El Indek vs. Wal Mart

Todos sabemos que el Inde"k" es, desde hace un tiempo, una de las patas de la mentira de este gobierno inconcebible.

El gobierno de los Kirchner necesita, cada vez más, el amparo ficticio de la estabilidad, aunque sea, a costa de un organismo estatal intervenido, en cuyos índices no cree nadie.

Y como ya el gobierno no puede inundar la opinión pública con encuestas sobre la imagen presidencial, pues ninguna encuestadora privada se anima a mentir una encuesta burda, a costa de su desprestigio definitivo, ahora lo que se publica con profusión, son los índices del Inde"k".

Hoy, por ejemplo, 30 abril de 2.008, los argentinos nos deyanunamos con esta noticia:

"el INDEC informó esta tarde que los precios en los shoppings registraron en marzo una caída de 0,4%. El resultado está muy por debajo del también cuestionado índice de costo de vida del mes, que mostró un alza de 1,1%. Los datos pertenecen a la Encuesta mensual sobre Centros de Compra, que incluye datos de 32 establecimientos de Capital y el Gran Buenos Aires. Según el informe, los precios registran además un aumento de apenas 0,5% en los últimos doce meses"

Tal vez, ha contratado a los mismos publicitarios de la reconocida cadena norteamericana de tiendas...quién sabe.

Lo que debería saber el gobierno, es que cualquier índice mentiroso, se hace añicos instantáneamente, en el momento irrefutable en que cada uno de nosotros, compra algo en el almacén de la esquina.

"Es la economía, estúpida..."

Joaquin Morales Solá - (parece que Cris descubrió la inflación..je je)

La situación económica: consenso entre los ministros más importantes
Analiza el Gobierno un plan contra la inflación

Incluye alza de tarifas y precios libres de los productos que consumen los sectores altos

