Declaración de repudio de la Sociedad de Abogados penalistas de la Ciudad de Buenos Aires
Ante la reciente e injustificada orden de detención dictada por un juez subrogante de la ciudad de Trelew contra el Dr. Eduardo Aguirre Obarrio, destacado jurisconsulto, profesor universitario, miembro de la Academia Nacional de Derecho y ex presidente de esta Sociedad de Abogados Penalistas de la Ciudad de Buenos Aires, fundada en la mera circunstancia de haberse desempeñado el nombrado como Ministro de Defensa al tiempo de los hechos ocurridos en el año 1972 en la base naval Almirante Zar, los que están siendo materia de investigación por ante el Juzgado Federal de dicha ciudad, con los cuales arbitrariamente lo vincula, los miembros de la institución que representamos hacemos constar lo siguiente:
- La detención ordenada es una ofensa a los derechos individuales de los ciudadanos que obedece a una orquestada persecución política promovida inequívocamente por el gobierno nacional.
- La aquí denunciada constituye una nueva muestra de la constante y manifiesta intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera de competencia que debiera ser exclusiva del Poder Judicial de la Nación, ejercida en este caso por un funcionario judicial interino, que por no haber sido designado con arreglo a la Constitución Nacional depende de la conformidad del poder político para ser promovido a la magistratura.
- La pretensión de adjudicar algún tipo de responsabilidad penal al Dr. Eduardo Aguirre Obarrio, por acontecimientos de hace más de treinta años en los que el nombrado no tuvo ni pudo tener participación alguna es manifiestamente ilegal, máxime cuando en ese periodo nunca existió ninguna imputación en su contra.
- El derecho penal moderno no puede aceptar tan manifiesta violación a los principios que limitan la potestad persecutoria del Estado y que pone en peligro la libertad individual de un honorable ciudadano de reconocida actuación republicana a lo largo de una trayectoria de 83 años de vida.
Por último, hacemos constar públicamente nuestro repudio e indignación ante la inaudita medida que se intenta consumar contra el Profesor Doctor Eduardo Aguirre Obarrio que honra al foro de nuestra ciudad.
Manuel A. Bayala Basombrío Raúl A. Landini Luis F. Velasco
Presidente Vicepresidente 1 Secretario
- La detención ordenada es una ofensa a los derechos individuales de los ciudadanos que obedece a una orquestada persecución política promovida inequívocamente por el gobierno nacional.
- La aquí denunciada constituye una nueva muestra de la constante y manifiesta intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera de competencia que debiera ser exclusiva del Poder Judicial de la Nación, ejercida en este caso por un funcionario judicial interino, que por no haber sido designado con arreglo a la Constitución Nacional depende de la conformidad del poder político para ser promovido a la magistratura.
- La pretensión de adjudicar algún tipo de responsabilidad penal al Dr. Eduardo Aguirre Obarrio, por acontecimientos de hace más de treinta años en los que el nombrado no tuvo ni pudo tener participación alguna es manifiestamente ilegal, máxime cuando en ese periodo nunca existió ninguna imputación en su contra.
- El derecho penal moderno no puede aceptar tan manifiesta violación a los principios que limitan la potestad persecutoria del Estado y que pone en peligro la libertad individual de un honorable ciudadano de reconocida actuación republicana a lo largo de una trayectoria de 83 años de vida.
Por último, hacemos constar públicamente nuestro repudio e indignación ante la inaudita medida que se intenta consumar contra el Profesor Doctor Eduardo Aguirre Obarrio que honra al foro de nuestra ciudad.
Manuel A. Bayala Basombrío Raúl A. Landini Luis F. Velasco
Presidente Vicepresidente 1 Secretario
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