LOS IRRECUPERABLES - NORBERTO COZZANI DESDE GUANKÁNAMO

LOS IRRECUPERABLES

Desde que el mundo es mundo, siempre existieron en distintas áreas u ocupaciones, los irrecuperables.
Considero así a aquellos pregoneros del pasado negro, creídos dueños de la verdad absoluta, que viven mirando tanto hacia atrás que chocarán en algún momento con el presente, pero aún así son ciegos a la hora de ver un futuro mejor.
Son los pobres comunicadores del odio y el rencor. Los periodistas del cincuenta por ciento de la media verdad.
Nunca hicieron nada serio o sensible por nadie. Nunca tuvieron el coraje o la desiciónb de aquellos valientes combatientes de los años ’70, ni siquiera Bonasso, mucho menos Verbistky.
Se creen la única voz de la historia contemporánea y denigran a todo ser humano que no comparta sus “creídas” verdades absolutas. Viven encerrados en sus propios negociados, frustraciones y resentimientos. Reviven revoluciones e intentos de asaltos al poder, tratan de continuar la guerra de guerrillas en postas generacionales que gracias a Dios no prosperan, y en las que ellos jamás hubieran sido capaces de haber participado, ni siquiera como corresponsales.
Los siento irrecuperables, porque desde el 10 de diciembre de 1983, sostienen una acción psicológica destructiva amparada en el periodismo. Los periodistas, que dañan el sistema democrático, a nuestros ciudadanos y fundamentalmente a nuestros jóvenes, de quien mucho me preocupa que uno solo de ellos les crea, y se deje arrastrar por sus discursos epopéyicos, pues perderemos como productivo para el bien, a un jóven argentino más, y ya en nuestra historia reciente perdimos demasiados .Basta no podemos perder más.
Entonces confundiendo a la sociedad, distorsionando todo cuanto no comparten, denostando a quienes se animan a presentarse como oposición se escudan bajo el paraguas del poder que les brinda un micrófono de radio o artículos en la prensa demo…, no de democracia nada prensa anarquista.
Todos ellos siguen cotidianamente pregonando a cuatro voces, los trillados slogans sobre 30.000 desaparecidos y 400 nietos, sabiendo mejor que nadie que ambas cifras son una mentira, que sólo hacen al marketing de un excelente negocio comercial y político.
Consultados algunos amigos, otros muchos conocidos, jamás alguien les escuchó manifestar propuestas conciliadoras, ni ideas rectoras para ir construyendo un País mejor. Ni autocrítica, ni amor, ni comprensión, por favor no enfermen más a una sociedad que pretende y merece sanarse.
Si no pueden superarlo, si no logran superarse, beban ustedes mismos en soledad, sus diarias porciones de resentimiento, no envenenen más inocentes, sean valientes consuman sus propias píldoras, aquellas que enviaron para que las ingieran sus sacrificados combatientes de los años negros.
Nunca olviden que un periodista mayor que ustedes dijo: “La verdad, como la virtud, tienen en si mismas su más incontestable apología, a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia, y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”. A Don Mariano Moreno. Gracias.

