Los caprichos de las "Abuelas"...

Abuelitas...¡¡pero qué narices tan grande tienen!!

Desde 2003 en el juzgado del Dr. Norberto Oyarbide se discute mi identidad biológica a raíz de una insólita denuncia interpuesta por la Sra. Jorgelina Azzarri de Pereyra, titular de la filial La Plata de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, quien acusó a mis padres biológicos de haberse apropiarse ilegalmente de un menor durante el proceso militar (causa nro. 7602/03, caratulada: “Mancuso, Carlos Angel y otra s/supresión del estado civil de un menor (art. 139, inc. 2), sustracción de menores de 10 años (art. 146), falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica”).

Un examen de ADN realizado por del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional con la colaboración PRICAI y la Fundación Favaloro, CONFIRMÓ POR UN PORCENTAJE SUPERIOR AL 99,9999999 % QUE SOY HIJO BIOLÓGICO DE CARLOS ANGEL MANCUSO Y DORA IGNACIA GIMÉNEZ; sin embargo, pese a que había arrojado certeza absoluta con máximo reconocimiento científico-profesional, gracias a "chicanas jurídicas” fue declarado nulo por la Sala II de la Cámara Federal, pretendiéndose ahora (porque es políticamente correcto) extraernos nuevamente sangre para ser analizada en el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismo ligado a Abuelas de Plaza de Mayo.

El pasado 25 de junio de este año el Dr. Oyarbide, contrariamente a lo que venía requiriendo la querella, ordena que se recree el examen anulado a fin de que se compare nuevamente mi ADN con mis padres “biológicos” excluyéndose en esta oportunidad a la querellante. Esto confirmará lo que ya todos sabíamos desde los primeros meses del 2004 cuando el Cuerpo Médico Forense elevó el resultado.

Qué habrá pasado para que ahora la querella se autoexcluya y el magistrado cambie radicalmente la terminología pasando de señalar a mis padres como “presuntos apropiadores” a referirse a ellos con el término “sus padres”. La respuesta es sencilla, a principios de este año, mi padre se presentó espontáneamente (conf. arts. 73 y 279 del CPPN), y aportó una hipótesis concreta y fundada por la cual si la justicia quiere se podría comprobar que las “supuestas denuncias anónimas” que Abuelas de Plaza de Mayo dice haber recibido, no existirían, sino que se trataría de una “causa armada” que tenía por objeto poner a mis padres en una condición desfavorable ante la justicia de menores de San Martín donde se discutía por aquel momento la guarda de su ahijada, pretendiéndose mostrar a mi padre como un represor además acusado de apropiador de un menor, situación que obviamente lo ponía en una situación de marginación social.

Esta sospecha cuenta con el respaldo de abundante documentación agregada a la causa. Casualmente fue la Sra. de Carlotto quien se había involucrado por el año 2003 en aquel expediente del juzgado de menores, donde llegó a presentar una nota suscripta junto a un grupo de legisladores apoyando a los tíos de la menor.

Entonces, fue ¿casualidad o causalidad?, ¿habrá tenido algo que ver que el abogado de los tíos de esa niña esté vinculado a la Sra. de Carlotto?. Honestamente yo también había cedido y, resignado a tener que demostrar lo obvio, consentí que se pueda volver a realizar el estudio anulado en 2005 por la Sala II de la Cámara Federal que primero había declarado “abstracta” la objeción de la querella en cuanto requería que el ADN se practique en el BNDG.

Fue recién un segundo recurso intentado por Azzarri de Pereyra lo que le permitió cambiar el eje de la discusión y llegar a esta nulidad.

Recientemente, y más allá de las marcadas diferencias, aparece el fallo de la Corte Suprema en el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble dueña del Grupo Clarín, Marcela y Felipe Noble, por el cual se les permitió a estos hermanos realizar el ADN en el Cuerpo Médico Forense. ¿Porqué los Noble pueden negarse a ir al BNDG y a los Mancuso no? ¿Será que para la justicia no todos somos iguales?.

También sostuvimos que no puede considerarse perito oficial al BNDG ya que la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo (donde Azzarri de Pereyra ocupa un cargo directivo), integra el consejo asesor de dicho banco para temas relacionados con personas desaparecidas (ver Decreto 700/89 reglamentario de la ley 23.511); pero el Dr. Oyarbide pareció no advertirlo. Nuestra oposición no es un capricho, entendemos que al no existir en la causa la más mínima duda de mi origen, no corresponde la intervención de un Banco Nacional de Datos Genéticos, menos aún cuando ese banco procesa datos de familiares de personas desaparecidas y los archiva para posteriores entrecruzamientos.

Hasta la fecha tampoco me han dejado participar como parte en esta causa, incluso he teniendo que apelar esa negativa de la justicia a ser escuchado, cuando es mi identidad la que se ataca en esta causa y mis derechos los que están en juego… evidentemente los derechos humanos están reservados para unos pocos.

En el transcurso de estos cinco años se negó el resultado del primer ADN practicado por la justicia, pero de todas formas existió y nadie lo puede desconocer. ¿Si se practica un nuevo estudio que confirma el anterior, quién se hará responsable del daño causado?. Por este motivo son muchas las cosas que están en juego, y ello me lleva al temer que alguien pretenda manipular la situación. ¿No se habrá perdido demasiado tiempo durante estos años, no se habrá perseguido a toda una familia, mis hermanos no habrán sufrido pensando qué pasaba, mis padres no habrán vivido una pesadilla teniendo que soportar la humillación de ser acusados de apropiadores de un niño, porqué no se pudo evitar este abuso de autoridad que tuve que vivir teniendo que probar que mi mamá era la persona que me había parido, la justicia no tenía otros temas verdaderamente importantes en que ocuparse, la querella estuvo realmente buscando a su nieto o habrá respondido a la perversa práctica de “prueba y error” a la que nos tienen acostumbrados las Abuelas de Plaza de Mayo?.

Por eso todos debemos conocer las personas que hicieron lo posible para que pronto se vuelva a practicar un nuevo ADN que arrojará el mismo resultado que dio cinco años atrás: “Sra. Jorgelina Azzarri de Pereyra, Dr. Noberto Oyarbide, Sra. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, Dra. Alcira Ríos, Señores Camaristas Dres. Horacio Rolando Cattani, Martín Irurzum, Eduardo Luraschi, la ausente defensa oficial de mis padres, y a todas las Abuelas de Plaza de Mayo”.

Ellos son los que deberán responder por el error y la persecución de la que fuimos objeto y que pudo ser evitada.Finalmente, una frase que resume todo: “...si la historia de las penas es una historia de horrores, la historia de los juicios es una historia de errores; y no sólo de errores, sino también de sufrimientos y vejaciones cada vez que en el proceso se ha hecho uso de medidas instructoras directamente aflictivas…” del jurista Luigi Ferrajoli.

Carlos Ignacio Mancuso Giménez