jueves, 22 de mayo de 2008

Diputada Nora Guinzburg - Una voz en el desierto...

Entrevista realizada por Julio El Ali a la Diputada Nacional Nora Ginzburg

Tan lejos de la justificación del accionar de la última dictadura militar como de la política de derechos humanos pregonada por el Gobierno, se alza una voz en la Cámara de Diputados que se autodefine como una suerte de “predicadora en el desierto”. Su objetivo es, dice, que “las futuras generaciones tengan una historia completa, con la memoria de todos”, tales sus palabras.
Nieta de judíos asesinados por los nazis, la diputada nacional Nora Ginzburg no duda en afirmar que hay que reconstruir la historia y critica duramente la política de derechos humanos actual. Fuerte cuestionadora del kirchnerismo, se queja por la existencia de una “memoria parcial, con muertos buenos y muertos malos”.
Integrante del bloque unipersonal Frente de los Derechos de los Ciudadanos, se definió ante Parlamentario como “ultraliberal”, aunque en lo cultural se admite “conservadora”.
“Yo quiero memoria, verdad y justicia, pero quiero memoria total”, aclara permanentemente.
- Si aplicaran la justicia no estarían persiguiendo a alguien que fue un subteniente... Fíjese, a mis abuelos los mataron los nazis por el solo hecho de ser judíos. Hubo 600 mil colaboracionistas nazis, ¿cuantos fueron juzgados en Nüremberg? ¿Y yo que tendría que hacer, irme a Alemania y buscar al señor que conducía el tren al campo de exterminio? La verdad, a esta altura creo que tengo que mirar al futuro.
- Cuando habla de “grupos”, ¿a que se esta refiriendo?
- Hay personas de todas las tendencias que se creen iluminados y se creen los dueños de la verdad. Ellos pueden decir a quienes hay que perseguir y a quienes no. Gente también que le ha hecho mucho daño a este país.
- ¿Como podría definir la política de derechos humanos de los Kirchner?
- Vengativa y parcial, lo cual implica ser también mentiroso, porque ocultar también es mentir.
-¿Ellos fueron Montoneros?
- Que yo sepa nunca integraron las organizaciones guerrilleras. Y lo aseguro Mario Firmenich. En el Proceso, la Presidenta y su esposo hicieron plata.
-¿Por que levantan las banderas de los derechos humanos?
- Primero, para hacerse el paladín de los derechos humanos, que no lo son, porque si a alguien tenemos que reconocerle su política de derechos humanos es, con muchas criticas que yo he tenido contra el, a Alfonsín, con su actitud del 83 al 87, hasta Semana Santa, donde se juzgo a militares y no había testigos desaparecidos, no había testigos golpeados, todo el mundo iba y declaraba libremente. Pero yo creo que (en el Gobierno) se quieren hacer los paladines de los derechos humanos con una incoherencia total. Fíjese que nuestra Presidenta va a preocuparse por Ingrid Betancourt, pero acá las Madres de Plaza de Mayo reciben a personeros de las FARC para que les den clase en la universidad... Esto es para más una farsa; pero aparte, con esto de ser los paladines de los derechos humanos se tapa un montón de cosas que se están haciendo pésimo: el problema energético, el de la inflación, el del campo.
-¿Son delitos de lesa humanidad los que cometieron los guerrilleros?
- Si, son delitos de lesa humanidad. Ellos se apañan diciendo que no lo son, porque supuestamente el único que puede cometer delitos de lesa humanidad es el Estado. La doctrina internacional evoluciono, se estableció que los delitos de lesa humanidad son aquellos donde en realidad producen un daño muy grande a una población civil, y los delitos no tienen que ver con quienes los hayan cometido, sino con la trascendencia internacional. En este contexto, no podríamos negar que los delitos, tanto de Montoneros como de las FARC son de lesa humanidad.
- Usted cita los juzgamientos que ordeno Alfonsín, ¿cual es su visión del Juicio a las Juntas?
- Yo creo que el acto de juzgamiento a las juntas militares fue un acto de justicia, con el error de que en vez de haberse empezado a investigar el 24 de marzo de 1976, se tendría que haber iniciado en 1974. Pero ese juzgamiento me parece un acto de justicia; lo de hoy es un acto de venganza, una caza de brujas, donde cualquier señor puede decir “lo que yo digo es así, porque en mi familia hubo victimas”. Pero el sufrimiento no da derechos, mas allá de los que confiere la ley y hacer una ley a medida, como decía Montesquieu, es peor que violarla.