NORBERTO COZZANI
PRISIONERO POLITICO
C.P.F.Nº 2
MARCOS PAZ

Editorial diario La Nación - Hoy

Editorial I
Crímenes impunes de los años 70

La Argentina ha progresado en hacer justicia respecto de algunos "delitos de lesa humanidad" cometidos durante los años 70: aquellos que tienen que ver con la responsabilidad directa del Estado. Ha mantenido, en cambio, absolutamente impunes a quienes desde las organizaciones guerrilleras participaron en el violento conflicto armado interno que por entonces asoló al país y cometieron sistemáticamente centenares de crímenes aberrantes contra civiles inocentes o contra militares secuestrados, que conforme a las Convenciones de Ginebra de 1949, que son derecho interno argentino desde marzo de 1957, gozan de la misma protección.
Asesinar, secuestrar o dañar a civiles inocentes en un conflicto interno es un imprescriptible crimen de guerra y un abominable delito de lesa humanidad. Esto es siempre así, cualquiera que fuere el autor del crimen, tenga o no vinculación con el Estado. Así lo determinó la jurisprudencia penal internacional, de la que es buen ejemplo la sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Martic, decidido el 12 de junio de 2007.
El rincón de impunidad aún existente en la Argentina ha sido posibilitado por un conjunto de instrumentos y decisiones que han generado y protegido, hasta ahora, esa impunidad; entre ellos, una mañosa interpretación jurisprudencial que -de espaldas al mundo y al derecho- ha pretendido limitar la responsabilidad por esos crímenes sólo a los casos en que existe responsabilidad directa del Estado o de sus agentes.
Con este particular criterio, sumado a una intensa campaña de desfiguración de la historia y a la existencia del dictamen 158/07 de la Procuración General de la Nación, que desde una cuestionable legalidad intenta cerrar herméticamente las investigaciones que tienen que ver con los crímenes de guerra de los 70, si ellos no fueron cometidos desde el Estado, los ex subversivos han gozado, hasta ahora, de absoluta impunidad.
El Estado, así, ha eludido su deber de asegurar el derecho a la verdad, así como a la reparación a toda víctima, sin distinciones.
La impunidad mantenida ha permitido, además, que se continuara exaltando la cultura de la muerte, sin el menor gesto de arrepentimiento.
Pero la estrategia defensiva de los ex guerrilleros y sus apañadores, centrada en considerar prescriptos sus delitos al calificarlos de comunes por no tener participación estatal, ha comenzado a resquebrajarse rápidamente al incorporar el caso Larrabure la responsabilidad que ciertamente les cabe a los Estados argentino y cubano.
A los poderes Ejecutivo y Legislativo se les imputa haber facilitado e incentivado la acción terrorista mediante los indultos y amnistías concedidas en mayo de 1973 y la derogación de la legislación antiterrorista que al poco tiempo debieron reimplantar, al comprobar que aquellos a los que livianamente habían calificado de "héroes" retomaban inmediatamente su acción criminal.
La responsabilidad de Cuba está reconocida públicamente. Ese país promovió la acción de los guerrilleros en nuestro medio y los entrenó y financió.
Esa responsabilidad del Estado puede haberse ampliado porque el propio procurador general de la Nación, Esteban Righi, luego de conocer el dictamen del fiscal Claudio Palacín, suscribió la resolución 158 que aprueba el dictamen aludido, cuando debió haberse excusado, por haber sido nada menos que el ministro del Interior del presidente Héctor Cámpora, con activa participación en las amnistías por entonces conferidas.
Paradójicamente, si personajes extranjeros que se muestran detestables, como Charles Taylor, Joseph Kony, Ahmed Harun, Ali Kushayb o Thomas Lubanga, hubieran actuado en nuestro país, todos ellos gozarían hoy de impunidad, al igual que quienes secuestraron al general Pedro Eugenio Aramburu o al coronel Argentino del Valle Larrabure para asesinarlos luego con ensañamiento y alevosamente, o que quienes asesinaron a civiles inocentes, como Ignacio Rucci, María Cristina Viola o Arturo Mor Roig, entre otros. Acusados de haber cometido crímenes de guerra actuando en milicias u organizaciones que no pertenecían al Estado, sino que luchaban contra él, los cinco extranjeros antes nombrados enfrentan las responsabilidades que les corresponden ante los tribunales penales internacionales.
Hace algunos días, el juez Marcelo Martín Bailaque decidió rechazar un pedido de nulidad de los fiscales Ricardo Moisés Vázquez, cuyo pliego de ascenso acaba de elevarse, y Adriana Saccone, lo que permite que el caso Larrabure sea finalmente investigado plenamente, según lo solicitado por el fiscal general Claudio Palacín, que entendió que el episodio forma parte de un conflicto armado interno, según la definición internacional vigente, o sea, la que surge del caso Milosevic. Lo hizo con coraje cívico e independencia de criterio.
Queda visto que hay todavía magistrados y fiscales argentinos independientes, que no se dejan amedrentar y que deciden de acuerdo al derecho y a los dictados de sus conciencias en busca de hacer justicia y no de esconderla para beneficio de algunos.
La estrategia defensiva del procurador de la Nación parece haber sufrido un duro revés. La verdad podrá ser investigada plenamente y asegurada para todos, en lo que puede ser un primer paso para cerrar el rincón de impunidad que existe y debería avergonzarnos.
Es de esperar que la paradigmática causa sobre la muerte del coronel Larrabure, quien fue secuestrado, torturado y cobardemente asesinado por quienes están aún impunes y hasta se les rinde homenaje, pueda ver pronto la justicia.