención en el tema de la corrupción en general del gobierno chavista'', dijo el periodista Nelson Bocaranda, un columnista del diario El Universal, de Caracas, que ha revelado detalles secretos de numerosos casos de corrupción gubernamental.
Bocaranda aseguró que existe una gran expectativa en Venezuela sobre el juicio del llamado caso del maletín, además, por el impacto que podría tener en la campaña electoral.
Si a esa expectativa se le agregan los alegatos de la defensa de que este es un juicio montado por el gobierno de Estados Unidos a un altísimo costo para aborchornar a su peor enemigo en la región, el presidente Hugo Chávez; las ramificaciones del caso en Uruguay y decenas de horas de grabaciones y correos electrónicos que se cruzaron los acusados, el maletín de Antonini se tranformará en una caja de Pandora por obra y arte de la ley y la política.
En el campo jurídico la controversia es clara: la fiscalía federal tendrá que probar que Durán actuó ilegalmente en nombre del gobierno venezolano para presionar a Antonini, un amigo y paisano suyo, a fin de que ocultara el origen y el destino de los $800,000 que llevó a Argentina desde Venezuela.
La defensa argumentará que Durán ignoraba la ambigua y desconocida ley de 1917 que lo obligaba a registrarse como agente extranjero, y que su intervención fue una gestión informal y de buena voluntad, una cosa de amigos.
"Injusticia: enviar a un hombre a prisión por un delito que no sabía que estaba cometiendo en violación de una ley oscura que no sabía que existía y que durante los 90 años de existencia nunca había sido aplicada para una conducta similar a ésta'', escribrió el abogado defensor Ed Shohat a la corte.
En el campo político la situación es más complicada.
Lo más seguro es que el fiscal Tom Mulvihill se vea forzado revivir un episodio del caso que reveló con mucha soltura en las primeras audiencias, pero que eliminó por completo en sus memoriales e intervenciones a partir de la crisis diplomática que originó entre el gobierno de Argentina y el de Estados Unidos.
Se trata de la presunta conexión del dinero de la valija con la campaña de reelección de la actual presi- denta de Argentina, Cristina Fernández.
En un principio la fiscalía alegó que el dinero confiscado a Antonini a su llegada al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en la madrugada del 4 de agosto del año pasado era una contribución secreta del gobierno de Venezuela a esa campaña.
"Durán le avisó a Antonini de que los $800,000 eran para la campaña, la campaña de quien resultó ganadora en las elecciones de Argentina: Cristina de Kirchner'', dijo Mulvihill en la audiencia el 12 de diciembre del año pasado.
El fiscal agregó, citando a Durán, que la campaña había recibido más fondos y que los gobiernos de Argentina y Venezuela habían acordado ‘‘mantener en silencio el papel de Venezuela en ese envío de fondos''.
Fernández calificó de ‘‘basura'' la acusación. Luego de una reunión en febrero de la presidenta con el embajador estadounidense, Earl Wayne, los ánimos se calmaron y el fiscal no volvió a referirse al extremo argentino de la operación.
Se aclararon "zonas oscuras por así decirlo, sentimos que las cosas empezaron a reordenarse'', dijo entonces el jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández.
Pero en el juicio será difícil esquivar el tema. La pregunta es cómo el fiscal se las puede arreglar para convencer a 12 miembros de un jurado de la gravedad de la operación de encubrimiento del dinero, sin explicarles que se trataba de una contribución clandestina a una campaña presidencial.
Y si el fiscal trata de ser escueto en ese aspecto, no se puede esperar lo mismo del abogado defensor, Shohat, quien no ahorrará esfuerzos para determinar el origen y destino del pago.
También sería muy evidente el contraste entre el énfasis que Mulvihill le dará al gobierno de Venezuela en el envío del dinero y el desdén que podría mostrar por su destino, la campaña de Fernández.
Que el fiscal parece más apasionado en el tema de Venezuela, no hay duda. El jueves, Mulvihill sorprendió a la defensa al revelar el contenido de una moción que había radicado en junio y que se había mantenido en secreto.