El Gobierno, o un sector importante de él, parece convencido, por primera vez, de la existencia de la inflación y de la necesidad de tomar medidas que moderen el consumo de los sectores medios y altos. En los primeros bosquejos del paquete de medidas estarían de acuerdo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández. La idea de combatir el alza de los precios, ahora arraigada en esos lugares de la administración, necesita todavía la aprobación de la última instancia política. Sucede que tanto Néstor como Cristina Kirchner se han mezclado en las últimas horas en el debate casi ideológico sobre si conviene enfriar o calentar la economía. Ambos han ratificado que no están dispuestos a enfriarla, porque significaría, dijeron, que los argentinos dejarían de consumir. Sin embargo, los ministros más relevantes se han decidido a impulsar medidas para retraer el consumo de los sectores sociales con más poder adquisitivo. Varias de las medidas que analizan son parecidas a las que propuso, en sus días agónicos, el ex ministro de Economía Martín Lousteau. “Pero el problema de Lousteau no fue su planteo de última hora, sino haber convertido a Guillermo Moreno en una obsesión de su gestión", dijo un funcionario que lo defendió hasta que se fue. En descargo de Lousteau, debe convenirse que es difícil manejar el Ministerio de Economía con Moreno dentro de la cartera y disputando la capacidad de decisión con el propio ministro. Sea como fuere, la batería de medidas que se prepara ahora consistiría en una liberación total (sin Moreno en el medio) de todos los productos de primer nivel; esto es, los más caros y los que más consumen aquellos sectores de la sociedad. A esa liberación absoluta de precios se agregarían fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos en los barrios donde viven las franjas medias y altas de la sociedad. El plan exceptuaría de cualquier suba de tarifas a los sectores sociales que se encuentran bajo la línea de la pobreza. Un programa parecido sobre los precios de los servicios públicos da vueltas por la administración desde los tiempos de Roberto Lavagna.
* * * Ese embrión del nuevo paquete económico persigue, por un lado, disminuir la capacidad de consumo de los sectores más consumistas de la sociedad. Mayores precios y tarifas más altas mermarían la capacidad de compra, dicen los ideólogos del proyecto. Uno de los problemas de la inflación es, precisamente, que la demanda está por encima de la oferta. El otro objetivo que se busca es aliviar al Tesoro de la carga de subsidios cruzados para financiar el consumo barato de servicios públicos, sobre todo en materia de energía. La novedad más importante de estos borradores es que el Gobierno parece notificarse por primera vez de que la inflación es alta. Estimada entre un 20 y un 25 por ciento anual por economistas privados, empinadas figuras del Gobierno aceptaron en las últimas horas que esa inflación podría rondar el 18 por ciento. Llegan a esa cifra haciendo un cálculo de almacenero, con el lápiz en la oreja, sobre la base de mediciones de Artemio López sobre el costo de la canasta básica, que es mucho más alto que la inflación estimada. La otra conclusión es que el Indec ya no es creíble ni siquiera para hacer esa clase de disquisiciones. Economistas oficiales estiman que la carencia de un organismo serio de estadísticas es el conflicto primordial de la inflación. "No se puede combatir algo cuyo tamaño se ignora. Cada argentino tiene su propia medición y cualquiera es tan certera como otra", dijeron. La inflación se ha convertido en el principal problema político de los Kirchner. De hecho, el encuestador Hugo Haime acaba de difundir una medición según la cual el 93 por ciento de los consultados percibe aumentos de precios. Para un 50 por ciento, la inflación le afecta la vida cotidiana. El 71 por ciento cree que la inflación de este año será mayor que la de 2007, que ya fue alta. La conclusión de Haime es que "continúa deteriorándose la percepción de cómo están las cosas en el país y en el hogar". También son malas las "expectativas sociales para los próximos tres meses". Forman parte de la nueva percepción oficial las agitadas reuniones de horas recientes del jefe de Gabinete con las cuatro entidades rurales en estado de asamblea. La dirigencia agropecuaria no quiere volver al paro el próximo viernes, cuando vencerá el plazo de 30 días desde que suspendieron la protesta activa, porque saben cómo entrar pero no saben cómo podrían salir de otro enfrentamiento con el Gobierno. Las "palomas" de la administración también le temen a la convergencia entre la protesta rural y el mal humor social por la inflación.
* * * Los dirigentes del campo están reclamando sólo un par de cartas para jugar en las asambleas del viernes y poder, así, proponer una extensión de la tregua. Avanzaron con el Gobierno en el tratamiento de rubros como la carne y el trigo, pero los avances son sólo técnicos y no se han llevado aún a la práctica. No son palpables para el productor raso. El Gobierno va y viene con el campo. Un día es conciliador y al día siguiente parece decidido a romper la negociación. Cristina Kirchner tuvo gestos amables con los líderes rurales, pero su esposo los somete al suplicio de los atriles que reparte ahora por todo el país. "Nos culpó hasta de la derrota de Boca", ironizó el vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati. La última pregunta sin respuesta consiste en saber si, en efecto, Néstor Kirchner está de acuerdo con esas posiciones. ¿Se convenció de que la inflación es más alta que la que le recita Moreno para conformar su ansiedad? ¿Dejó a un lado el proyecto político de empujar al campo hacia un nuevo paro para esperarlo, luego, vencido y suplicante? ¿Entró a dudar sobre otro final posible para ese eventual duelo con el campo? ¿Abandonó, en fin, su natural predisposición a jugar todo su capital a suerte y verdad? Por

Joaquín Morales Solá

http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=1008661

Editorial - La Nación - 30 de abril 2.008

Editorial I
Patti y la igualdad ante la ley
Miércoles 30 de abril de 2008 Publicado en la Edición impresa