- Como integrante de la Comisión de Defensa, ¿cual es la situación de las Fuerzas Armadas?
- Uno siente un poco de frustración cuando ve que a nuestras Fuerzas Armadas se las esta destruyendo, que su presupuesto total es del 1%. En este momento Chile esta invirtiendo el 4,5% del presupuesto en Defensa. Las Fuerzas Armadas están muy mal, algunos aviones dan pena... Aparte de lo presupuestario, de los sueldos que como pueden, tratan de bajárselos. Nosotros vemos la cantidad de gente que se esta yendo; eso le sale mucho dinero al país Y se van porque, realmente, ¿que gratificación tienen? Son humillados continuamente, sus sueldos son malos en comparación con lo que gana un militar uruguayo, un chileno o un brasileño, no tienen futuro. Ahora van a crear algo similar al observatorio de medios. ¿Quien va a decir como tienen que ser las Fuerzas Armadas? ¿Los Montoneros?
-¿Usted se siente una representante de los militares?
- Me siento representante de mi Patria. Una vez un coronel me dijo: “muchas gracias por lo que hace”. ¿A que se refiere?, le dije. “Porque nos defiende”. “No, yo defiendo a mi Patria”, le aclare, y si alguna vez los tengo que atacar a ustedes, los voy a atacar. Yo defiendo a todas las instituciones. Defiendo a las Fuerzas Armadas, aunque no soy militar; defiendo a la Iglesia, aunque no soy católica; defiendo al Congreso, al Poder Judicial. No defiendo a ninguna corporación, defiendo a todas las instituciones que me parece que son importantes.
-¿El Congreso es vital para reconstruir la historia?
- Es ideal revisar los diarios de sesiones de aquella época donde quien era diputada en 1975, la hoy ministra de Defensa, Nilda Garre, decía en el recinto: “Esta guerra boba que por derecha y por izquierda nos tiene sometidos a todos”. Bueno, seguimos presos de esto; de una justicia parcial, seguimos presos de una ideología que cree que hay muertos buenos y muertos malos, gente que tenia derecho a ser muerta, gente que tenia porque si derecho a tomar las armas.
- En el Congreso, muchos, cuando usted empieza a hablar, dicen “uh, la de derecha, la facha”. ¿Por que piensa que pasa eso?
- Le cuento que yo abreve en las fuentes de Juan B. Justo y Leandro N. Alem. Mi primera militancia, que me vino por el lado de mi madre, fue en el Partido Socialista Democrático, y lo que me motivo a afiliarme a la Unión Cívica Radical fue el juicio a las Juntas. Creo que en ese momento fue mucha la admiración que tuve por el presidente Alfonsín, por haber hecho ese juicio y cumplir con su palabra. Me fui del radicalismo siguiendo a López Murphy, después del golpe de 2001, porque creo que hubo una traición de radicales y no pude entender como el partido que decía defender a las instituciones participo de un golpe de Estado, porque no fue otra cosa lo que se llevo a cabo con De la Rua. Yo no se porque me dicen facha, por una identificación maniquea. Si yo no acepto los crímenes de los terroristas se supone por un lado que tengo que aceptar los crímenes que cometieron los representantes del Proceso. Si yo hablo contra conductas o actos que tienen sectores que dan en llamarse a si mismos progresistas -que para mí de progresistas no tienen nada, son progresistas farsantes-, entonces, en contraposición tengo que ser facha. Y si yo me tuviera que definir realmente diría que soy una liberal, en el verdadero sentido de la palabra. Posiblemente en lo cultural sea conservadora; en lo político soy ultraliberal. Yo no puedo aceptar los métodos de una dictadura. Tampoco acepto que se confunda orden con represión o libertad con libertinaje. Y en lo económico diría que soy más bien socialdemócrata. Así que no se porque me dicen facha.
La diputada habla casi sin necesidad de que le formulen preguntas. Y recurrentemente vuelve hacia el Gobierno nacional, del que desliza sobre el final una frase: “Hay dos pautas que le muestran cuando un gobierno ya no es republicano: cuando hay censura a la prensa, y la falta de independencia del Poder Judicial. Y nosotros estamos en esas dos. Creo que ya de Republica tenemos muy poco”.

