NOTICIAS SOBRE LOS CIRCOS ORALES
NEUQUÉN (AN/ACE).- El militar retirado que fue convocado por la defensa para abonar la postura de los militares en el juicio, Heriberto Auel, reivindicó el rol del Ejército durante la última dictadura y quedó al borde de un procesamiento por apología del delito, solicitada por una de las querellas.
No hubo otro testigo en la última audiencia de testimonios en el histórico juicio en contra de los militares por su actuación durante el proceso militar.
Los planteos del general retirado provocaron continuos cruces con la parte acusadora, y por entender que reivindicaba la teoría de los "dos demonios" para justificar el accionar del gobierno militar a partir de 1976, la querella del Ceprodh pidió que se lo procesara por apología del delito. El tribunal evaluaba la petición.
El militar llegó a deslizar inclusive que el Tribunal era "lego" para realizar el juzgamiento que se lleva a cabo, ya que a su entender sólo la Justicia militar debería intervenir por cualquier planteo durante el proceso del gobierno militar.
El planteo de apología del delito causó el enojo del militar retirado, quien rápidamente dijo que "siempre fui enemigo de los golpes de Estado, de las dictaduras y de las tiranías".
Auel es un general retirado, especialista en ciencias políticas y estrategias de guerra.
Durante toda la dictadura se desempeñó como académico en los institutos militares y escuelas de Guerra en la que se especializaron los militares acusados en este juicio.
Cuando se le preguntó su relación con los procesados, Auel dijo que era amigo personal de Teniente Coronel Oscar Lorenzo Reihold (quien fue compañero de promoción) y que al resto de los imputados los conocía porque todos habían sido sus alumnos.
Auel indicó que el "cuasi Estado Argentino" estaba en crisis y que al decreto de "aniquilamiento" firmado por la ex presidenta Isabel Perón le faltaron las directivas concretas del Estado para llevar a cabo la estrategia en contra de la subversión.
"Los combates se ganaron, no se ganó la guerra porque no se dio la batalla... y la guerra se hizo judiciable", opinó.
Planteó que ante lo que consideró la agresión interna por parte de terroristas en la Argentina, "la reacción fue neurótica, no tuvo bases legales, el hombre (en relación a los militares) fue lanzado a la acción con la doctrina francesa que se conocía", dijo.
Auel aseguró que como integrante del Estado Mayor, en 1984 fue uno de los asesores que le propuso al ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, Raul Borrás, la ley de Punto Final que fue presentada ante el presidente electo y su gabinete, pero que el fallecimiento de Borrás al poco tiempo, demoró la implementación de esta ley.
Agregó inclusive que no era necesaria la ley de "Obediencia Debida" para complementar el Punto Final porque el reglamento militar establecía que se debían cumplir todos los mandatos de la superioridad en cumplimiento de las leyes y decretos militares.
Consultado acerca de si consideraba una orden legal los secuestros, los tormentos y la aplicación de la picana eléctrica, el general aseguró que "jamás he visto en un cuartel ninguna tortura, nunca he visto ninguna ilegalidad en el mando".
Ante el planteo de la fiscalía sobre porqué si el decreto de Perón decía "aniquilar el accionar de la subversión", los militares entendieron que había que aniquilar a los subversivos, entonces el militar explicó que "no conozco el terrorista abstracto, el accionar es contra la persona que actúa".
El general insistió en que todo su testimonio era "de concepto" y que si hubiera conocido de torturas y secuestros, "lo hubiese denunciado".
Ante otras preguntas específicas señaló que a su entender la función del destacamento de inteligencia dentro del organigrama militar, no dudó en asegurar que era el de "detectar elementos que permitan el terrorismo revolucionario". Por su experiencia, dijo que las organizaciones armadas que eran conducidos desde el exterior, tenían su "reclutamiento central" en las universidades.
No hubo otro testigo en la última audiencia de testimonios en el histórico juicio en contra de los militares por su actuación durante el proceso militar.
Los planteos del general retirado provocaron continuos cruces con la parte acusadora, y por entender que reivindicaba la teoría de los "dos demonios" para justificar el accionar del gobierno militar a partir de 1976, la querella del Ceprodh pidió que se lo procesara por apología del delito. El tribunal evaluaba la petición.
El militar llegó a deslizar inclusive que el Tribunal era "lego" para realizar el juzgamiento que se lleva a cabo, ya que a su entender sólo la Justicia militar debería intervenir por cualquier planteo durante el proceso del gobierno militar.
El planteo de apología del delito causó el enojo del militar retirado, quien rápidamente dijo que "siempre fui enemigo de los golpes de Estado, de las dictaduras y de las tiranías".
Auel es un general retirado, especialista en ciencias políticas y estrategias de guerra.
Durante toda la dictadura se desempeñó como académico en los institutos militares y escuelas de Guerra en la que se especializaron los militares acusados en este juicio.
Cuando se le preguntó su relación con los procesados, Auel dijo que era amigo personal de Teniente Coronel Oscar Lorenzo Reihold (quien fue compañero de promoción) y que al resto de los imputados los conocía porque todos habían sido sus alumnos.
Auel indicó que el "cuasi Estado Argentino" estaba en crisis y que al decreto de "aniquilamiento" firmado por la ex presidenta Isabel Perón le faltaron las directivas concretas del Estado para llevar a cabo la estrategia en contra de la subversión.
"Los combates se ganaron, no se ganó la guerra porque no se dio la batalla... y la guerra se hizo judiciable", opinó.
Planteó que ante lo que consideró la agresión interna por parte de terroristas en la Argentina, "la reacción fue neurótica, no tuvo bases legales, el hombre (en relación a los militares) fue lanzado a la acción con la doctrina francesa que se conocía", dijo.
Auel aseguró que como integrante del Estado Mayor, en 1984 fue uno de los asesores que le propuso al ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, Raul Borrás, la ley de Punto Final que fue presentada ante el presidente electo y su gabinete, pero que el fallecimiento de Borrás al poco tiempo, demoró la implementación de esta ley.
Agregó inclusive que no era necesaria la ley de "Obediencia Debida" para complementar el Punto Final porque el reglamento militar establecía que se debían cumplir todos los mandatos de la superioridad en cumplimiento de las leyes y decretos militares.
Consultado acerca de si consideraba una orden legal los secuestros, los tormentos y la aplicación de la picana eléctrica, el general aseguró que "jamás he visto en un cuartel ninguna tortura, nunca he visto ninguna ilegalidad en el mando".
Ante el planteo de la fiscalía sobre porqué si el decreto de Perón decía "aniquilar el accionar de la subversión", los militares entendieron que había que aniquilar a los subversivos, entonces el militar explicó que "no conozco el terrorista abstracto, el accionar es contra la persona que actúa".
El general insistió en que todo su testimonio era "de concepto" y que si hubiera conocido de torturas y secuestros, "lo hubiese denunciado".
Ante otras preguntas específicas señaló que a su entender la función del destacamento de inteligencia dentro del organigrama militar, no dudó en asegurar que era el de "detectar elementos que permitan el terrorismo revolucionario". Por su experiencia, dijo que las organizaciones armadas que eran conducidos desde el exterior, tenían su "reclutamiento central" en las universidades.