La moción le pide permiso a la juez del caso, Joan A. Lenard, para que le permita sacar a relucir en el juicio los antecedentes de Durán y de su socio Carlos Kauffmann, también acusado en la misma causa.
Kauffmann se declaró culpable y podría atestiguar contra Durán.
Según el fiscal ambos empresarios pagaron sobornos millonarios a altos funcionarios a nivel nacional y estatal lo mismo que a militares de la Guardia Nacional a cambio de contratos e intermediaciones financieras.
En algunos casos se encargaban de prestar el servicio a los funcionarios, a cambio de una comisión, de depositar en cuentas bajo su nombre los sobornos que recibían y de crear compañías de fachada.
La juez no se ha pronunciado sobre la petición de Mulvihill, calificada por Shohat como oportunista y citada por él como un ejemplo más de que el gobierno tiene planes de hacer un "juicio show'' contra Chávez.
Las revelaciones en el juicio de Durán "acentuarán en la opinión pública venezolana la percepción de que la corrupción es un problema más grave de lo que parece'', explicó a El Nuevo Herald Oscar Schemel, presidente de la firma encuestadora Hinterlaces, que dirigió un estudio sobre la imagen del gobierno el pasado julio.
Schemel dijo que el impacto del juicio en el electorado "va a depender de cómo los medios y la oposición que son críticos a Chávez presenten esta información al público''.
Detalló que una medición realizada dos meses atrás en el área metropolitana de Caracas, registró que un 62 por ciento de los consultados ‘‘piensa que la corrupción se ha agudizado y que este gobierno está plagado de corrupción''. Sin embargo, contrastó, el 45 por ciento de los venezolanos no responsabiliza personalmente de esta situación a Chávez.
En una conversación aportada recientemente por el gobierno, se reveló que el gobierno de Venezuela ofre- cía $2 millones por el silencio de Antonini.
Ademas de Durán, la acusación del 12 de diciembre del año pasado, señaló como responsables de la confabulación para encubrir el dinero confiscado a Antonini a:
* Kauffmann, su socio durante los últimos diez años en negocios de petroquímica, construcción, aviación y finanzas.
* Moisés Maionica, un abogado venezolano que actuó como intermediario entre el gobierno de Venezuela y el grupo de empresarios.
* Rodolfo Wanseele, un empleado uruguayo de una firma de envíos de paquetes de Miami.
* Antonio José Cánchica Gómez, un oficial venezolano que se encuentra prófugo.
Kauffmann, Maionica y Wanseele se declararon culpables.
Las partes no han dado a conocer la lista de testigos, pero a juzgar por algunos documentos radicados en la corte, la fiscalía podría utilizar los testimonios de Kuaffmann, Maionica y Wanseele, del propio Antonini y de por lo menos dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que participaron en la operación.
Quizás el mayor volumen de evidencias del gobierno lo constituye una gran cantidad de grabaciones de voz y de video tomadas por el FBI con el consentimiento de Antonini, quien cooperó con las autoridades en operaciones encubiertas en restaurantes y cafeterías del sur de la Florida.
Mulvihill ha aportado como pruebas fotografías de Daniel y Diego Uzcátegui, padre e hijo. Daniel es un alto ejecutivo de la petrolera oficial de Venezuela, PDVSA. Su hijo iba a bordo del avión en el que aterrizó Antonini en Argentina en agosto. También hay fotos de Victoria Bereziuk, secretaria de Claudio Uberti director del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) de Argentina, otra pasajera del avión; Wilfredo Avila, funcionario de la división de protocolo de PDVSA; Maryori Gutiérrez, no identificada; y Tarek Al Aissami, viceministro de Seguridad Ciudadana de Venezuela.
Shohat sólo ha anunciado públicamente como testigo a una ex funcionaria venezolana que hará declaraciones sobre la práctica generalizada en su país de expedir credenciales de organismos del gobierno y los estamentos militares a ciudadanos prominentes.