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La Cámara de Diputados convirtió en ley el sistema que otorga poder al Gobierno para elegir a jueces subrogantes

Tras un intenso debate, imperó lo previsible: el oficialismo impuso su mayoría en la Cámara de Diputados y convirtió en ley un nuevo régimen de designación de jueces subrogantes, destinado a cubrir más de 160 juzgados hoy vacantes. La oposición votó en contra, al advertir que la nueva norma le abre la puerta al kirchnerismo para designar a discreción a los magistrados interinos.
Sus críticas fueron en vano: en la votación, el oficialismo, junto con la Concertación Plural (radicales K) y otros aliados, se impuso por 97 votos, frente a 54 negativos de la oposición y tres abstenciones.
Con esta ley, el Congreso procura satisfacer el mandato de la Corte Suprema, que, en un fallo emitido hace un año, declaró inconstitucional el actual sistema de subrogancias e impuso un año a los legisladores -plazo que vence mañana- para que sancionen un nuevo régimen.
Asimismo, en aquel fallo, el máximo tribunal instó a los legisladores a que la norma respetara la Constitución nacional e incluyera al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y al Senado en el proceso de designación de los jueces interinos.
La oposición advirtió que la ley aprobada ayer no respeta los lineamientos trazados por la Corte Suprema. En primer lugar, porque se prorroga sin plazo el sistema de subrogancias cuestionado por la Corte hasta tanto el procedimiento que establece la ley se ponga en marcha. Pero el punto que mayor discusión insumió fue cuando la UCR, la Coalición Cívica, Pro, ARI y el Socialismo, entre otros bloques menores, alertaron sobre que el Consejo de la Magistratura estaba excluido del proceso de designación de los jueces subrogantes.
Esto constituyó un punto neurálgico del debate. De acuerdo con la flamante norma, cuando se produzca una vacancia en un juzgado ésta será cubierta por un juez de igual competencia de la misma jurisdicción. Hasta allí estaban todos de acuerdo. Pero el oficialismo incluyó una segunda alternativa en caso de que la primera no pueda cumplirse: designar al juez interino de una lista de conjueces -integrada por abogados de matrícula-, la cual será confeccionada por el Poder Ejecutivo. Esa designación, reza la ley, se hará por sorteo.
Esta alternativa es lo que provocó el generalizado rechazo de la oposición, no sólo porque el proceso de designación se limita al Senado y al Poder Ejecutivo, sino porque no incluye un plazo de duración para las nuevas subrogancias.
"Mecanismo ágil"
El oficialismo, en la voz del presidente de la Comisión de Justicia, Luis Cigogna (FPV-Buenos Aires), rechazó las críticas opositoras al enfatizar que la Constitución nacional no dispone que, en materia de subrogancias, deba participar el Consejo de la Magistratura. "No se la incluye porque, se sabe, hoy incurre en ostensibles demoras en la designación de los jueces definitivos, y lo que necesitamos es un mecanismo ágil", sostuvo.
Cigogna contó con el apoyo de la Concertación Plural, en la voz del diputado Hugo Prieto (Neuquén). "Si sobrecargamos al Consejo de la Magistratura y la incluyéramos en el proceso de designación de jueces subrogantes, estaríamos restándole tiempo a su función de designar a los jueces definitivos".
Cigogna, tras criticar duramente a la Corte por su fallo ("Se excede en las atribuciones que le confiere la Constitución y se inmiscuye en los asuntos del Congreso", dijo), negó que con esta ley el Gobierno pretendiera nombrar a jueces interinos "a dedo" pues, aclaró, éstos surgirán de un sorteo.
La diputada Marcela Rodríguez (Coalición Cívica) rebatió sus argumentos. "La ley no cuenta con la menor participación del Consejo de la Magistratura, con lo que se violenta el principio de división de poderes, otorgándole al poder político una preeminencia en la designación de los jueces", sostuvo. Y agregó: "El mero azar de un sorteo no garantiza la idoneidad de un magistrado".
Por su parte, el radical Oscar Aguad (Córdoba) siguió la misma línea. "Con esta nueva ley los tiempos van a empeorar, porque el Gobierno no va a tener ningún interés en que el Consejo eleve las ternas, porque puede hacer la lista de subrogantes", dijo.
Por su parte, el diputado Federico Pinedo (Pro) propuso que las vacantes fueran cubiertas por los integrantes de las ternas aprobadas por el Consejo de la Magistratura, iniciativa que fue recogida por varios bloques, entre ellos, el Socialismo.
"La nueva ley significa un paso atrás", enfatizó María Elena Martín (Santa Fe).

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION

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Para los que aún creen que los terroristas de ayer (hoy en gobierno), solo persiguen la "justicia", lean con atención esta noticia.
Ellos buscan venganza, la justicia les importa poco...y nada.


SECRETARIA DE DD.HH DE SANTA FE
Echan funcionaria por pedir asistencia para militares presos

El ministro de Justicia provincial, Héctor Superti, ordenó separar de su cargo a María Bressa y la trasladó a una dependecia de menor rango.

El diario Crítica de Argentina, publica hoy esta nota...

http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=4361


"La secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, María Bressa, fue separada hoy de su cargo, luego de querer incluir a los represores investigados por crímenes de lesa humanidad en el Programa de Protección de Testigos.
"El nuevo Programa de Protección de Testigos y querellantes que se está elaborando tiene como objetivo proteger de la manera más integral posible a las personas que deben actuar en los procesos que se siguen por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura", explicó la ahora ex funcionaria del gobierno que comanda el socialista Hermes Binner. Pero lo que catapultó la salida de Bressa fue el valor agregado de sus declaraciones posteriores, cuando aseguró que los represores que participaron de la última dictadura militar tenían que recibir asistencia psicológica cuando afronten sus juicios. Los organizaciones defensoras de los Derechos Humanos también levantaron voces de protesta y exigieron de inmediato la renuncia de Bressa. La ahora ex secretaría recibió la veloz reprimenda del ministro de Justicia de la provincia, Héctor Superti, quien la trasladó a la Dirección Provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales. Pero Bressa no se amedrentó y hoy ratificó ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe su intención de extender el Programa de Protección de Testigos y Víctimas del Terrorismo de Estado a los responsables de la dictadura. La ex funcionaria explicó que con su iniciativa busca cumplir "con la protección de la vida que el Estado debe a todas las personas", y también con "el compromiso de colaborar en el desarrollo y la eficacia de los juicios que corresponden a la órbita federal". Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación negó que sus profesionales compartan la idea de Bressa."