La situación de Luis Patti frente a la Cámara de Diputados es demostrativa de cómo pueden desconocerse abiertamente los más elementales principios sobre los cuales se cimienta nuestro Estado de Derecho. En 2005, Patti fue elegido diputado nacional, encabezando una lista partidaria que obtuvo cerca de 400.000 votos. Cuando debió ser incorporado al Congreso, una mayoría parlamentaria, con el diputado Miguel Bonasso a la cabeza, decidió que ese procedimiento era inviable porque Patti carecía de idoneidad ética y que, si bien había sido votado por el pueblo, a los diputados les correspondía enmendar el error en que habían incurrido los votantes. La acción de amparo promovida por el diputado arbitrariamente relegado fue acogida por la Cámara Nacional Electoral que, siguiendo la doctrina expuesta por la Corte Suprema de Justicia, revocó la determinación de los diputados. Consideró que Patti no estaba alcanzado por alguna de las incompatibilidades constitucionales para la asunción del cargo; que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sólo autorizaba a privar de sus derechos políticos a quien había sido condenado penalmente por sentencia definitiva y que el único órgano competente para juzgar la idoneidad ética de un candidato era el pueblo en los comicios. Contra esa decisión se alzó la Cámara de Diputados, promoviendo un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que por mayoría de votos dispuso recientemente su rechazo, confirmando la sentencia objetada. Frente a ese fallo, funcionarios del Poder Ejecutivo y varios diputados expresaron que la Cámara no estaba obligada a acatar lo que ordena la Justicia en su carácter de intérprete final de la Constitución y las leyes, sino que les bastaba con reunir una cantidad de votos suficientes para que los derechos de las minorías pasaran a ser una mera intención de deseos, una concesión graciosa que las mayorías otorgan sólo cuando lo desean. ¿Qué decir del principio de inocencia que ampara a Patti ante presuntos hechos delictivos que se le atribuyen? El ex presidente Néstor Kirchner y algunos de sus seguidores, sin ruborizarse, afirmaron que Patti incurrió en el delito de sospecha y que debe demostrar su inocencia. Conclusión que echa por la borda, una vez más, uno de los principios elementales de todo orden jurídico democrático, puesto que toda persona debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario. En la madrugada del jueves último los diputados resolvieron el desafuero de Patti sin antes incorporarlo a la Cámara, tal como lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia, y además desconocieron el requisito del juicio público que, como condición para el desafuero, impone el artículo 70 de la Constitución. No hubo juicio público porque, al margen de no haber sido Patti incorporado a la Cámara, se le desconoció el derecho de defensa que impone la Ley Fundamental en el proceso. De esta forma, la supuesta defensa de los derechos humanos esgrimida por ciertos sectores termina convirtiéndose en una herramienta de poder, usada a favor de los amigos, pero que nunca se les concederá a los enemigos. Por obra y gracia de una inexplicable metamorfosis, los derechos humanos son proclamados como un ser bifronte, con una cara liberal y garantista que protege a la mayoría de turno, y otra cara autoritaria y de corte autocrático, en la cual a los enemigos políticos no se les concede ni el derecho de defensa, ni la presunción de inocencia, ni la libertad durante el proceso, desoyéndose hasta la propia voz de la Corte Suprema de Justicia. Cuesta creer que tales posiciones provengan de una sincera interpretación de nuestro régimen constitucional; más bien parecen, por su desprecio a los principios republicanos, el fruto de concepciones claramente autoritarias, donde lo único que importa es una agonal acumulación de poder, sin reparar en los medios. Con evidente rusticidad intelectual, la sociedad es maniqueamente dividida entre amigos y enemigos, ubicándose en el primer grupo a quienes apoyan a quien ejerce el poder, y en el segundo, a quienes pecan por pensar distinto. Según esta lógica, impuesta desde el oficialismo, no hay intercambio de opiniones ni respeto por el disenso: quien no piensa como uno es un enemigo a derrotar y no un adversario con quien debemos debatir ideas. La situación es grave respecto de la persona de Patti, pero lo es más grave aún por sus eventuales proyecciones. Afirmar la vigencia de los derechos humanos supone, necesariamente, reconocer que todas las personas son iguales ante la ley. Y proclamar la democracia nos obliga a aceptar el disenso y la tolerancia para convivir con todos aquellos que puedan pensar de una manera distinta.

http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=1008529