Esto por cuanto las autoridades federales hallaron un carné de identidad de la Armada de Venezuela a Durán, al momento de su arresto en la Florida en diciembre del año pasado.
La defensa también está procurando que se acepten como pruebas conversaciones grabadas por Durán con personas que hasta ahora no han sido identificadas.
El juicio a Durán es también una historia de traiciones.
Los principales testigos en su contra eran amigos suyos. Kauffmann compartía con él la afición por los automóviles de lujo, fiestas familiares y las aventuras de negocios.
Durán, de 40 años, soltero, es un técnico superior de mecánica criado en una familia de clase media de Caracas y que escaló económicamente, según sus amigos, por un talento natural para los negocios.
Una de sus primeros incursiones fue la representación en Venezuela a finales de la década de 1980 de Armor Holding, una de las más grandes compañías fabricantes de equipos para seguridad del mundo. Manejó una importadora de licores, fue fundador de una empresa constructora y más tarde urbanizador en la Florida.
Pero quizás el gran salto en los negocios lo dio al vincularse como socio de Venoco y Perfoalca, empresas ligadas a la industria petrolera de Venezuela.
Venoco es una de las empresas privadas de petroquímica más grande de ese país. El mayor cliente de la firma es Estados Unidos, según lo consignó su abogado en una moción del caso.
Dados sus contactos y compromisos de negocios en Estados Unidos, Durán compró una casa en Key Biscayne donde se reunía con su vecino, "El Gordo'' Antonini y Kauffmann, hoy convertidos en sus acusadores tras llegar a un acuerddo con la fiscalía.
Esos acuerdos, según la defensa, salvarían al primero de ser extraditado a Argentina donde afronta cargos de lavado de dinero y contrabando, y al segundo de ser encausado en Estados Unidos por un fraude migratorio.
El redactor de El Nuevo Herald, Casto Ocando, coescribió esta información.
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Ley impone modelo cubano a militares venezolanos
CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
PEDRO REY/AFP
El sector militar venezolano sufrirá la más radical transformación en un siglo y será moldeado siguiendo el esquema castrense cubano, de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FAN), las que entraron en vigor por decreto del presidente Hugo Chávez hace tres semanas.
La legislación contempla adscribir la milicia popular bolivariana directamente al Presidente de la República, promueve la creación de redes de inteligencia social inspiradas en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Cuba, y da luz verde a la militarización de la sociedad, según expertos y analistas.
La normativa concede una licencia sin precedentes al primer mandatario nacional en el manejo del poder militar, y le facilita la autoridad --no prevista en anteriores legislaciones-- de otorgar el mando militar sin respetar el orden jerárquico.
De ahora en adelante, los militares podrán ejercer funciones civiles que antes les estaban vedadas legalmente y podrán instaurar un sistema de inteligencia para recolectar información privada a través de los miles de centros comunales, esparcidos por todo el país con fines de seguridad y defensa.
"La nueva Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana militariza la sociedad y coloca a los ciudadanos bajo órdenes militares'', explicó la experta en temas militares Rocío San Miguel, quien preside la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea al sector armado en Venezuela.
El presidente Chávez ha justificado continuamente los cambios legislativos y la reciente adquisición de más de $4,000 millones en armamento, principalmente ruso, argumentando que Venezuela necesita prepararse para la invasión de fuerzas "imperialistas'', y que la población debe ser movilizada para cumplir funciones de defensa en caso de un ataque externo.
Durante un encuentro en Caracas el viernes con su homólogo ecuatoriano Rafael Correa, el mandatario vene- zolano dejó en claro que "es la hora de la independencia'', y dijo que "los invito a no perder ni un sólo día para dar la batalla y derrotar a este nuevo imperio'', refiriéndose al gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, de acuerdo con analistas, las nuevas leyes del sector militar parecen estar diseñadas para aumentar el poder de los militares en todos los aspectos de la vida civil.
Según un estudio de Control Ciudadano sobre la legislación, en el numeral 8 del artículo 4 se establece como funciones de los militares la de "organizar, planificar, dirigir y cotrolar el sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia militar'', sin establecer límites ni normativas adicionales para restringir estas actividades.
