Así mataba el Erp en Argentina...

Cartas de lectores
JUICIO

He leído la carta de la lectora Irma Susana Tula y no salgo del asombro cuando dice: “no recuerdo nunca haber visto la guerra de la que hablan”. Yo le puedo decir que sí hubo una guerra en Tucumán, en la que perdió la vida mi hijo Juan Angel Toledo Pimentel el 17 de mayo de 1976, cuando iba a prestar ayuda humanitaria en Caspinchango, cerca de Santa Lucía, en una ambulancia que fue dinamitada por control remoto por un grupo de terroristas (más de 60), que operaban en esa zona de nuestra provincia. Junto con él murieron el sargento Alberto Lai y el soldado Carlos Cajal, quedando gravemente herido el mayor Pedro Solórzano. Mi hijo estaba cumpliendo el servicio militar, recién recibido de médico. Antes de cumplirse el mes del atentado, murió mi esposo que no pudo superar su pérdida. En menos de un mes, los “jóvenes idealistas”, simplemente subversivos, diezmaron mi familia. No creo que el gobierno quiera traer un poco de justicia, como usted afirma con estos juicios. Sí creo que están llenos de odio y de venganza, abriendo las heridas de un pasado que nadie quiere volver a vivir, y con un revanchismo para el sector que defendió a nuestra Nación y a sus instituciones para que todos los argentinos podamos gozar hoy de esta democracia. Justicia como usted dice, sería juzgar también a todos los montoneros, erpianos, etcétera, que iniciaron esta cruenta guerra con ideas foráneas, muchos de ellos entrenados en Cuba y en Rusia. A un solo sector, al del terrorismo y a sus aliados, lo resarcieron con sumas millonarias como víctimas, mientras que los familiares de los que ofrendaron la vida por nuestra patria solamente hemos recibido humillación. Yo también creo en la Justicia Divina y en su misericordia, y eso me ayuda a seguir viviendo sin rencor, solamente con el orgullo de una madre de que su hijo fue un mártir de esta querida Nación.

María Argentina Torres Sal de Toledo Pimentel

24 de Setiembre 675

S.M. de Tucumán

La Justicia declaró que es de "lesa humanidad" el crimen del coronel Larrabure

Un juez federal de Rosario ratificó la resolución de un fiscal que pedía que el secuestro, las torturas y el crimen del militar no debían prescribir. Es un caso emblemático para determinar que los atentados de los terroristas de los 70 deben ser juzgados

El juez federal Marcelo Martín Bailaque ratificó que el brutal crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure en 1975 debía ser considerado de "lesa humanidad" y que por tal motivo no debía prescribir, por lo que la causa seguirá abierta. El primer pedido para que sea calificado de esta forma había sido hecho por el fiscal general Claudio Palacín, solicitud que había sido denegada por pedido de la Procuración General de la Nación. De esta forma, el caso pasa a ser emblemático para que los secuestros, atentados, torturas y asesinatos de los terroristas de los violentos años 70 queden abiertos para ser juzgados.El pedido de Palacín había sido por una presentación hecha por el abogado defensor de la familia de Larrabure, Javier Vigo Leguizamón, en febrero de 2007.La familia Larrabure considera que "el asesinato fue cometido en el marco de un ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por las organizaciones terroristas".Larrabure hijo incorporó como elemento de análisis la presunta responsabilidad de los Estados argentino y cubano. A criterio de Larrabure, "el Poder Legislativo nacional resultaría responsable por cuanto, el 26 de junio de 1973, amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal en lo Penal y la legislación antiterrorista, dejando en libertad a algunos de los que secuestraron al militar".Para Larrabure -según indica un comunicado- "la estrategia de los ex guerrilleros estaba centrada en considerar prescriptos sus asesinatos, secuestros y torturas, por tratarse de delitos comunes realizados sin participación estatal". "Las crónicas parlamentarias prueban que la clase política contribuyó a la tragedia sobreviniente, calificando a quienes habían sido condenados por hechos terroristas, como perseguidos políticos que lucharon por la liberación y contra la dependencia", agrega el comunicado. Para el fiscal Palacín "el desarrollo de las organizaciones guerrilleras en la Argentina escapa a tipificaciones simplistas; el ERP- PRT no era una fuerza progresista, sino una organización revolucionaria que pretendía instaurar una sociedad marxista inspirada por el faro de la revolución cubana. Desde sus orígenes, consideró que la vía pacífica al socialismo era una imposibilidad, por lo que el cambio social sólo podría llegar a través de una guerra revolucionaria".El fiscal sostiene que "la violación de los derechos humanos de Larrabure tuvo lugar en ocasión de un conflicto armado, conforme los lineamientos de la jurisprudencia internacional que en la causa Milosevic ha explicado que el concepto de 'conflicto armado' requiere únicamente que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate y que de hecho lo hagan". "Sus ataques fueron sistemáticos, pues estuvieron organizados de acuerdo con una política y un plan nítidamente delineados", agrega en tal sentido el comunicado.De esta forma, tal como son considerados en otras partes del mundo, los crímenes perpetrados por bandas terroristas tampoco podrían prescribir para la Justicia argentina, al menos en este caso.Finalmente, el juez Bailaque, considerando plenamente vigente el dictamen del Fiscal General Palacín, dispuso remitirle la causa para que designe un nuevo Fiscal para instruir la misma.