Diario La Capital (Mar del Plata 28 de Feb. de 1986)
El titular del juzgado penal nº 4 de esta ciudad, doctor Jorge Gabriel García Collins, dictó el díaa anterior a la fecha señalada, la prisión preventiva contra la presidenta de las Madres de Plaza Mayo Hebe de Bonafini, por atentado, resistencia a la autoridad y desacato. La causa fue originada a raíz de una denuncia del Colegio de Abogados local, en la que la entidad cuestionan la actitud de la señora de Bonafini ante la exhumación de cadáveres NN en el cementerio Parque, ordenada por el juez en lo penal N° 3, doctor Pedro Federico Hooft, en marzo del año pasado.
Por una presentación expresa de los familiares de Liliana Pereyra y Alberto Fonseca, desaparecidos y presuntamente muertos durante el proceso militar, el doctor Hooft dispuso la reapertura de tres tumbas de NN. El día 10 de febrero llegó a la ciudad Hebe de Bonafini, quien junto con otras madres de desaparecidos, rodeó el espacio excavado y se opuso a que se reanudaran las tareas que habían iniciado el día anterior. Hubo desórdenes, gritos, insultos e improperios contra el magistrado y los funcionarios, por lo que el primero decidió suspender la diligencia levantando un acta donde constaban las razones de la medida.
Hebe de Bonafini acusó al juez Hooft de “ser juez del proceso” y reclamó que se investigara la identidad de los asesinos (los militares que fueron responsables) y no que se identifique a los muertos. El Colegio de Abogados de Mar del Plata pidió entonces una investigación para que se determinara si la titular de las Madres había incurrido en delito al obstaculizar la acción de la Justicia.
Las Madres de Plaza de Mayo, al comentar la prisiónn preventiva dictada contra su titular, Hebe de Bonafini, reiteraron ayer (28 de feb.) que “la exhumación de cadáveres tiene el propósito de terminar con la figura del detenido-desaparecido”. En el comunicado dado a conocer por la entidad, se señala que el objetivo de terminar con la figura del detenido-desaparecido quedó evidenciado por el informe final del 28 de abril de 1983, emitido por la dictadura militar y continuado durante el gobierno constitucional a través de otros decretos, que obsesivamente pretendían la identificación de todos los restos humanos diseminados por todo el país.
Recordemos que estas dirigentes, encabezadas por la señora de Bonafini, nunca quisieron que se buscaran e identificaran los cuerpos de los desaparecidos y mucho menos que se los entregaran a sus padres, ya que sostenían que ello debilitaba la acción política como activistas, interesadas sólo en continuar con ese tipo de acción y no en honrar a sus muertos.
Por una presentación expresa de los familiares de Liliana Pereyra y Alberto Fonseca, desaparecidos y presuntamente muertos durante el proceso militar, el doctor Hooft dispuso la reapertura de tres tumbas de NN. El día 10 de febrero llegó a la ciudad Hebe de Bonafini, quien junto con otras madres de desaparecidos, rodeó el espacio excavado y se opuso a que se reanudaran las tareas que habían iniciado el día anterior. Hubo desórdenes, gritos, insultos e improperios contra el magistrado y los funcionarios, por lo que el primero decidió suspender la diligencia levantando un acta donde constaban las razones de la medida.
Hebe de Bonafini acusó al juez Hooft de “ser juez del proceso” y reclamó que se investigara la identidad de los asesinos (los militares que fueron responsables) y no que se identifique a los muertos. El Colegio de Abogados de Mar del Plata pidió entonces una investigación para que se determinara si la titular de las Madres había incurrido en delito al obstaculizar la acción de la Justicia.
Las Madres de Plaza de Mayo, al comentar la prisiónn preventiva dictada contra su titular, Hebe de Bonafini, reiteraron ayer (28 de feb.) que “la exhumación de cadáveres tiene el propósito de terminar con la figura del detenido-desaparecido”. En el comunicado dado a conocer por la entidad, se señala que el objetivo de terminar con la figura del detenido-desaparecido quedó evidenciado por el informe final del 28 de abril de 1983, emitido por la dictadura militar y continuado durante el gobierno constitucional a través de otros decretos, que obsesivamente pretendían la identificación de todos los restos humanos diseminados por todo el país.
Recordemos que estas dirigentes, encabezadas por la señora de Bonafini, nunca quisieron que se buscaran e identificaran los cuerpos de los desaparecidos y mucho menos que se los entregaran a sus padres, ya que sostenían que ello debilitaba la acción política como activistas, interesadas sólo en continuar con ese tipo de acción y no en honrar a sus muertos.
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