"Por el modo cómo ha sido redactada esta norma, los militares no tendrán condiciones ni límites para recopilar información sobre todos los sectores, públicos y privados, a no ser la amenaza contra la seguridad del país'', dijo San Miguel.
El pasado julio, el presidente Chávez ordenó el retiro de una Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que había presentado a la Asamblea Nacional, luego que generara protestas de diversos sectores que cuestionaron el alcance de la legislación.
El mismo artículo 4 amplía el campo de acción de los militares a los servicios civiles, un campo que antes les estaba vedado, lo cual podría conducir a una virtual militarización de la sociedad.
La autorización para que la reserva de las FAN realice funciones de orden público, una actividad constitucional- mente reservada a los cuerpos de seguridad ciudadana no militares, significa una ‘‘militarización de la función policial'' que sería contraproducente, indicó el general retirado Enrique Prieto Silva, experto en legislación militar.
El tema de la milicia es uno de los más polémicos, según los analistas.
Según el artículo 46 de la ley, que define sus principales atribuciones, la milicia cumple más funciones que el resto de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, y está adscrita directamente, sin intermediación de jerarquía, al primer mandatario nacional.
Tres numerales de este artículo definen los aspectos más polémicos. El numeral 11 establece que la milicia podrá ‘‘contribuir y asesorar en la conformación y consolidación de los Comités de Defensa Integral de los Con- sejos Comunales, a fin de fortalecer la unidad cívico-militar''.
El siguiente numeral, el 12, establece que la milicia podrá ‘‘recabar, procesar y difundir la información de los Consejos Comunales, instituciones del sector público y privado, necesaria para la elaboración de los planes, programas, proyectos de desarrollo integral de la nación y movilización nacional''.
El numeral 13 indica que la función de "coordinar con los órganos, entes y dependencias del sector público y privado, la conformación y organización de los Cuerpos Combatientes de Reserva, los cuales dependerán administrativamente de los mismos, con la finalidad de contribuir a la Defensa Integral de la Nación; Supervisar y adiestrar los Cuerpos Combatientes de Reserva, los cuales dependerán operacional- mente del Comando General Nacional de la Milicia Nacional Bolivariana''.
Esas disposiciones de la ley ‘‘activan un sistema de vigilancia sobre la sociedad, que permitirá a las milicias inmiscuirse en todos los aspectos de la vida ciudadana, sin prácticamente ningún límite'', indicó San Miguel.
Dos artículos, el 78 y el 80, ‘‘transforman el paradigma de mando y superioridad que venía funcionando en Venezuela en los últimos 100 años'', según el estudio de Control Ciudadano.
De acuerdo al artículo 78, sólo el Presidente tendrá la facultad de conferir el mando militar efectivo. "Anterior- mente, estas funciones se compartían con el ministerio de Defensa y los mandos de los propios componentes, para lograr un equilibrio. Ahora la facultad es sólo del presidente''.
El artículo 80 establece que "el personal militar en todos los grados o jerarquías estará subordinado al oficial que ostente el mando''.
"Esto quiere decir que un general de división puede estar subordinado a un subteniente, si éste ostenta el mando en una determinada unidad mliitar, conferida por el Presidente'', indicó el reporte de Control Ciudadano.
"Es una forma de disolución de la fuerza armada convencional, tal como se concibe en el mundo moderno'', dijo Orlando Ochoa Terán, un consultor privado de seguridad y experto en inteligencia militar, radicado en Nueva York.
Ochoa puntualizó que se trata de "un quiebre de la obediencia y la disciplina, favoreciendo la lealtad por encima de la jerarquía y la obediencia, principios básicos de toda organización militar''.
Por otro lado, los cambios militares impulsados por Chávez "emulan el proceso de sustitución militar empleado por Fidel Castro en Cuba, que sigue el esquema del pueblo en armas, y la movilización nacional en contra del imperialismo'', agregó Ochoa.
ocasto@herald.com
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